GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. ESTRATEGIA ESTADUNIDENSE DE CONTENCIÓN EN SUDAMÉRICA
Publicado el: 4 de octubre de 2012
Robinson Salazar Pérez. Sociólogo colombiano-mexicano de la Universidad Autónoma de Sinaloa
La guerra preventiva cierra su ciclo, el discurso de lucha contra el terrorismo se agotó, los hologramas del mal fueron diluyéndose, se ha quitado el velo confeccionado desde oficinas y esferas de los think tanks mediante la perseverancia de la denuncia, la claridad de las ideas y los argumentos que poco a poco han derribado falacias y demuestran que las denuncias, expuestas y defendidas, tienen bases y son incuestionables.
La crisis del neoliberalismo y el apetito de los bancos coadyuvó a cerrar el capítulo de la guerra preventiva y pasar a la guerra contra el narcotráfico: la administración del caos como estrategia exitosa para desordenar las casillas del tablero internacional.
Estamos ante un nuevo horizonte de confrontación que exige articular las variables que intervendrían en caso de un escenario bélico, dado que la guerra presente tiene signos distintos en Siria, Colombia, las tensiones de baja intensidad en el Cono Sur y, en particular, enVenezuela.
Guerra contra el narcotráfico
Los avances en materia de recuperación del papel del Estado en Sudamérica son significativos: la revolución bolivariana en Venezuela, acompañada por los procesos ecuatoriano y boliviano, han alterado el cuadro de dominación de Estados Unidos e incluso, cambiaron las formas de operar de las multinacionales, que debieron negociar mecanismos de trabajo distintos a los tradicionales, con beneficios para los países mencionados, mejorando sus políticas públicas.
Los gobiernos de los tres países, además de Brasil y Argentina, cuyos intereses tienen contradicciones con los propósitos manifiestos de la Casa Blanca en el Cono Sur, incomoda sobremanera a los agentes del mapa de la hegemonía de las multinacionales, banqueros y gobiernos afiliados al Grupo de los Ocho (G-8, conjunto de países industrializados con poderío político y militar), que custodian los intereses de la plutocracia que domina el planeta.
Para garantizar la explotación de recursos mineros, evitar la ocupación de tierras por campesinos empobrecidos allí donde las compañías extranjeras obtienen soya, trigo y biocombustible, se han venido conformando estrechas alianzas de cárteles de la droga con empresarios agroexportadores y hasta compañías que rentan ejércitos para contener las movilizaciones y llevar a cabo una “limpieza social”.
Existe una degradación en el mundo de los negocios y de las grandes transacciones financieras, donde el crimen organizado ha infiltrado esferas empresariales y círculos corporativos y, a su vez, se da una interpenetración, porque recursos provenientes de la ilegalidad de las drogas y actividades coadyuvantes del narcotráfico blanquean grandes sumas de dinero, cercanas a los 600 mil millones de dólares a escala mundial, y son operados por bancos, desarrollos inmobiliarios, empresas y almacenes que no tienen una larga vida, por el desplazamiento del dinero y la estrategia para evitar ser fiscalizados.
En Colombia sirvió como esquema preparatorio para el control territorial mediante alianzas con grupos de narcotraficantes y para disputar espacios a la guerrilla y a grupos minúsculos que habían entrado en el negocio de la droga. Un segundo paso fue obligar a muchos narcotraficantes y lavadores a invertir en esferas de la economía doméstica: loterías locales, fábricas de calzado, ropa, empresas de mensajería, transporte, establecimientos comerciales y producción agropecuaria. Hay localidades en Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca donde es notorio el crecimiento de empresas con este perfil.
Depurado el directorio de narcotraficantes, la guerra persistió bajo la llamada “Seguridad democrática” –ya no la “Seguridad ampliada”.
En el contexto de la “Seguridad ampliada”, se asumió una defensa nacional que, sin descuidar las tareas principales de defensa militar, incorpora la cooperación internacional como fundamento vital para confrontar al enemigo construido socialmente, toda vez que el gobierno y los medios magnifican los decomisos y aprehensiones para alimentar miedos y estirar hasta un punto de inflexión la percepción de inseguridad.
