Wednesday, April 18, 2018

Violencia sexual contra mujeres vinculadas con el Estado Islámico | Periodistas en Español

Violencia sexual contra mujeres vinculadas con el Estado Islámico | Periodistas en Español



Violencia sexual contra mujeres vinculadas con el Estado Islámico

Un informe de Amnistía Internacional revela que a mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico (Dáesh) se les niega ayuda humanitaria y se les impide regresar a sus hogares, y un alarmante número de mujeres son sometidas a violencia sexual.
The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq revela la discriminación generalizada a la que las fuerzas de seguridad, los miembros de las administraciones de los campos y las autoridades locales someten a las mujeres que viven en campos para personas internamente desplazadas, al considerar que estas mujeres están afiliadas al Estado Islámico.
Noor, de 52 años, camina con sus nietos hacia su carpa en el campamento de Namrud para desplazados internos. Dos de sus hijos trabajaban dentro de un hospital de ISIS, y una de sus hijas estaba casada con un militante de ISIS. "ISIS no obligó a nadie a ir a trabajar con ellos, pero hizo que la gente tenga hambre, por lo que los forzó indirectamente", dice Noor. "Incluso si nuestros hijos fueran ISIS, ¿por qué deberíamos ser castigados por ello?", Pregunta. Foto: Amnistía Internacional
Noor, de 52 años, camina con sus nietos hacia su carpa en el campamento de Namrud para desplazados internos. Dos de sus hijos trabajaban dentro de un hospital de ISIS, y una de sus hijas estaba casada con un militante de ISIS. “ISIS no obligó a nadie a ir a trabajar con ellos, pero hizo que la gente tenga hambre, por lo que los forzó indirectamente”, dice Noor. “Incluso si nuestros hijos fueran ISIS, ¿por qué deberíamos ser castigados por ello?”, Pregunta.
Foto: Amnistía Internacional
Amnistía Internacional determinó que existía explotación sexual en los ocho campos que visitó su equipo de investigación.
“Quizá la guerra contra el Estado Islámico en Irak haya terminado, pero el sufrimiento de la población iraquí dista de haberlo hecho. A las mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el Estado Islámico se les está castigando por delitos que no han cometido”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
Lynn Maalouf sostiene que “expulsadas de sus comunidades, estas familias no tienen ningún lugar a donde ir y nadie a quien acudir. Están atrapadas en campos y marginadas, y se les niega el alimento, el agua y otros productos básicos. Este humillante castigo colectivo amenaza con sentar los cimientos para futura violencia. No es manera de construir la paz justa y sostenible que la población iraquí desea y necesita tan desesperadamente.”
El informe expone con detalle el suplicio de miles de familias encabezadas por mujeres que han quedado abandonadas a su suerte en campos para personas internamente desplazadas después de que sus familiares varones hayan sido víctimas de homicidio, detención arbitraria o desaparición forzada cuando huían de áreas controladas por el Estado Islámico en Mosul y sus alrededores.
En muchos casos, el único “delito” de los hombres había sido escapar de un bastión del Estado Islámico, tener un nombre parecido a los contenidos en las cuestionables “listas de buscados” o trabajar con el Estado Islámico en funciones no relacionadas con el combate, como cocineros o chóferes.

Aislamiento y explotación sexual

La investigación muestra que a mujeres, niños y niñas de los campos para personas internamente desplazadas de todo Irak se les están negando el alimento y la atención médica simplemente por sus presuntos vínculos con el Estado Islámico.
A estas familias se les impide sistemáticamente obtener documentos de identidad y de otro tipo necesarios para trabajar y para circular libremente. Al menos en un campo, a las familias sospechosas de mantener vínculos con el Estado Islámico se les prohíbe salir de lo que se ha convertido de hecho en un centro de detención.
Desesperadas y aisladas, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir explotación sexual a manos de las fuerzas de seguridad, guardias armados y miembros de las milicias que trabajan en los campos y en sus cercanías. En los ocho campos que Amnistía Internacional visitó, a las mujeres se las coaccionaba y presionaba para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio del dinero, la ayuda humanitaria y la protección de otros hombres que tan desesperadamente necesitaban.
Estas mujeres también corren peligro de ser violadas. Cuatro mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían presenciado directamente alguna violación o habían oído en una tienda cercana los gritos de una mujer que estaba siendo violada por hombres armados, miembros de la administración del campo u otros residentes del campo.

Muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía en los campos para personas internamente desplazadas expresaron temor por su seguridad.
“Los hombres armados que actúan en los campos someten a las mujeres a un trato deshumanizador y discriminatorio por su presunta afiliación al Estado Islámico. Las mismas personas que se supone que deben protegerlas se convierten en sus depredadores”, ha manifestado Lynn Maalouf.
“El gobierno iraquí debe demostrar que se toma en serio la erradicación de las violaciones de derechos humanos que sufren estas mujeres haciendo que todos los responsables rindan cuentas de sus actos e impidiendo que en los campos para personas internamente desplazadas entre ningún hombre armado.”

Ningún lugar adonde ir

En varias zonas, las autoridades locales y tribales han emitido órdenes de impedir el retorno de mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el Estado Islámico, y de esa manera los dejan atrapados en los campos para personas internamente desplazadas.
Quienes han conseguido regresar a su hogar se han enfrentado a desalojos, desplazamiento forzado, saqueo, amenazas y abusos, incluidos abusos sexuales y acoso sexual. En algunos casos, a sus hogares los han marcado con la palabra “Daeshi” (término árabe para el Estado Islámico) y los han destruido o les han cortado la electricidad, el agua y otros servicios.

