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Un grupo de refugiados cruza la frontera entre Grecia y Macedonia, 23 de agosto de 2015. © Amnistía Internacional
Una directiva europea del 28 de noviembre de 2002 definía la ayuda a la entrada, circulación y estancia irregular, y propugnaba sanciones a adoptar contra:
- quien ayude a un extranjero a entrar en el territorio de un estado miembro, o a transitar por un estado miembro;
- quien, con fines lucrativos, ayude a un ciudadano procedente de un estado que no es miembro de la UE a permanecer en el territorio de un estado miembro, violando la legislación de dicho estado relativa a la estancia de extranjeros.
La directiva precisa, además, que “cualquier estado miembro puede decidir no imponer sanciones al comportamiento definido anteriormente, aplicando su legislación y práctica nacionales, en el caso en que ese comportamiento tenga como objetivo aportar ayuda humanitaria”.
Lo que piensa AI
“Nuestra organización no está en condiciones de emitir una opinión sobre la situación de personas a las que actualmente se persigue por cometer, según las autoridades, el delito de ayudar a extranjeros a entrar o permanecer en Francia. Sin embargo, consideramos que en esas situaciones, la acción del estado debe guiarse por los dos siguientes principios:
- No deben penalizarse las actuaciones llevadas a cabo por personas u organizaciones con el objetivo de proteger los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Las condenas por dichas actuaciones son contrarias a las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos.
- Los estados no solo deben adoptar medidas positivas para garantizar el respeto a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados sino que también deben abstenerse de llevar a cabo actuaciones que impidan o disuadan a cualquier persona u organización de proporcionar ayuda humanitaria a dichas personas.
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