“Han incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la vivienda”. Así se ha expresado Esteban Beltrán, director de Aministía Internacional en España, durante la presentación de un nuevo informe que revela que ya se han producido más de 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008. De ellas, solo entre 2012 y mediados de 2014, casi 100.000 afectaron a viviendas principales.
El estudio revela que España cuenta con un 1,1% de viviendas sociales, lo que la sitúa a la cola de la Unión Europea. Solo Grecia presenta un porcentaje más bajo, mientras que Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%) se encuentran muy lejos.
A este contexto se suma, además, que España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. El documento señala además que el gasto en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014.
"Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo. Esa es la raíz fundamental de este problema", ha explicado Beltrán. "Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida y tan invisible", ha añadido.
Beltrán ha denunciado cómo las autoridades españolas han obviado todas las recomendaciones internacionales que se le han hecho sobre la materia. En su opinión, "todas las políticas desarrolladas en el país se han centrado en aliviar la deuda, y no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental".
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