En vísperas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país en mayo, se está instando a las personas desplazadas a abandonar los campos, ya que el gobierno quiere cerrarlos y fusionarlos.
“Las autoridades iraquíes deben garantizar que las familias que están en los campos para personas internamente desplazadas que tengan presuntos vínculos con el Estado Islámico reciben acceso en condiciones de igualdad a ayuda humanitaria, atención médica y documentos civiles. Debe permitirse a estas familias regresar a sus hogares sin miedo a sufrir intimidación, detención o ataques”, ha manifestado Lynn Maalouf.
“Asimismo, las autoridades deben poner fin de inmediato a la práctica sistemática y generalizada de someter a desaparición forzada a los hombres y niños con presuntos vínculos con el Estado Islámico, una práctica que ha dejado a miles de esposas, madres, hijas e hijos en situaciones desesperadas.”
“Para poner fin al círculo envenenado de marginación y violencia entre comunidades que lleva décadas asolando Irak, el gobierno iraquí y la comunidad internacional deben comprometerse a defender y respetar los derechos de todas las personas de Irak, sin discriminación. Sin eso, no puede haber reconciliación nacional o paz duradera.”
El informe se basó en entrevistas con 92 mujeres en ocho campos para personas internamente desplazadas en las gobernaciones de Ninewa y Salah al-Din. El equipo de investigación también entrevistó a 30 miembros del personal de ONG locales e internacionales, 11 miembros de las administraciones de los campos y nueve funcionarios y ex funcionarios de la ONU.

Monday, April 16, 2018

China arremete contra EE.UU.: El ataque contra Siria "viola el derecho internacional"

China arremete contra EE.UU.: El ataque contra Siria "viola el derecho internacional" - RT






China arremete contra EE.UU.: El ataque contra Siria "viola el derecho internacional

Publicado: 16 abr 2018 09:41 GMT 
De acuerdo con la Cancillería china, las acciones de EE.UU. y sus aliados en Siria son fundamentalmente contrarias a la Carta de la ONU.
China arremete contra EE.UU.: El ataque contra Siria "viola el derecho internacional"

El crucero USS Monterey de la Marina de EE.UU. dispara un misil Tomahawk, el 14 de abril de 2018.
U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Reuters
Los ataques aéreos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria son una violación de los principios básicos del derecho internacional sobre el no uso de la fuerza militar, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, citada por RIA Novosti.
"La Carta de la ONU define claramente la situación en la que se puede utilizar la fuerza militar. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, al atacar a Siria han violado el principio básico del derecho internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza militar", aseveró la portavoz de la Cancillería china durante una rueda de prensa.
Hua Chunying enfatizó que las acciones de los aliados en Siria son fundamentalmente contrarias a la Carta de la ONU y recordó que el derecho internacional prohíbe "acciones militares revanchistas" en respuesta a una conducta ilícita.
"Ignorar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y usar unilateralmente la fuerza militar contra otros países bajo el pretexto de una intervención humanitaria no cumple con las normas del derecho internacional", concluyó la diplomática china.

Saturday, April 14, 2018

CORPOÉTICA de Claudio Rodríguez Fer.

Bandeira republicana na Fundación Granell dende hoxe ata o 10 de xuño na exposición @

CORPOÉTICA de #ClaudioRodríguezFer.
Hai décadas foi cosida pola nai de Carmen Blanco, armada polo pai e escrita polo poeta.
No cartel figura cunha bala na balanza o hidrositómetro do pai do autor, que estivo preso no cárcere de Lugo.

Facebook ya no es amigo de la democracia | Democracy Now!

Facebook ya no es amigo de la democracia | Democracy Now!

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Facebook, la gigante red social con fines de lucro, recopila grandes cantidades de datos de cada uno de sus 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Este paquete de información le da a Facebook un poder comercial inigualable. También resulta cada vez más evidente que le da la capacidad de influir en importantes acontecimientos, como elecciones presidenciales y otro tipo de elecciones en diferentes partes del mundo. Las revelaciones sobre el papel de Facebook en la explotación de información de usuarios por parte de una empresa llamada Cambridge Analytica, que usó esa información para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump, así como en el resultado del “Brexit”, el referéndum que llevó a Reino Unido a abandonar la Unión Europea, ha generado una demanda de leyes más estrictas en torno al resguardo de la privacidad de la información.
El multimillonario Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, compareció por primera vez ante el Congreso estadounidense esta semana. Entre quienes lo interrogaron el martes en la primera de las dos audiencias programadas se encontraba el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin. Así fue el intercambio que tuvieron:
Sen. Durbin: “¿Se sentiría cómodo de compartir con nosotros el nombre del hotel en el que se alojó anoche?”
Mark Zuckerberg: “Ehh… no”.
Durbin: “Si le ha mandado mensajes a alguien esta semana, ¿compartiría con nosotros los nombres de las personas a las que le ha escrito?”
Zuckerberg: “Definitivamente no, senador. Preferiría no hacer pública esa información aquí”.
Durbin: “Creo que de eso se trata todo esto: del derecho a la privacidad, de los límites del derecho a la privacidad y de cuánto cedemos en el Estados Unidos moderno en nombre de, cito, ‘conectar a las personas en todo el mundo’”.
Estas audiencias sin precedentes del Congreso generaron mucha polémica pero poca claridad, tal como lo predijo Zeynep Tufekci, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Tufekci es una de las investigadoras más agudas en lo que respecta a Facebook y al desarrollo de nuestro panorama digital. La profesora expresó: “Realmente no necesitamos que Mark Zuckerberg explique los conceptos básicos de Facebook a un grupo de senadores que ni siquiera parecen entender del tema. Necesitamos sentarnos y preguntarnos: ‘¿Cómo nos manejamos con los nuevos recursos de información? ¿Cómo nos manejamos con la nueva esfera pública tal como funciona ahora? Mucha gente piensa erróneamente que Facebook vende los datos de uno. Pero Facebook no vende tus datos; Facebook te vende a ti”.
La empresa Cambridge Analytica, cofundada por el exasesor de Trump, Stephen Bannon, y el multimillonario donante de Trump, Robert Mercer, un ideólogo de extrema derecha, afirmó que podía crear “perfiles psicográficos” de las personas en función de sus datos de Facebook. Un informante de la empresa reveló que habían asesorado a la campaña de Trump en torno a cómo hacer publicidad específica con el fin de favorecer a Trump, así como para desalentar la participación de votantes demócratas.
La explotación masiva de datos personales en todo el planeta tiene consecuencias nefastas. La profesora Tufekci señaló al respecto: “Podríamos entrar en una fase a la que llamo ‘autoritarismo de la vigilancia’, en donde no nos enfrentamos al tipo de modelo orwelliano de la novela ‘1984’, esto es, un totalitarismo abierto, en el que suceden cosas como ser sacado a rastras en medio de la noche y ese tipo de cosas, sino que somos velada y silenciosamente presionados y manipulados, persona por persona, pantalla por pantalla, de acuerdo a nuestras vulnerabilidades individuales”.
Tufekci afirma que la especificidad que brindan los datos de los usuarios de Facebook es escalofriante y da como ejemplo la capacidad de determinar si una persona es bipolar: “Se puede predecir si es probable que una persona entre en una depresión clínica o si es probable que entre en una fase maníaca, si tiene problemas de salud mental, problemas de bipolaridad, antes del inicio de los síntomas clínicos”.
A partir de este seguimiento, se podrían ofrecer vuelos baratos a Las Vegas, por ejemplo, a personas cuya actividad en Facebook indique que están entrando a una fase maníaca. Estas personas podrían ser inducidas a realizar una compra impulsiva con mayor facilidad.
Y también están los niños y las niñas. Esta población se ha convertido en blanco reciente de Facebook con el desarrollo de su aplicación “Facebook Messenger Kids”. Esto permitiría que Facebook reclute usuarios nuevos, más jóvenes que la edad mínima actual de 13 años. Incluso a pequeños de 6 años de edad. La Campaña por una infancia libre de publicidad está tomando medidas para eliminar esta aplicación.
Josh Golin, director ejecutivo de esta campaña, nos dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran que las redes sociales son perjudiciales para los adolescentes, que el tiempo excesivo en las redes sociales se relaciona con problemas como la depresión y la infelicidad. Las niñas que están en las redes sociales tienen más probabilidades de sentirse disconformes con sus cuerpos. Facebook tiene conocimiento de estas investigaciones y aun así procura deliberadamente que niños cada vez más pequeños usen su plataforma. Y creemos que es un gran error. En un momento en que la mayoría de los padres ya están preocupados por el tiempo que pasan sus hijos frente a la pantalla, en un momento en que niños y niñas no tienen suficiente tiempo cara a cara con sus amigos, lo último que necesitan los niños es normalizar esta idea de que las relaciones se desarrollan en internet, que las relaciones deben tener lugar a través de un producto comercial”.
Facebook, Google, Twitter y otras plataformas de redes sociales se han convertido en ámbitos centrales de nuestras vidas modernas de interconexión digital. Pero cada vez hay más pruebas de que nuestros “amigos” en las redes sociales, lo que “nos gusta” y lo que compartimos, pueden ser utilizados por grupos malintencionados para atacar a sectores enteros de la población con el simple tecleo de un par de letras. Si la democracia ha de sobrevivir en este (nuevo) mundo feliz, los movimientos sociales tendrán que unirse y organizarse para contener a estos gigantes corporativos y proteger nuestros bienes comunes digitales.