La cooperación internacional, auspiciada por organizaciones estadunidenses y con aval de organismos internacionales, impuso a casi todos los países latinoamericanos la Ley Antiterrorista, pasando la estafeta de la guerra preventiva a los gobiernos de cada nación, con apoyo de la Interpol, la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La guerra contra el narcotráfico combina dos estrategias: una de baja intensidad, dirigida a la población en general, orientada al cuerpo, la subjetividad y que tiene el firme propósito de instaurar miedo. La otra es la confrontación directa, guerra por espacios, demarcaciones de rutas y fractura de territorios nacionales para designar
zonas de alta peligrosidad, de choque, y zonas controladas.
Así, observamos a países como Colombia con zonas delimitadas y territorios fracturados, al igual que en Paraguay, país que ha sido escogido como cabeza de playa para albergar la guerra en Sudamérica.
Connotaciones del Cono Sur
El siglo XXI trajo cambios sustanciales en el Cono Sur: Argentina revirtió una crisis que nació en diciembre de 2001 bajo un gobierno neokeynesiano expansionista, de fuertes inversiones en política pública, que encaminó al país por el sendero de un Estado interventor que en algunas rubros va a contrapelo del modelo neoliberal, ocasionando tensiones con organismo internacionales y con Estados Unidos. Producto de esos desencuentros son las 47 demandas de sendos países, que abarcan más de 65 por ciento del total de las exportaciones argentinas. Todo ello se debe al proteccionismo practicado por la presidenta Cristina Fernández.
Brasil, abrigado en el grupo de los BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) también apeló al proteccionismo y adoptó medidas para incrementar los aranceles en más de 100 productos de importación, además de que constantemente limita el comercio exterior en materia de importaciones para garantizar el empleo y proteger su industria.
Uruguay, bajo las administraciones del Frente Amplio, también ha recurrido al proteccionismo en varios rubros: su política de legalizar el consumo de la mariguana, las tensiones con Argentina y Brasil en materia comercial y el tema de las Malvinas por el tránsito de embarcaciones hacia la Antártida, marca una connotación que explica su vinculación con los ejercicios navales antiterroristas de Estados Unidos titulados Partnership of the Americas 2012 y la unidad móvil (Military Training Team –MTT- Fuerzas Especiales-comandos navales estadunidenses, denominados SEAL).
Chile abrió las compuertas y acordó con Estados Unidos la base militar de Concón, al norte del Gran Valparaíso, financiada por el Comando Sur, cuya especialidad es la guerra urbana.
Existen posturas evidentes y movimientos nebulosos en el Cono Sur frente al conflicto que asoma la cabeza, haciéndose necesario avizorar lo que sucederá después de las elecciones en Estados Unidos. De lo que estamos seguros es que el cuadro político en la región sur cambiará después del 6 de noviembre: al igual que la eurozona tendrá la definición de su moneda, la sombra de guerra en Irán develará las intenciones bélicistas, América Latina tendrá un desafío que ahuyenta las certezas, dado que pasa por la inusitada paz que pretenden fabricar en Colombia, el refrendo de Hugo Chávez como presidente y el uso del narcotráfico como pretexto para nuevas confrontaciones bélicas en la región.
Por último, Paraguay –país con 406 mil 752 kilómetros cuadrados–, que colinda con Argentina, Brasil y Bolivia. En esa confluencia fronteriza destacan los puntos limítrofes en el sur, donde el río Paraná lo separa de las provincias argentinas de Misiones y Corrientes, y el río Pilcomayo, que delimita con Formosa. Hay que destacar que justamente en la zona de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones predomina el narcotráfico bajo el control de Joaquin El Chapo Guzmán, miembro prominente del cártel de Sinaloa, asociado con Ismael El Mayo Zambada, mancuerna delictiva que ha colaborado con la DEA, como lo afirma Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009 y recluido en una cárcel estadunidense.(*)
La permisividad de la DEA, que tiene monitoreo permanente en la zona del gran Chaco de Paraguay. con soporte tecnológico-militar en las bases de ese país, y los programas de colaboración entre Washington y el gobierno de Asunción, revela la complicidad del organismo estadunidense con cárteles continentales. En Argentina, extendida a las provincias del centro-este –Paraná, Santa Fe y Córdoba–, hay indicios fundamentados del traslado de droga sintética por parte del cártel de Los Zetas desde 2008 a la fecha, sin que exista una medida coactiva o coercitiva para detener el flujo de estupefacientes de laboratorio dirigido al mercado europeo y asiático.
