Cartel de entrada a Comrat, capital de Gagauzia. Wikipedia
Si en anteriores artículos habíamos abordado el conflicto territorial entre la pequeña República de Moldavia y la autoproclamada República de Transnistria, ahora el gobierno de Chisinau tiene otro problema más: la Región Autónoma de Gagauzia.
2014 pretende ser el año de los referéndums de independencia. Escocia se prepara para el suyo en septiembre, luego Cataluña en noviembre y hace pocos días Kurdistán anunciaba que ellos harían uno también. Pero antes de todos ellos, hubo una región moldava que lanzó un referendo ilegal a los ojos de su Constitución. Siguiendo la estela de Crimea y las Repúblicas orientales ucranianas, Gagauzia, cuyo nombre oficial es Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, tuvo su propio referendo consultivo el pasado mes de febrero para separarse de Moldavia. Aunque carente de validez legal, el resultado de la consulta fue de un 98% a favor de la autodeterminación si Moldavia se unificase con Rumanía.
El 2 de febrero se preguntaron, además de esta primera cuestión, dos más referentes a la Unión Europea. La primera era si estaban a favor de la Unión Aduanera con Bielorrusia, Kazakhstan y Rusia y la segunda si querían formar parte de la Unión Europea. En ambas preguntas el resultado fue mayoritario. Los gagauzos querían formar parte de la Unión Aduanera y no querían ni oír hablar de una Moldavia dentro de la Unión Europea. Así pues, el gobierno moldavo, de corte europeísta, sabe que tiene un difícil reto con el pueblo gagauz dado que, de negarse a continuar avanzando juntos, podrían tener un enclave ruso al más puro estilo Kaliningrado en mitad de Moldavia. La idea puede parecer absurda pero Transnistria lleva sobreviviendo más de 20 años solo con la ayuda que le proporciona Moscú. De hecho, la diplomacia rusa ya advirtió que “Moldavia era un tren que iba demasiado rápido y que podía perder algunos vagones de continuar así”, haciendo clara alusión a los problemas con los gobiernos de Comrat y Tiraspol.
Y es que el apoyo de esta minoría al Partido Comunista de Moldavia (principal fuerza política del país, aunque ahora está en la oposición, y de carácter “más abierto” con el tema de la Unión Aduanera creada por Putin) y a la Federación Rusa es notable. Los argumentos en contra de una política pro-europeísta es que Rusia ha favorecido siempre los productos de Gagauzia (mientras que los moldavos son embargados y muchos de sus trabajadores se encuentran sin el visado renovado para trabajar en Rusia) y que hay miles de hombres y mujeres de esta etnia trabajando en el país. De los 160.000 gagauzos que hay censados en Moldavia, entre 25 y 30 mil trabajan en la Federación Rusa y suponen la principal fuente de ingresos de la región. Una economía cuyo principal ingreso son las remesas del exterior no puede permitirse perderlas, y Moscú sabe jugar con esa baza. Desde que Chisinau y Bruselas estrecharan lazos con la llegada de la nueva década, el gobierno de Medvedev y Putin ha hecho la vida imposible al gobierno moldavo poniendo trabas a sus exportaciones vinícolas (uno de sus mayores recursos) y dificultando la obtención de visados a todos los ciudadanos moldavos que desean trabajar en el gigantesco país.
Mihail Formuzal, líder de la minoría gagauz y Presidente de la República Autónoma desde hace siete años, fue el principal valedor del referéndum. Según él, su pueblo no desea estar ni en la Unión Europea ni en la OTAN, objetivos principales del actual gobierno del Primer Ministro moldavo Leanca. El Tratado de Asociación firmado por Moldavia este año ha sido uno de los principales enemigos del líder gagauz, aunque este prevé que con la victoria del Partido Comunista en las elecciones parlamentarias del próximo mes de noviembre, Moldavia vuelva al redil de Moscú y, por tanto, la etnia gagauz pueda enterrar el hacha de guerra.
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