Friday, April 13, 2018

E ser libre nun país libre |

E ser libre nun país libre | Ollaparo. O universal é o local sen muros






Á liberdade e á vida só fai xustiza

 Quen ten de conquistalas diariamente.

E asi, pasan en loita e destemor, 

Crianza, adulto e ancián, seus anos de labor. 

Quixera eu ver tal poboamento novo, 

E ser libre nun país libre

Faust II,(V. 11573 ff.) Goethe 
E ser libre nun país libre (“Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn”son palabras do Fausto de Goethe que a xurista e ministra de xustiza alemá Barley evoca cando afirma “Dann ist Puigdemont ein freier Mann in einem freien Land”.  A académica Marina Mayoral talvez non perciba o recendo goethiano que deitan as palabras de Barley, porén sabe ben que significan máis do afirman. E que o nome non fai a cousa. A súa columna de La Voz de Galicia é exemplo de como determinados sectores mediáticos e académicos españois obvian de xeito vergoñoso o necesario pormenor nas súas cartas mediáticas. Mayoral cárgase nunha columna de apenas trescentas palabras os fundamentos do dereito penal: “Para rematar a tarefa, saltando á toureira todos os principios en que se basea unha euroorde, asegura que se España non presenta probas de malversación de fondos Puigdemont non será extraditado e será «un home libre nun país libre». Isto non só é unha vulneración dos principios que rexen a colaboración xudicial na UE, senón que é un insulto a España, ao que non se debe responder co silencio”. Trastocada a estratexia xudiciaria, sintense ferida no honor patrio ao comprobar que os europeos no són tan permeables a troca de favores.
Tamén El País lanza un artigo de Javier Cercas, publicado na imprensa alemá, coincidindo coa reunión de xuristas e  medios. Se debullamos o interior dos dous textos en nómina fica ao descuberto o marco mental da ofensiva do estado español contra independentismo catalá. Un marco mental que foi da negación ao suflé e do desafio ao golpe de estado, todo entreverado de odio, violencia e finalmente, terrorismo.
Mayoral vén dicir que os feitos e as probas non contan, só a euroorde. E para completar pídelle a Rajoy que se cargue a división de poderes: “O esperable sería que Rajoy lle dese un toque á súa boa amiga Merkel, ou mellor aínda que o presidente dun país libre lle diga directamente á ministra alemá que mire cara ao pasado do seu país antes de dar leccións de democracia”.  E non será precisamente por iso que Barley insinue  que lle parece inadmisibel que iso aconteza “nun país libre”?. Un aroma prometeico que nos fai lembrar outra Europa, a da Ilustración sen medo á liberdade. Aquela na que o poder non se opón á liberdade e no que a violencia física cando se dar, pode quebrar mesmo a posibilidade de toda obediencia. A liberdade e a vida enxergadas como conquista diaria. E acrescentaría, respeito poloas persoas, amor ao coñecimento, e até mesmo, vamos soñar un pouco, perturbar as hierarquias politicas e culturais. Ao cabo, o que Goethe nos lembra é que ser libre non é apenas librarse das cadeas, é viver dun modo que respeite e fortaleza a liberdade dos outros( “….mit freiem Volke stehn”).
Cercas proba, ao seu pesar, que a “razón de Estado”  permite xustificalo todo. Como é posibel ignorar o proxecto do Estatut do tripartito de Maragall de brazo dado de CiU en 2005? Obviar que foi combatido na altura polo PP coa recollida de 4 millóns de sinaturas e a anulación de artigos no Tribunal Constitucional que despois foran validados en Andalucía e Valencia. Mais o que non debe ser casualidade é afirmar que o 6 e 7 de setembro houbo un intento de golpe de estado. Aquela tentativa de superar como se puido a blocaxe de quen apelaba ao Tribunal Constitucional para que no Parlament non se poideran debater según que cousas. Abertamente a razón de Estado existe para que alguns partidarios da unidade de España  consideren que hai cousas das que non se pode falar. E que mesmo se ofenden se hai quen fala e decide do mesmo xeito que outras maiorías parlamentares deciden rescatar aos bancos ou negociar con estados sanguinarios.
Dicía Theodor W. Adorno que “entre os avezados espíritos prácticos de hoxe,a mentira hai tempo perdeu a sua limpa función de burlar o real. A súa falta está na excesiva sinceridade”. Moro e traballo na Cataluña e non fun quen de percibir ningunha proposta organizada de violencia. Porén, fitei  como activistas e representantes eleitos foran imputados polas súas intencións, até obrigalos a adxurar das súas ideas desde que o 21 de decembro acadaran maioria parlamentar. Afirma Cercas que Catalunya viveu ao límite do enfrontamento civil cando a única violencia sentida e vivida foi a que achegaran as forzas policiais do Estado. Non falar desta violencia, a única que houbo o 1 de outubro, non mostrar ningunha empatía,  iso sí que é unha ofensa. Dicir que hai “supremacismo”  cando a única lingua de coñecemento obrigado é o castelán é mesmo o summum do cinismo. Isto afírmao quen coma min chegou a Cataluña por atopar nela maior cohesión interna e oportunidades de mellora. Contrariamente ao afirmado por Cercas, como teño reflexionado nun artigo anterior, o laboratorio catalá é unha oportunidade para Europa refacer as relacións entre as persoas e as estructuras de poder, de entregarlle ao presente o que lle pertence. Pensar que Europa se pode debilitar é própria dunha concepción da política temerosa do desencantamento da servidume voluntaria.
