La lógica de Hacienda es marcial. Cine, teatro y conciertos desfilan en el batallón del entretenimiento. Museos, galerías, bibliotecas o archivos engrosan el cuerpo de élite de la cultura. Gracias a esa cuartelaria división del mundo, Eurípides paga más impuestos que Damien Hirst: a efectos fiscales se considera que la exposición de una vaca abierta en canal y conservada en formol tiene una misión más elevada que una representación de Electra. Desde el pasado 1 de septiembre es así.
Dado que aprobar una subida de 13 puntos en el IVA (del 8% al 21%) que soportan algunas actividades culturales requiere una explicación (excepto el libro, que tiene el gravamen superreducido, el resto del sector abonaba por igual un tipo reducido), un alto cargo sin identificar del Ministerio de Hacienda aclaró el enigma en una entrevista a la agencia Efe: “El Gobierno ha reclasificado el IVA de ciertos productos de entretenimiento como las entradas de los espectáculos (cine, teatro y otros) que pasan al tipo general del 21%”. Así, sin más filosofía, se zanjó el misterio. “Tienen una visión un poco rara sobre la cultura. También el Museo del Prado es entretenimiento. No sé si esas declaraciones eran fruto del desconocimiento. Una parte del cine es entretenimiento, pero el entretenimiento también es cultura”, señala el cineasta Agustín Díaz Yanes, que este año se ha estrenado como novelista con la obra Simpatía por el diablo (Espasa).
Cine, teatro y conciertos pagan ahora el mismo IVA que un gin-tonic
Aunque el alto cargo de Hacienda no se detiene en ello, la medida tiene un alcance que va más allá del bolsillo de espectadores y creadores: el Gobierno acaba de desmarcarse de los principios que hasta ahora ha compartido España junto a la mayoría de la comunidad internacional para proteger la diversidad cultural según lo establecido en una convención de la Unesco.
Aunque cada Estado tiene libertad para aplicar la convención en función de sus intereses, fuentes de la Unesco interpretan que la medida del Gobierno español contradice “el espíritu”, pero “no la letra” del acuerdo. “La convención es un instrumento jurídico efectivamente vinculante, pero no contiene disposiciones concretas relativas a los productos y servicios culturales”, señalan fuentes de la secretaría de este organismo.
El mayor IVA de la eurozona
Con la subida que entró en vigor el 1 de septiembre, España se ha convertido en el país de la zona euro (17 estados) que aplica el IVA más alto a los espectáculos culturales: el 21%. Hasta entonces había soportado un tipo reducido (el 8%).
Ninguno de los países en situación crítica y ya intervenidos, como Grecia o Portugal, se acerca al impuesto español. En Grecia se aplica el 13% y, en el caso del teatro, un 6,5%. En Portugal se gravan los espectáculos con el 13%. Irlanda, que también necesitó un rescate para su sector financiero, lo mantiene en el 9%.
Los dos únicos países con un IVA equiparable al español son Estonia y Eslovaquia, que aplican un 20%.
En el 10% hay dos economías de situación bien distinta: la saneada Austria y la tambaleante Italia.
Finlandia, Eslovenia, Alemania y Holanda aplican entre el 6% y el 9%. En este grupo se encontraba España antes de la decisión del Gobierno de pasar los espectáculos culturales del tipo reducido al normal.
Luxemburgo, Malta, Chipre y Francia son los países con el IVA más bajo (entre el 3% y el 5,5%).
De los 10 países que no pertenecen a la zona euro y sí a la UE, solo Dinamarca (25%) y Hungría (27%) gravan más los espectáculos que España.
Milagros del Corral, exdirectora de la Biblioteca Nacional y gran conocedora de los entresijos de la Unesco, recuerda que “la distinción que tan bien le ha venido a Hacienda para recaudar más” arranca de un antiguo debate político y económico. “El estreno mundial de la deliberada confusión de estos dos conceptos data de finales del siglo XX y tiene su origen en las negociaciones de la Ronda Uruguay en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La industria cinematográfica de Hollywood había venido utilizando el concepto de entertainment para sus productos, con el objeto de asegurar su libre circulación en un mundo que comenzaba a globalizarse. Japón se situaba en esa misma línea. Ya para entonces, Jacques Delors había anunciado que ‘la cultura no es una mercancía como las demás”.
