El 30 de abril se publicaba en Correctiv.org el reportaje sobre la situación en los campos de fresas y frutos rojos de Huelva. Sus autoras, Pascale Müller y Stefania Prandi, cuentan la historia de Kalima, una mujer que huyó del hombre que la violaba, su supervisor, en los campos de fresa.
Es la historia también de Sabiha, que define a ‘Juan’, el jefe de los cultivos, como “cruel y sin corazón”. Es un trabajo periodístico documentado y exhaustivo, en el que la violación es solo la fase final de un día a día de abusos verbales, de amenazas y coacciones. Un trabajo que ha sacudido los muros de silencio en torno al trabajo de los cientos de mujeres marroquíes que cada año se desplazan a Huelva para la temporada de la fresa.
Pascale Müller.
Desde hace semanas el escándalo de las violaciones de temporeras procedentes del Magreb y de Europa del Este en las plantaciones de fresas de Huelva ha ocupado portadas en todos los periódicos. La periodista alemana Pascale Müller explica a El Salto cómo comenzó su investigación. En realidad, asegura, tenían indicios de estas prácticas de abusos sexuales a través de una investigación anterior realizada en Italia por la otra colega en el proyecto, Stefania Prandi, para el medio Vice.
Tras hablar con sociólogos y expertos llegaron a la conclusión de que si los maltratos y violaciones entre trabajadoras temporeras se daban por su indefensión en Italia, con toda probabilidad ocurriría en otros países. De ahí que su investigación no se centre solo en la fresa de Huelva, sino que han documentado casos de abusos también en la recogida del tomate en Marruecose Italia.La parte de la investigación que desarrollaron en Marruecos tuvieron que llevarla a cabo con un visado de turistas, por el férreo control a la prensa que existe en la dictadura.
Para Pascalle Müller, lo denunciado se trata de “un problema estructural”, no es algo que solo pase en una empresa o incluso un tipo de cultivo, subraya. Las condiciones de precariedad de las viviendas, la dependencia económica del trabajo en el campo así como el que en sus países de origen tengan una familia a la que alimentar unido a la falta de conocimiento del idioma y de las leyes, hace que las mujeres se encuentren en una situación de indefensión frente a los atacantes.
Pascalle Müller explica que, de cien entrevistas realizadas, 28 mujeres aseguraron haber sido violadas y muchas haber sido agredidas de alguna forma
Stefania Prandi.
Müller explica que las mujeres en Huelva vivían “sobre todo en viviendas prefabricadas”, hacinadas, con hasta seis literas por cuarto. En muchos casos, destaca en su reportaje, no había duchas o cocinas. “Son condiciones indignas o muy precarias. Dependen del trabajo, tienen miedo a perderlo y tener que volver a su país”, resume lo que muestra el reportaje, que ha sido fruto de una cooperación entre el portal de noticias BuzzFeed y el centro de investigación periodística sin ánimo de lucro Correctiv.
La repercusión que la investigación ha tenido en España ha sido inesperada para las periodistas, que están satisfechas de que se haya hablado y visibilizado el problema de las temporeras. En Alemania, sin embargo, afirman que, a pesar de que ha salido en la prensa, no hubo consecuencias políticas directas ligadas a la investigación.
En el reportaje explican que hasta el 80% de las fresas que se importan en Alemania proceden de Huelva. Müller no se muestra a favor de boicotear productos y cree que los consumidores finales alemanes tampoco han de ser criminalizados por su consumo.
“Llegaron a afirmar que estamos pagadas por la industria alemana de las fresas”, asegura Pascalle Müller. “Nosotras somos periodistas, nos limitamos a investigar, que es nuestro trabajo como periodistas”, añade. Müller cree que el problema en este caso está en el país en el que se producen las violaciones de derechos, que es el que tiene que evitar que se produzcan tomando las medidas necesarias.
“La prensa tiende a presentarlo todo como blanco o negro, es decir, como escándalo generalizado o como casos aislados. Nosotras creemos que en este caso se trata de algo intermedio”, resume. Explica que, de cien entrevistas realizadas, 28 mujeres aseguraron haber sido violadas y muchas haber sido agredidas de alguna forma. Los ataques tuvieron lugar durante el trabajo. “No creo que se pueda hablar simplemente de casos aislados, sino de problema estructural”, concluye.
Hasta para ser violada es mejor ser blanca. Sobre las temporeras de Huelva y la inacción del feminismo
Rompemos nuestro silencio como Afroféminas porque nos parecía que teníamos la obligación de señalar una nueva opresión que está sucediendo dentro del feminismo. La invisibilización y completo olvido a las temporeras racializadas de la fresa de Huelva.