Mayoral non é capaz de manexar teóricamente, é evidente, aquela situación na que o poder é subtraído da intervención de un só individuo humano. Un marco mental que hipostasia o poder en algo autónomo. É presa da mesma cilada creada polo goberno de Rajoy: incapaz de defrontar politicamente o problema negociando, optou  pola construcción dun relato de violencia nas acusacions xudiciais que os feitos desmiten e agora, cando é a maquinaria xudicial a que foi activada, non entende que o goberno alemá non concorde en concentrar no vértice o sentido do poder. Porque a xustiza alemá ficaria deslexitimada e con ela a súa democracia emprazada. Talvez porque na Alemaña non está todo atado e ben atado a gosto do problemático imaxinario da dereita española e dos medios de información trapaceiros. Por certo, a rapaza dos CDRs saiu en liberdade porque o xuiz non acepta e desminte o relato mediático de terrorismo, ben, agora os medios nada din.
O poder, todo poder, rebaptiza as cousas para mellor se apropiar delas. Porén, malia o molde, os nomes non mudan a natureza dos feitos a convenicencia. Unha cousa é unha euroorde e outra o que dí a euroorde. No dereito penal os feitos son os que son e non o que se dí que son. A mentira como privilexio do gobernante xa a describira Platón cando advertia na República que se quen goberna apaña a outro mentindo o Estado vai punilo por  introducir unha práctica capaz de subvertir e arruinar un Estado do mesmo xeito que unha nave, porén, acrescenta o idealista, “sempre que os feitos se axusten as nosas palabras”.  O primado da Lei sobre a Realidade, presentada como derivada daquela. Se así for, con dificultade abriríamos paso a empurrós até gañar a saída por onde os artistas adoitan abandonar o teatro. Que o delito de alta traición, que se compara ao do código penal alemá, precisa dun grau de violencia disruptiva que non é aprezado no acontecido na Cataluña. Obviar iso é dar carta de natureza ao atado e ben atado. Precisamente iso é o que non se entende na Alemaña: “que Rajoy lle dese un toque á súa boa amiga Merkel”. O que con certeza non faría máis virtuosa á democracia española. Porque o que Mayoral pide é que quen tirou o problema da política,  xudicializando  o conflicto, o revirta  agora, dándolle un caracter político,  a  decisión xudicial dun tribunal alemá.  Que outro sentido pode ter que a fiscalia española se reuna coa alemá na Haia que tentar demostrar que houbo revolta e portanto violencia e que por iso Puigdemont cómpre ser extraditado?. Para dar conta deste relato aprópianse dos nomes e dos símbolos e así o ministro Català – no seu negociado está a tutela do proceso contra o Procés- afirma que non hai presos políticos, mas políticos presos. Repárase no tono de raiba e odio do ministro Catalá no Congreso dos Deputados, quen na semana santa de Málaga cantaba “Los novios de la muerte”.
A arte da  sofística é a da política. Para o disimular os teóricos do dereito falan de “razón de Estado”. Medir os tempos e os silencios. Acontece que o salto ao espazo europeo mudou ese tic do estado español de intervir como máis alta instancia no curso normal da xustiza. Agora xa non controla os tempos.
O apelo de Mayoral ao pasado nazi da Alemaña non fai máis que empiorar a cousa, acaso porque o franquismo continua a ter un de poder  na sociedade española inimaxinabel na Alemaña a respeito do nazismo. Barley é moi conscente do horizonte de sentido que manexa, ao ponto de que o que os trazos prometeicos que as súas palabras evocan non son reducibles á autoridade do simulacro. Niso se diferencia do horizonte  de sentido do goberno español: cando o problema pasou ao espazo e ao tempos europeos foran os xuices quen dicidiran e non os políticos.  Non foi por acaso que a policia española detivera a Puigdemont na Alemaña, talvez por iso o que máis lles proe ao subordinado Rajoy e a segmentos da sociedade española é que teña sido na Alemaña onde estoupara o globo xudicial desmentido o relato de Catalunya como niño dunha violencia desenfreada. É cousa ridícula vermos a Rajoy confiando que un xuiz se prestara ao que só a el compracía e non a Merkel. Como se fose un mandado na procura de docilidade.
Unha parte da estratexia do nacionalismo español de Estado alicerza precisamente en ir modificando a información política creando  a miraxe duns feitos que encaixen nas tipoloxías de violencia, rebelión e terrorismo. Porén, na sociedade da información non é posibel isolar completamente o espazo do poder fronte a opinión pública, tornando os feitos naquilo que non son. Porque malia a sua omnipresenza e influenza desestabilizadora na política – talvez por iso o devalo do poder cara formas autoritarias é inversamente proporcional á súa  tentativa de ocupar o seu espazo apropiandose dos nomes – nen La Voz nen El País teñen poder de seu. De aí que na Alemaña os medios teñan un outro relato ao constataren  que hai un presidente eleito que foi destituido polo goberno español, que se exiliou pola Europa explicando a continuidade de acción dun poder sen violencia. O que Barley e Alemaña entenden. Porque é elementar que se non hai probas de malversación de fondos Puigdemont non será extraditadoAsí de simples.