La guerra como objetivo estratégico
El interés primordial del gobierno estadunidense es instaurar, bajo el paraguas del régimen golpista de Federico Franco –quien suplió a Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, tras la defenestración de éste mediante una farsa legaloide– apunta hacia la consolidación de una plataforma de contrainsurgencia en Paraguay.
La trama golpista guaraní descubre la estrategia para instalar un frente de guerra contra el narcotráfico en Paraguay, poniendo énfasis en el Chaco, desde donde se afectaría al norte argentino y colocaría un foco de atención sobre la administración de Cristina Fernández, debido al alejamiento de ésta de las pretensiones de la Casa Blanca sobre la región conosureña.
Una base recientemente rechazada por la cancillería y el Ministerio de Defensa argentinos –el 5 de junio de 2012– que Estados Unidos pretendía construir en la provincia de Chaco, autorizada por el gobernador Jorge Capitanich y arropada por el Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias, aprobado en 2006, alteró las reglas del juego, pero no el juego mismo. Así, una vez que la construcción de la misma fue desautorizada, se fraguó la deposición del presidente Lugo en Paraguay y se mantuvieron en marcha los ejercicios naval-militares en el río de La Plata, con el equipo móvil (MTT), grupo especializado de las fuerzas estadunidenses que entrenó a militares uruguayos en tácticas y técnicas para el control del mar fronterizo y la intervención de embarcaciones –procedimiento conocido como Contrainterferencia Ilícita de Buques–, entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012.
Las maniobras de los comandos navales, llamados United States Navy Sea, Air and Land (SEAL), proyectan un escenario intimidatorio contra Argentina y Brasil, al sembrar la amenaza de un teatro de guerra y distraer a los gobiernos de las dos naciones; implantar el concepto de guerra como método para combatir el narcotráfico; cargar de subjetividad colectiva a los pobladores sobre la necesidad de combatir la actividad ilícita que ellos provocan y toleran; alterar la estabilidad de la región y, ante todo, aprovechar el caos para recuperar un dominio que han estado perdiendo por las decisiones tomadas por ambas naciones y parte de los países de la región andina.
La guerra se asoma: Paraguay –por conducto de su presidente– acusa a Bolivia de amenaza bélica; confronta a Venezuela por el ingreso al Mercosur; reclama ayuda a Estados Unidos para combatir al narcotráfico; hay presuntos grupos armados beligerantes y supuesta presencia del terrorismo en su territorio. Todo apunta hacia una acción beligerante para admitir la necesidad de combatir el crimen organizado, sin reconocer que un gran número de militares, empresarios y gobernantes están involucrados en la ilegalidad que denuncian y discursivamente quieren combatir.
Por conducto de la ministra de Defensa de Paraguay, María Liz García, se acusa reiteradamente a Bolivia de ser un foco de peligro, porque “realiza inversiones millonarias en sus fuerzas armadas, con la ayuda de Venezuela”, en una supuesta carrera armamentista.
Además, está el pronunciamiento –el 6 de septiembre pasado– de dos legisladores de la derecha de Paraguay, Víctor Yambay y Édgar Ortiz, apoyando la instalación de una base militar de Estados Unidos en el Chaco (noroccidente), con el propósito de “defender” al país de un supuesto ataque de naciones vecinas ante la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo. Estos parlamentarios proponen la instalación de la base estadunidense financiada con 560 millones de dólares que se obtendrían del recorte en los presupuestos de educación y para infraestructuras programadas.
Hay dudas en el ambiente y una la representa Uruguay, donde no se sabe qué acuerdos se firmaron después de los ejercicios de los SEAL. ¿Aceptará Brasil la instalación de un clima de guerra cercano a sus fronteras, en momentos que existen tensiones con el gobierno paraguayo por el precio que paga por la energía? ¿Argentina desplazará fuerzas militares y de gendarmería a la Triple Frontera (Foz de Iguaçú) para evitar flujos desestabilizadores? ¿Uruguay será el punto de tensión entre Estados Unidos y Argentina por los apoyos que recibe al participar en los ejercicios militares y misiones internacionales que redundan en equipamiento de armas y vehículos para sus fuerzas armadas?
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