No somos una ilusas, no esperábamos mucho. Lo denunciamos constantemente y clamamos en el desierto. Después de nuestra posición de no secundar la Huelga feminista del 8 de Marzo, y explicadas las razones para ello, recibimos toneladas de críticas, pero también de comprensión y solidaridad por parte del feminismo blanco. Pero sabíamos que no había cambiado sustancialmente nada.
La actualidad, muy tozuda, a puesto dos temas en la palestra y los ha comparado a las claras: La libertad condicional de “la Manada”y las denuncias de las temporeras racializadas de Huelva.
Los ha comparado en términos de movilización. Las calles se llenaron con la puesta en libertad de “la Manada” y las asociaciones feministas blancas se volcaron en las mismas. Una movilización impresionante, que celebramos. En el otro lado las manifestaciones de apoyo a las temporeras fueron minúsculas y las mismas organizaciones feministas no fueron proactivas en la movilización de sus bases.
Los ha comparado en presencia mediática. No hay color. Los minutos de televisión, radio, presencia en digitales, etc. que ha ocupado el tema Manada en los últimos días es abrumadoramente superior al la ínfima presencia de las denuncias de las temporeras. Las gurús de la mañana televisiva han hecho suyo el tema, seguramente porque se sienten más cercanas a la víctima de La Manada que a las temporeras, a las que posiblemente ven más como criadas o cuidadoras (las suyas), que como mujeres. Ese feminismo mediático que tiene poder, demuestra todos los días cual es su agenda. No es la nuestra.
Los ha comparado en términos de apoyo político. Aparte de excepciones (muy pocas), las políticas y políticos se han pronunciado en masa ante el tema de La Manada dejando clara sus posiciones y casi sin excepción se han solidarizado con la víctima. No recuerdo a las líderes del PSOE, Ciudadanos, PP, etc. apoyando a las temporeras. No recuerdo a ninguna ministra de este gobierno tan paritario haciendo declaraciones, día si y día también, sobre ellas.
Los ha comparado en consecuencias. Ya os decimos que la temporeras seguirán viviendo en las mismas condiciones. Nada cambiará para ellas y si lo hace será por su lucha, no porque reciban ninguna ayuda del feminismo blanco.
¿Que de diferente hay en las mujeres abusadas en los campos de la fresa en Huelva a los de los que reciben las mujeres blancas? Todas sabemos la respuesta y debemos verbalizarla. Tenemos que dejar de intentar ser aceptadas e incorporadas. Debemos dejar de suplicar que se nos acepte. Somos mujeres racializadas y tenemos capacidad para liderar nuestras luchas, lamentablemente sin apoyo. Pero nosotras no somos las que debemos cambiar. Cuando dejen de vernos como inmigrantes ajenas, inferiores e ignorantes, podremos empezar a hablar.
Nuestra solidaridad con la víctima de los mal nacidos de “La Manada”, pero sinceramente, se nos acaba el amor para dar. Tenemos el absoluto convencimiento de que si la víctima de la Manada fuera una chica racializada la historia sería diferente. Hoy incluso los violadores estarían absueltos. Es duro decirlo pero hay que decirlo. Eso es este país hasta para que te violen es mejor ser blanca.
No hemos descubierto nada nuevo, lo sabíamos. Lo denunciamos los días previos al 8 de marzo y lo seguiremos denunciando. Para el feminismo somos un accesorio, muy bonito y colorido. Quedamos muy bien en las manifestaciones con nuestros afros y velos. Siempre se puede colocar alguna en la cabecera de la pancarta. Pero solo somos eso. No entienden nuestros reivindicaciones, ya que cuando llega la hora de demostrarlo, siempre nos fallan.
Estamos en las mismas condiciones previas al 8 de marzo. Con lo cual, a día de hoy, no secundaremos el próximo tampoco.
Un desempleado de 37 años, Naser Zafzafi, el considerado líder de las protestas populares en la región marroquí del Rif, ha sido detenido acusado de “atentar contra la seguridad del estado”, además de por interrumpir el culto en una mezquita el pasado viernes 26. Ha sido trasladado a Casablanca y puede ser condenado hasta a tres años de prisión.
Naser Zafzafi se dirige a una multitud tras una manifestación
Más de 40 personas vinculadas al movimiento popular de protesta en el Rif (‘hirak chaabi’ en árabe, mismo nombre que el partido nacido bereber, de ideología liberal, que cuenta con representación parlamentaria) han sido detenidas y han denunciado golpes, insultos y humillaciones según sus abogados. Las manifestaciones se suceden ya no solo en la región sino también en otras ciudades marroquíes, incluso frente al Parlamento, en Rabat. Un periodista argelino del diario Al Watan, Yamel Alilat, fue detenido en Nador el domingo 28 y expulsado del país.