Monday, April 09, 2018

O golpe de estado xudicial é adicionado ao golpe de estado parlamentar no Brasil | Ollaparo. O universal é o local sen muros

O golpe de estado xudicial é adicionado ao golpe de estado parlamentar no Brasil | Ollaparo. O universal é o local sen muros





O golpe de estado xudicial é adicionado ao golpe de estado parlamentar no Brasil

por 

"Cuidar dos pobres é muito barato e dá excelentes resultados, 
cuidar dos ricos é muito caro e eles nunca são felizes".
"O Brasil não redistribuiu renda para crescer, cresceu porque redistribuiu renda"
Lula
Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite do sábado a Curitiba, onde comezará a cumprir a pena de 12 anos e 1 mes de prisión pola condenación no caso do triplex en Guarujá (no litoral de São Paulo) ao que foi condenado por corrupción pasiva e lavado de diñeiro, como propina disimulada da construtora OAS para favorecer a empresa e contratos coa Petrobras.  Lula, alegou ser inocente e os cargos estar motivados políticamente para impedir que volva a presidir,  é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime común.
 Son as resolucións xudiciais que impiden a Dilma e Lula seren demandantes, aínda que – non hai que o dicer- a imparcialidade e independencia do poder xudicial levanten moitas dúbidas.  A cuestión é vella. Os dous eixos interpretativos que dividen a opinión pública brasileira debrúzanse  entre aqueles que sustentan a idea da existencia dunha componenda entre o poder xudiciario e as tradicionais elites oligárquicas brasileiras coa intención de defenestrar o liderado da esquerda brasileira e de anular calquera perspectiva de regreso dos sectores máis progresistas ao exercicio do poder; e do outro eixo, os que consideran que un poder xudiciario libre e independente está a combater con éxito un fenómeno de corrupción xeneralizada que envolve tamén o PT e o propio Lula da Silva e que calquera crítica á presunta exención dos xuíces significa unha preocupante ameaza ao principio da separación dos poderes, pondo así en causa a propia natureza do Estado de Dereito. O xuízo  bateu todos os rexistros de velocidade no macroproceso da operación Lava Jato, que investiga a corrupción na petroleira estatal Petrobras, a principal empresa do país. Até o momento, o xuíz Sérgio Moro nunca determinara a execución das sentenzas de prisión por culpabeis, que foron libres, en menos dun ano. Lula foi a excepción: nove meses desde o primeiro xuízo, emitido o 12 de xullo. Nos oito casos restantes, a entrada á prisión ampliouse entre 18 e 30 meses. Se a mesma lóxica fora seguida, Lula dá Silva podería presentarse ás eleccións presidenciais de outubro, onde encabeza todas as sondaxes.
Desde o unicio do proceso Lula os xuices pronunciaranse inúmeras veces aberta e publicamente contra o ex-presidente fora do ámbito do proceso,  manifestando contra ele unha hostilidade e un pre-xulgamento que  calquer outro sistema teria xustificado a recusa dos maxistrados. De feito, a orde da prisión de Lula foi escrita xoves pola tarde nun tempo récord: transcorreron 19 minutos desde que o tribunal de segunda instancia informou que non había ningún obstáculo legal para a prisión até o escrito do xuíz Moro. Os avogados de Lula non teñen tempo para reaccionar.
O xurista Rafael Valim (“O caso Lula e o fracaso da justiça brasileira”) pon en destaque  a parceria entre maxistrados e membros do Ministerio Público  e menciona o “fato de que no corpo da setença que condenou o ex-presidente Lula, um terço dos parágrafos foi dedicado a desqualificar  advogados da defesa” e a “interceptação telefónica de todo o escritorio que defende o ex-presidente”. Na mesma liña,  o  teórico do garantismo Luigi Ferrajoli apuntou a” a impresión que este proceso desperta en extenso sector da cultura xurídica democrática italiana é aquela dunha ausencia impresionante de imparcialidade por parte dos xuízes e procuradores que o promoveran, dificilmente explicábel se non coa finalidade política de por fin ao process de reformas realizado no Brasil nos anos dos gobernos de Lula e Dilma Roussef que retiraran da miséria 40 millóns de brasileiros”.  Ferrajoli destaca  tamén a tendenciosa petición de principio na avaliación das probas, xeralmente asumidas como verdadeiras se de acordo com a acusación e como falsas se en contradición coas hipóteses acusatórias. Todo iso  en simultaneidade co impeachment, de sustentación xurídica dubidosa, contra a presidenta Dilma Rousseff. A xeración dunha impresión de que os dous procedimentos teñen o significado politico dunha única operación  de restauración antidemocrática e que os xuices terian acelerado a celebración do proceso de segunda instancia en relación á duración habitual  a fin de chegar á sentenza de condenación definitiva o mais rápido posibel, co contributo do conservador thin thankInstituto Millenium e a Rede Globo, impedindo ao ex-presidente se candidatar nas próximas eleicións presidenciais.
Se asín for, o que pasa no Brasil desafía o destino da sua democracia. É un verdadeiro estado de excepción xurisdicional, un chamado de atención para a esquerda brasileira, que evoluiu da deposición golpista da presidente Dilma até  conformación doutro padrón  institucional e acumulativo no que a democracia emprazada  se transformará na bexiga chea de vento que fai parte da lóxica continental, diría mesmo mundial, de desestabilización de gobernos populares, minimante comprometidos coas demandas internas das maiorías. Con certeza, as políticas de vivenda, de educación e saúde, de familia e universidade dos gobernos de Lula e Dilma beneficiaran a millóns de pobres, mas cederan ao grande capital e ao modelo produtivista, moitas promesas non foran mantidas facendo concesións ás oligarquías, aos banqueiros e grandes propietarios agrícolas sen ter feito reformas estruturais necesarias que poderian alargar o goberno de esquerdas até momento. A corrupción, as capitulacións e as regresións  do PT aceleraran a perda de horizonte transformador. Como avisou Michel Löwy, a oligarquia xa non contenta con concesións. Unha ofensiva  da dereita neoliberal que atinxe America Latina, EUA e Europa. A elite brasileira tenta impedir que Lula sexa candidato por terceira vez. Infelizmente, como di Frei Betto, “o PT non fixo un traballo de alfabetizacion política do pobo” e  “non hai grandes mobilizacións das persoas beneficiadas polos gobernos do PT”. Un partido  anticapitalista  asentado na zona de conforto da representación parlamentar  acabou esgotando aí o seu horizonte xa que a parlamentar non é a única forma de representación en quen ten o alvo de mudar as institucións de xeito paralelo a efervescencia socioecolóxica que vai dos cristianos de base ao movimento feminista,  do Movimento do Passe Livre (pola gratuidade dos deficientes servizos de transporte) até o  MTST (Movimiento dos Trabalhadores sem Teto), arestora  o movimento social mais vizoso.