La mirada excepcional francesa, que cuida de la cultura (la que entretiene y la que no) como de una gran reserva identitaria, se contagió a toda la Unión Europea y otros países como Canadá, que deseaban proteger sus cinematografías. “En síntesis, los argumentos fueron: el cine y los otros productos culturales reflejan los modos de vida, los valores y los comportamientos de una determinada sociedad. Se trata, pues, de un producto cultural aunque su disfrute esté relacionado con el tiempo de ocio, que tampoco es sinónimo de entretenimiento”, concluye Del Corral.
Frente a lo que la Hacienda española interpreta ahora (al equiparar las entradas a espectáculos culturales con la compra de un coche, un gin-tonic o una crema hidratante), el artículo 4.4 de la convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada en 2005, es tajante: “Las ‘actividades, bienes y servicios culturales’ se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales”.
En resumen: no son una mercancía más. Un total de 126 países ratificaron o se adhirieron a la convención (España lo hizo en 2006), aunque la lista tiene una significativa ausencia: Estados Unidos, la potencia más interesada en tratar películas como bienes de consumo que irradien a las pantallas de todo el mundo. “EE UU prefiere que las mercancías culturales se traten solo como mercancías. Ellos e Israel fueron los únicos países que se opusieron a la convención”, recuerda Carlos Alberdi, que en 2005 ocupaba la Dirección de Cooperación Internacional en el Ministerio de Cultura, entonces en manos de la socialista Carmen Calvo.
Alberdi considera que la decisión de Hacienda de gravar las entradas a espectáculos culturales con el 21% no vulnera la letra de la convención, pero sí el espíritu. No solo eso: “También está usted vulnerando el sentido común”.
Milagros del Corral alerta sobre el retroceso en las políticas culturales
Los motivos para aprobar la convención, que fue ratificada por el Congreso de los Diputados y, por tanto, tiene rango de ley, siguen siendo válidos para Milagros del Corral. “Lo que ha cambiado son las condiciones económicas y la necesidad de ajustar los presupuestos. Es lamentable que, con este motivo, estemos retrocediendo también en los conceptos a la hora de formular políticas culturales. Ahora, el concepto de cultura parece limitarse a la oferta de las instituciones públicas mientras que se atribuye la etiqueta de ‘entretenimiento’ a las producciones de carácter privado cuyo éxito se hace depender del mercado”, reflexiona.
Julio de la Rosa, cantautor y compositor de la banda sonora de películas como Grupo 7 o Primos, se acoge a la definición de cultura de la Real Academia Española: conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. “Así que están insultando a buena parte de las manifestaciones culturales que permiten ‘desarrollar un propio juicio crítico’ (muchas solo entretienen, otras tantas entretienen y enriquecen). Y este insulto, de por sí, ya me parece un buen acicate para que los creadores persigan con más ahínco aún el objetivo de la definición. Con este tipo de medidas, corremos el riesgo de que al arte se dirija cada vez más al entretenimiento puro y duro, y así, a que estos tipos consigan su meta: que la gente no piense por sí misma”, plantea.
Aunque apenas ha transcurrido mes y medio desde la subida del IVA, el músico asegura que los efectos ya se notan. Hay menos conciertos, menos películas, menos público. “Le están haciendo un favor a la piratería de la que tanto se quejan”, lamenta.
“El entretenimiento también es cultura”, reivindica Agustín Díaz Yanes
Las previsiones de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española, que aglutina a unos 4.000 empresarios, son demoledoras: pérdida de 43 millones de espectadores, reducción de 530 millones de ingresos en taquillas, destrucción de 4.500 empleos directos y extinción de una de cada cinco empresas dedicadas a la música, el cine o el teatro. Incluso si el interés es meramente recaudatorio, la medida del Gobierno puede resultar contraproducente. “Los informes presentan un escenario de futuro escalofriante en caso de que su Gobierno no corrija la medida”, planteaba la organización empresarial en una carta remitida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La alarma se disparó también dentro de la casa. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, dejó claras sus divergencias con el área de Hacienda al poco de hacerse pública la medida. En una entrevista a Radio Nacional, aseguró que comprendía y compartía el malestar del sector. “Una sociedad libre, en un momento de enorme complejidad, necesita salvaguardar una oferta cultural lo suficientemente accesible para la ciudadanía para poder encontrar satisfacción y liberación a la carga de fatiga que le plantea la crisis”, declaró entonces. Y lo más significativo fue su anuncio de que se proponía “revertir lo antes posible” la medida.
