de la mano de CARLOS TENA
POR ADAY QUESADA/CORRESPONSAL EN MADRID DE CANARIAS SEMANAL
En este país todo parece ir por "dosis". Cuando determinadas realidades son ya harto conocidas en ámbitos sociales concretos, la España oficial empieza lenta y"prudentemente" - en el mejor de los casos - a reconocer su existencia. Hace apenas unas semanas, el Tribunal europeo de Estrasburgo condenó a España por no investigar suficientemente una denuncia por tortura. Apenas unos pocos pudieron enterarse de esa condena a través de la prensa internacional y los medios alternativos. En cambio, los medios de papel, radiofónicos y televisivos españoles no quisieron recoger la noticia o procuraron situarla, como sucedía durante la dictadura, en el lugar más recóndito.
No es la primera vez que se produce una sentencia de este tipo. Se han reiterado en múltiples ocasiones, independientemente de que estuvieran implicados gobiernos del PSOEo del PP. Sin embargo, los ejecutivos correspondientes han hecho caso omiso de las advertencias de esas instancias jurídicas de la Unión Europea. Y los mass media en su conjunto, han actuado como cómplices necesarios del silencio que ha rodeado a la práctica de la tortura en el Estado español. Mantienen, sean de un signo o de otro, una suerte de "silencio patrio", interpretando - como si de un viejo reflejo autoritario se tratara- , que las observaciones de Estrasburgo forman parte de un contubernio en contra del régimen político que ellos mismos han ayudado a constituir. De ahí su hermetismo.
Hace unas pocas fechas, de forma excepcional un magistrado, José Ricardo de Prada,se atrevió a denunciar una lacra que se continúa arrastrando desde los años de la dictadura franquista. "La tortura se ha producido de manera clara - dijo el juez de Prada - y los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho". Días después de que el juez se pronunciara vino la sentencia de Estrasburgo, que amonestaba a las autoridades españolas por su perseverante "negligencia" con las torturas que se producen en comisarías, cuarteles y establecimientos policiales.
¿Saben cuál fue la respuesta del ministro Fernández Díaz? Pues nada menos que calificar las declaraciones del juez José Ricardo de Prada de "infames", y exigir al Consejo General del Poder Judicial que procediera en contra del magistrado. Ni que decir tiene que la Fiscalía de ese tribunal decepción que se llama la Audiencia Nacional heredero, por cierto, del célebre Tribunal de Orden Público del franquismo, se puso al lado del ministro, apoyando que se apartar al juez de su función por las opiniones emitidas
OTRA JUEZA SIN PELOS EN LA LENGUA
Amaya Olivas es una magistrada de Barcelona. Mientras el silencio letal parece ser la norma que caracteriza a los integrantes del Cuerpo al que pertenece, la jueza Amaya ha empezado a hablar sobre el tema tabú que sus compañeros no se atreven ni a mentar. Dice que hay un desinterés manifiesto por sacar el tema de la tortura a la luz. "La gente desconoce que el Estado español ha sido condenado ocho veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar de forma adecuada este tipo de denuncias. Esto ocurre porque es un fenómeno históricamente silenciado en España y que ha sido deliberadamente ocultado por el poder gracias a las estrategias inmersas en el secreto y el oscurantismo…" Y prosigue: "Nuestro compañero José Ricardo de Prada se limitó a reproducir hechos constatados en distintas sentencias emitidas por tribunales internacionales. Es un ejemplo de acoso institucional que no tiene ningún tipo de aval jurídico y que ha recibido el reproche de Jueces para la Democracia y otras asociaciones defensoras de derechos humanos" .
En su opinión es "gravísimo que las instituciones sigan con la intención de ocultar el fenómeno de la tortura y perseguir a aquellas personas que están intentando cuestionar al poder" . Amaya Olivas cree que deja mucho que desear la prevención, investigación y reparación de los casos de tortura. "Deberíamos ser más sensibles con estos temas y estar más vigilantes con la labor policial. Hay una falta de cultura de derechos humanos en toda la sociedad, de la que la judicatura no está exenta. Ha habido una transición, pero fue democráticamente débil y quizás donde menos se notaron sus efectos fue en el poder judicial”.
La jueza reconoce que "en España ha habido y hay tortura y maltrato policial. No se puede afirmar que sea un fenómeno generalizado como lo era en la dictadura franquista, pero sí es una realidad. Es la forma más vil de violencia institucional y no debe gozar de ningún nivel de tolerancia. Por eso entiendo que, sobre todo, es responsabilidad del poder judicial actuar de forma contundente para impedir que se produzca e identificar a los responsables cuando los hechos estén constatados”.
La jueza Olivas piensa que "la Fiscalía General del Estado, como garante de la legalidad, tiene la misma obligación de investigar cuando se produzcan denuncias por torturas. Debe realizarse una actuación más contundente de la que se viene efectuando hasta el momento. En México, por ejemplo, los jueces y juezas están obligados a poner en comunicación del Ministerio Fiscal y de la llamada Comisión de la Verdad las denuncias de este tipo para que comience la investigación, gracias al protocolo pertinente. Esto en España no se hace" .
Ahora solo cabe preguntarnos, ¿qué tipo de sanción solicitará ahora el Ministro del Interior contra la jueza Olivas?
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