O Brasil asistiu a un golpe de estado democrático ou trátase precisamente agora dunha  nova fase na vida política e xudicial do Brasil alicerzada na separación de poderes cando o excepcional é a democracia? O proceso Lava Jato foi promovido para destruir o PT? Certo é que houbo condenas a algúns empresarios da construción e a políticos da vella guarda. Porén, é posibel acreditar nunha mudanza certa do transversal fenómeno de corrupción endémica do Brasil? Serve para darmos conta do que alí acontece fitarmos apenas a racionalidade analítica própria do sistema xudiciario?
O dificil momento do Brasil foi escenificado en dúas fases: en 2016, unha votación do Senado resultou na renuncia da titular Dilma Rousseff; hoxe, despois dun voto da Corte Suprema, é o seu predecesor, Lula, a quen envian a prisión. Agora debemos ter en conta que Lula foi o gran favorito para as próximas eleccións presidenciais, que serán en outubro.Coa eliminación dos seus dous principais líderes políticos, o Partido dos Traballadores pódese ver afastado do poder. O golpe de Estado xudicial se engade así ao golpe de Estado parlamentar. No Brasil, por exemplo, os mesmos xuíces que imputan o Partido dos Traballadores non interveñen contra os seus adversarios de dereita, aínda que as acusacións contra eles sexan máis serias.
É certo que non estamos máis no período da ditadura militar, que torturou Dilma Rousseff, aínda que, en 2016, Jair Bolsonaro – un deputado da dereita admirador do rexime militar que grazas á eliminación de Lula en seis meses  poida ser o próximo presidente- deu seu voto favorable á dimisión, e aínda que na véspera do xuízo do habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal, o xefe do Estado Maior do Exército, o xeneral Eduardo Vilas Boas publicaba no Twitter que “se mantém atento às suas missões institucionais” e compartilla “com os cidadãos de bem” o “repúdio à impunidade”, sen citar o xulgamento do petista.
En Brasil só se respectan os aspectos formais da lei (sen respectar debidamente os dereitos). O  proceso penal contra Lula ameaza a sociedade brasileira. Seria preciso analizarmos  os fundamentos discursivos que procuran lexitimar as profundas desigualdades que constitúen a fraxilidade da construción do Estado-Nación, debilidade da democracia no Brasil e os seus desdobramentos na restrición da cidadanía, restrinxida ao exercicio concreto de poucos, o que estabelece relacións predominantemente coercitivas do aparello estatal coas maiorías populares. De aí o chamamento recorrente a golpes de Estado na historia do Brasil, como o acontecido en 2016 coa destitución ilexítima da presidenta Dilma Rousseff,  co pretexto ridículo dunha composición orzamentária, algo que todos os presidentes anteriores fixeran e que os gobernadores dos estados brasileiros continuan a facer. Un ordenamento que non é socialmente unificador senón que formaliza múltiples categorías binarias  de “cidadanía” nun país profundamente desigual onde máis da metade da poboación se identifica como raza negra ou mixta ( con “subcidadanías” reclusas e indíxenas, afrobrasileiros, mulleres… ) en que poucos son asimilados efectivamente a condición de titulares de dereitos, mentres que o proletariado nativo informe e os traballadores, máis principalmente os da “caste” informal ligada ao mercado de traballo,  vese submetida ao Estado de Excepción, nunha seletividade escandalosa que malfere as pomposas proclamas sobre as virtudes exaltadas do patriotismo constitucional. Foi até aquí que chegou o proceso de inclusión permitido  polas oligarquías?
Do Brasil a Cataluña
A democracia representativa deixou de ser útil para a aplicación das políticas neoliberais? Pasou acima dos resultados das eleicións na Grecia, para favorecer as leis do mercado.  A xudicialización da política non é apenas un fenómeno brasileiro, mas é algo común a diversos paises occidentais que na tradición europea vai do control da constitucionalidade das leis até os esforzos de organizacións internacionais de proteción de dereitos humanos, sobretodo a partir da Declaración Universal dos Dereitos Humanos da ONU, de 1948. Porén, se enxergamos o proceso político como un todo,  esa aproximación entre dereito e política que serviría para mostrar fallos do funcionamento do Lexislativo e do Executivo, deita outra tendencia mundial que se vén acentuando hai décadas onde a xudicialización da política pode facer dificil diferenciar entre “dereito” e “interese politico”. Á xudicialización da política corresponde tamén unha politización da xustiza  na súa dimensión mediática. Que hai en todo isto que acontece no Brasil que nos lembre o que está a acontecer na España en relación coa Cataluña? Talvez que non é dificil observar a espúria asociación entre as empresas mediáticas na tentativa de purgar Cataluña dos seus representantes independentistas. A forma como decorreu a xudicialización do Procés, con encarceramento e exilio dos principais bultos do soberanismo cívico e dos seus representantes políticos revela até a náusea o devalo xudicialista que atenta contra dereitos fundamentais. Para alén das coxunturas específicas do Brasil e de España, da America Latina e de Europa, son visíbeis paralelismos por unha banda, a respeito das reformas neoliberais das leis laborais e, por outra, á xudicialización da política. A instrumentalización das democracias emprazadas cara unha orde ilexítima escollida polo Capital e por unha xustiza alineada coas clases dominantes na medida en que, como xa pasou coa interlocutória do xuiz Llarena, os intereses do Estado están por encima dos principios dos dereitos civís salferindo así  o futuro da democracia no estado español e ameazando prexudicar a europea de brazo dado do cariz populista da xustiza en Polonia e Hungria. A xudicialización da política e por extensión do mundo da vida a ditado do legalismo ideolóxico (co deslocamento da Constitución como fonte principal do ordenamento xurídico pola lei e a omnipotencia do xuiz) ten derivadas imprevisíbeis desde o momento en que xuices e xornalistas transformados  en salvadores públicos criando xulgamento  sumario e alimentando o retroceso da consciencia xurídico-politica acaban obviando a racionabilidade, a proporcionalidade, a ponderación de dereitos, o que supón non un criterio mecanicista Esquecen así que o constitucionalismo moderno non són só as normas, mas valores, principios e dereitos dirixidos ao lexislador. Quer dicer, desde o momento que a Constitución non é interpretada  de modo isonómico, “dedicindo” os órgaos do Estado en relación a determinadas persoas. A prisión preventiva, esa especie se sentenza  penal condenatoria antes do seu tránsito en xulgado, non observa o principio de presunción de inocencia e posibilita a presión antes de esgotados todos os recursos xudiciais