Lo cierto es que la voz de Lassalle se apagó notablemente desde entonces y resonó la de su ministro, José Ignacio Wert, más complaciente con la voluntad de su colega Cristóbal Montoro. En su reciente presentación de los Presupuestos de 2013 en la comisión del Congreso, José María Lassalle volvió a defender la esencia de la cultura, aunque en un tono más comedido: “La cultura ni es un lujo ni es algo prescindible. Para mí es una necesidad cívica que, eso sí, cede ante otras más urgentes e imprescindibles de atender como pensiones, subsidios de desempleo o becas”, proclamó ante los diputados.
Rogelio Blanco: “Si España pierde su papel de potencia, alguien lo ocupará”
“Nadie pretende que la cultura quede al margen, pero deberían tener más cuidado. La gente con posibles no tiene dificultades para acceder a la cultura, pero con medidas como los cero euros para bibliotecas le están dificultando el acceso a toda una generación”, sostiene Agustín Díaz Yanes.
En general, los creadores y gestores creen que el Gobierno está exigiendo más sacrificios al sector cultural que a los otros. De hecho, España se ha convertido en el país de la eurozona que grava con el IVA más alto a los productos culturales. Ni siquiera Grecia, Irlanda o Portugal someten a sus cines, teatros y locales de conciertos a una presión fiscal similar.
“Es que la cultura es una inversión, no un gasto. Este Gobierno considera que es algo light que tiene que ver con el divertimento, pero si a España se la conoce en el mundo es por las playas, la paella, el flamenco, Velázquez, Goya y su cultura”, defiende Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas durante los Gobiernos socialistas. Antes de la crisis, las industrias culturales empleaban a 600.000 personas y generaban valor económico equivalente al 4% del PIB. “Estos recortes contribuyen a la pérdida de liderazgo y prestigio en un momento en que el español como lengua es tan pujante. Todo esto también paralizará a los editores. Y si España, que es la cuarta potencia mundial del libro, pierde su papel, otro lo ocupará rápidamente”, profetiza.
Con esas cifras a la espalda, el escritor Javier Marías sostiene que ni siquiera desde un punto de vista monetario puede considerarse a la cultura como superflua o lujo prescindible. En un artículo publicado en este diario afirmaba: “Los que escriben y hacen cine, los que interpretan y componen música, todos ellos dan consuelo al término de la jornada (...) Son parte de nuestra formación como personas y, si no otras cosas, nos enseñan a pasar por la tierra con una dimensión imaginativa, a mi modo de ver necesaria para comprender lo que nos pasa, y útil para aguantarlo”.
RESISTIR PARA AYUDAR A RESISTIR
POR JUAN MAYORGA
A los gobernantes siempre hay que recordarles que Pericles, el mayor defensor de la democracia ateniense, lo fue también del teatro, hasta el punto de que, además de promover la puesta en escena de las grandes tragedias, constituyó un fondo público que se hacía cargo del pago de las entradas de los ciudadanos que no podían costeárselas.
El teatro es el arte de la crítica y de la utopía. Es natural que sea temido por los enemigos de la democracia. Ha de ser, por supuesto, entretenido, pero su misión última es examinar posibilidades de la vida humana; es decir: examinar esta vida e imaginar otras formas de vivir. En particular, examinar el lenguaje que usamos e imaginar otros lenguajes posibles. Esa misión tiene una vigencia especial en nuestro tiempo, en que la llamada presión de los mercados está dañando no sólo la calidad de vida de muchas personas —especialmente de las más débiles—, sino también la calidad de la democracia y, desde luego, la calidad del lenguaje público, que se ha llenado de perversos eufemismos —el último: “modular el derecho de manifestación”—.
La libertad está seriamente amenazada por la extensión de un discurso según el cual no se puede hacer otra cosa que someter la vida a los mercados. Antes que haciendo declaraciones retóricas, para defender la libertad, los artistas deben ejercerla. Más que nunca, deben ser fieles a aquello que quieren decir y a cómo creen que deben decirlo. Así, resistiendo ellos, ayudarán a otros a resistir.
Juan Mayorga, matemático y dramaturgo, es el autor de Los chicos de la última fila, cuya adaptación al cine ganó la Concha de Oro en San Sebastián.
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