Monday, March 19, 2018

CCOO y UGT ingresan casi un millón de euros por la gestión de los planes privados de pensiones de los empleados públicos | Kaos en la red

CCOO y UGT ingresan casi un millón de euros por la gestión de los planes privados de pensiones de los empleados públicos | Kaos en la red





En lugar de defender pensiones públicas y dignas promueven en numerosos sectores y empresas la creación de fondos privados de pensiones, que ellos cogestionan con la propia banca.
¿Cómo van a estar en contra de la privatización de las pensiones si son una de sus fuentes de financiación? Uno de los ejemplos más evidentes del grado de degeneración que han alcanzado CCOO y UGT es su participación directa en la gestión de los fondos privados de pensiones. En lugar de defender pensiones públicas y dignas promueven en numerosos sectores y empresas la creación de fondos privados de pensiones, que ellos cogestionan con la propia banca. Después a nadie debe extrañar que acaben aceptando las propuestas del Pacto de Toledo o que firmen pactos con patronal y gobierno contra las pensiones públicas.
Es urgente acabar con la mafia burocrática que dirigen estos sindicatos degenerados y levantar una auténtico sindicalismo de clase, asambleario, antiburocrático y combativo.
Kaos. Laboral y Economía



El fondo está administrado por BBVA. Los sindicatos cobran por revisar regularmente la entrada de dinero en la cuenta bancaria
UGT y CCOO, que forman parte de la entidad Gestora del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, han vuelto a recibir cuantiosas cantidades de dinero en concepto de Comisiones de Gestión. Los sindicatos administran conjuntamente con BBVA este fondo de jubilación.
Así, según ha comprobado El Confidencial Digital en el Dossier de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, la cantidad percibida por la Entidad Gestora durante el año 2014 ascendió a 3.159.970,49 euros.
En el documento se establecen las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al pasado ejercicio.
Esa entidad gestora está participada, en un 70%, por el BBVA, que se encarga de la administración del fondo. El 30 por ciento restante se lo reparten Comisiones Obreras y UGT, que realizan una labor de supervisión y de representación de los intereses de los funcionarios en la corporación.

Se han embolsado 20.000 euros más

Pues bien, según ha podido confirmar también El Confidencial Digital, la participación de ambos sindicatos en esta gestora ha traído consigo, para las centrales, el ingreso de casi un millón de euros a repartir entre los dos. En concreto, han recibido un total de 473.995,57 euros cada uno por este servicio. Todo ello, a pesar de que las aportaciones al Plan de Pensiones han cesado en los últimos años.
Supone el cobro de 20.000 euros más que el año pasado por parte de las centrales. La cantidad percibida por la gestora del Fondo de Pensiones durante el año anterior ascendió a 3.020.467,68 euros, a repartir, según representación, por las tres entidades participadas (BBVA, CCOO, y UGT). Así las cosas, los dos sindicatos recibieron 453.070,15 euros.

Malestar en el resto de centrales

Por otro lado, este confidencial ha podido constatar también el malestar de otros sindicatos con esta situación. Desde CSIF, CSIT y USO aseguran que la inclusión de CCOO y UGT en la gestora supone una “discriminación” para el resto de centrales.
Además, aseguran, los dos grandes sindicatos “no son exclusivos de los trabajadores públicos”, por lo que, en su opinión, “lo justo es que todas las fuerzas sindicales que representen los intereses de los funcionarios estuvieran presentes en la gestora, y si no, ninguno”.


Sunday, March 18, 2018

Madrid: Cuando Lavapiés dijo ¡basta! - Carlos Girbau

Madrid: Cuando Lavapiés dijo ¡basta! - Carlos Girbau | Sin Permiso

El pasado jueves murió Mame Mbaye; se desplomó de un ataque al corazón en la calle del Oso, en el barrio de Lavapiés de Madrid. Corría, huyendo de la policía que lo perseguía a él y a un grupo de manteros que ejercían la venta ambulante en la Plaza Mayor de la ciudad. Mame Mbaye, era de Senegal, tenía 34 años y había llegado al Reino en patera hacía 12, Mame vió  rechazada por dos ocasiones su solicitud de regularización. Las razones de ambas negativas fueron sus antecedentes por venta ambulante irregular.


Mame, nunca tuvo “papeles”. En estos 12 años, vivió, trabajó y pagó facturas, pero no disfrutó de ningún derecho, tampoco de acceso a médico de atención primaria. Solo tuvo deberes. La noche después de la muerte de Mbaye, Lavapiés, el barrio en el que vivía, vio como la policía cargaba contra las personas que denunciaban su muerte y su situación administrativa irregular. Hubo seis detenidos, 19 heridos, vehículos y cajeros quemados, lunas y escaparates rotos. La  caverna mediática española, encabezada por ABC , La Razón y El Mundo, no perdió la oportunidad para hablar de “antisistema” y del “laboratorio de la furia de Podemos”. Por su parte, el Ayuntamiento de Ahora Madrid comenzó a echar balones fuera, avisando de que abriría una investigación, a la par que señalaba rápidamente que su policía municipal no estaba persiguiendo a Mbaye.  Los medios alarmaron “sobre la violencia descontrolada”  de los sucesos, pero casi nadie mencionó lo que hay detrás de los mismos: la falta de regularización administrativa de cientos de miles de personas en el Reino, el racismo institucional existente tras esta muerte y la violencia institucional que sufren esas personas con derecho a nada.
Malick Gueye, también originario de Senegal, de 35 años y con 13 de residencia en España, portavoz del Sindicato Mantero y Latero de Madrid, y amigo de Mbaye señaló, en rueda de prensa, que el sindicato lleva desde sus inicios luchando a favor de la derogación de la Ley de Extranjería y de la despenalización de la venta ambulante de latas y del top manta. Hay que recordar que vender hoy en la calle está penado con hasta con dos años de cárcel. En la misma comparecencia, Malick aseguró que el colectivo se reúne todos los martes para tratar su situación y “para denunciar lo que sufrimos en la vida cotidiana: agresiones, abusos y detenciones, ingresos en los CIE y deportaciones. Hacen lo que quieren con los detenidos, saben que no pueden denunciar. Hemos llevado un registro denuncias. En julio, se lo hicimos llegar al Ayuntamiento. Eran 18 agresiones a nuestros compañeros, compañeros con brazos y piernas rotos. No es algo de ahora.” Malick igualmente explicó que lleva tres años en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid sin resultado alguno.
Racismo institucional
La política de la Unión Europea sobre inmigración y refugio, de la que el Reino de España es alumno aventajado, es en realidad una política de “guerra” que vulnera todo lo establecido en el derecho internacional. Primero, contra los que intentan llegar: existen acuerdos firmados con todos los gobiernos o incluso con señores de la guerra en Libia, destinados a repatriar al máximo posible de ellos, forzando su rechazo a través de buques militares y hostigamiento a las ongs que intentan auxiliarlos, y provocando miles de muertos en el Mediterráneo. En segundo lugar, contra quienes llegan, con el rechazo en frontera, la denegación de solicitud de asilo y refugio, la imposibilidad administrativa de regularización de su situación a través de leyes como la de Extranjería, las repatriaciones forzosas, la detención en centros especiales como los CIE y la persecución policial. El resultado de todo ello lleva a la existencia de una enorme bolsa de personas sin derechos que son sometidos por ello a todo tipo de arbitrariedades y abusos. Se trata de un racismo profundo e institucionalizado sobre el que posteriormente se alimenta la xenofobia y el propio racismo que se respira en nuestras sociedades. El 15M demostró como la crisis económica había encogido la democracia hasta expulsar de la misma a buena parte de la sociedad, que decidió entonces ocupar las plazas reclamando su lugar. La muerte de Mbaye y la respuesta llena de desesperación e indignación de Lavapiés, nos presenta a otra parte de nuestra sociedad, aquella que nunca tuvo, ni tiene ahora tampoco, acceso a nada.
El ayuntamiento
En septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Madrid decidió colgar una pancarta en la fachada de su sede principal con la leyenda “Refugees Welcome”. Con este acto, la capital se unía a las ciudades que reclamaban, especialmente ante la guerra de Siria, que España cumpliera con la legalidad internacional que había firmado y abriera sus brazos a las personas que huían del conflicto. Desde entonces, ciertamente, el Ayuntamiento ha intentado por distintos medios tomar medidas que mejoren la situación de las personas refugiadas que han ido llegando al municipio, incluso a veces, sobrepasando sus propias competencias, por ejemple cuando se multiplican los casos de solicitantes que no tienen, por culpa del gobierno, sitios en los que ser acogidos. Sin embargo y a pesar de ello, la situación en Madrid sobre este tema deja mucho que desear. Aunque la política de inmigración es competencia estatal y de la Unión Europea y es ese marco el que condiciona todas las acciones que puedan llevarse a cabo, tal hecho no exime al Ayuntamiento de ofrecer una actitud valiente y protectora de los derechos de las personas que viven en la ciudad, sea cual sea su situación. Sabemos que no resulta sencillo, que la política neoliberal extrema del gobierno de M. Rajoy y de sus ministros de Trabajo e Interior sirve de todo menos de ayuda para lograrlo, pero eso no libera de cualquier responsabilidad al consistorio madrileño. La persecución que sufre la gente que, hallándose en situación irregular, intenta sobrevivir en la capital, también depende del ayuntamiento. En este sentido, hay salidas, medios, opciones y parches, si se quiere expresar así, para aliviar el dogal que padece una parte de su ciudadanía, mientras las leyes injustas que marcan el paso se derogan. La ciudad ha hecho suya una línea de derechos humanos que no puede pasar al margen de lo que la muerte de Mbaye saca a la luz y demuestra. Perseguir la manta, obviar la bolsa de personas privadas de todo derecho por su falta de medios, está en manifiesta contradicción con ella.
En resumen, no existe ningún camino que permita comenzar a resolver los serios problemas que hay en nuestros barrios, reducir la economía sumergida y el fraccionamiento social, poner freno a los abusos que ello comporta y  posibilitar ganar derechos, igualdad y convivencia al margen de derogar leyes que amparan el racismo institucional.  Leyes que, tras supuestos procesos administrativos para regularizar situaciones irregulares, esconden barreras profundamente discriminadoras que niegan de facto tal regularización. Lavapiés expone con sus movilizaciones que no se trata de un problema de unos pocos, sino de varios centenares de miles en todo el Reino. Un problema que muestra que sin ganar democracia para ese sector de la sociedad, serán imposibles medidas que permitan asegurar derechos para el resto. La máxima unidad, igualdad y libertad son imprescindibles. Los ayuntamientos y el conjunto del tejido asociativo tienen una importante responsabilidad en esa tarea y en consecuencia, ni el equipo de gobierno de Carmena, ni Ahora Madrid pueden excusarse detrás de realidades administrativas. Es el momento de la política y de demostrar que la pancarta que preside El Palacio de Cibeles, es mucho más que eso.