El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiqh, fue uno de los que encendió todo. Tras unas polémicas declaraciones –luego matizadas- donde calificó de ‘virus’ a los cristianos y chiítas en Marruecos (recordemos que si bien hay libertad de culto no se permite el proselitismo religioso y mucho menos la conversión de un musulmán a otra religión) indujo a una jotba o sermón el viernes 26 –precisamente en vísperas del Ramadán- en las mezquitas de Alhucemas en contra de los opositores, lo que motivó la respuesta de Zafzazi al imán, diciendo que hablara de religión y no de política. A partir de ahí, el caos, el intento de detención, vuelve a su casa y desde la azotea se dirige a la multitud que intenta evitar su arresto para luego huir hasta que ha sido detenido. Desde entonces, siguen las protestas.
Se trata del último episodio de toda una serie de capítulos que se iniciaron hace ya siete meses, el 28 de octubre de 2016, cuando un vendedor de pescado, Mohcin Fikri, de 31 años, compró 500 kilos de pez espada, la policía se lo incautó a la salida del puerto de Alhucemas y decidió destruirlo. Tras tirarlo al interior de un camión triturador de basura, el pescadero se tiró dentro para sacarlo, quedó aplastado y murió en el acto. El cadáver fue retirado por los bomberos y gente con móviles grabó los hechos.
Manifestantes con la bandera de la República del Rif y la amazigh
Esa muerte sirvió de aglutinante de las protestas, siempre pacíficas, según se han encargado de recalcar los líderes del movimiento popular, de una región que siempre se ha considerado marginada por Rabat y que vivió una república independiente en el Rif. De hecho vivió una histórica represión, más que documentada, de las manos del entonces príncipe y luego rey Hasán II (1929-1999) –que llamó “escoria” a los rifeños- con bombardeos masivos y donde actuó el llamado ‘carnicero del Rif’, el general Mohamed Ufqir (1920-1972). Algunas fuentes cifran las victimas en más de 6000.
Recordemos que Alhucemas es una ciudad fundada por españoles –en 1955, un año antes de la independencia de Marruecos, más de la mitad de la población era española- y fue conocida por Villa Sanjurjo. Además es donde existe la mayor proporción de marroquíes capaces de hablar español, un 73 % según datos recabados en el país vecino. Curiosamente, Zafzazi no lo habla. Está hermanada entre otras ciudades españolas con Almería además de Almuñecar y Motril, en Granada y cuenta con unos 240 000 habitantes la provincia y 56.000 la ciudad.
La zona siempre ha tenido la sensación de abandono por parte de las autoridades, baste un sencillo ejemplo, tras el terremoto de febrero de 2004 en la región, la primera ayuda en llegar sobre el terreno no fue la de Rabat sino la española, a través de la ciudad de Melilla.
El pasado 7 de abril, el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas, condenó a penas de entre cinco y ocho meses de cárcel a siete personas implicadas en la muerte de Fikri. Para darse cuenta de lo que suponen estas sentencias se pueden comparar con otras, por ejemplo, ocho meses a quienes en Sidi Ifni enarbolaron una bandera y pidieron pacíficamente la nacionalidad española, o también solicitar cinco años de cárcel a un periodista, Ali Anouzla, acusado de utilizar la expresión Sáhara ocupado. Participar, por activa o pasiva, en matar a un ser humano como ha sucedido en Alhucemas está menos penado. Las comparaciones, qué gran verdad, son odiosas.
El 18 de mayo se celebró la última de las manifestaciones y protestas que se han sucedido a lo largo de estos siete meses, con la presencia de 70 000 personas tras haberse celebrado una huelga general. Tras esta nueva protesta se hizo un auténtico desembarco en Alhucemas –pero no como el histórico de 1925- de varios ministros y altos cargos para volver a prometer toda una serie de inversiones y actuaciones, bajo el nombre de ‘Manarat al Mutawasi’ (Faro del Mediterráneo) que ya eran conocidas y habían sido anunciadas para el periodo 2015-2019, pero que la gran mayoría presenta un enorme retraso. Los anuncios tuvieron lugar ante representantes civiles aunque no había ninguno de los organizadores de las protestas populares.
El órdago en la respuesta de los opositores fue doble, por un lado pidiendo la implicación directa del rey Mohamed VI y, por otra, con un llamamiento para el próximo 21 de julio con una movilización con el ambicioso objetivo de la marcha de un millón de personas, coincidiendo con el aniversario del conocido por la historiografía española como ‘desastre de Annual’.
Policías antidisturbios y fuerzas militares (una de las peticiones es, precisamente, que el Rif deje de ser una zona militarizada según un decreto de 1958, que el Gobierno dice estar derogado al crearse la división administrativa del Reino), están desplegadas y el majzén intenta desprestigiarlos acusando de “separatistas” a los organizadores, queriendo enlazarlos con el enemigo histórico marroquí, Argelia, y de recibir financiación del exterior. Es la misma estrategia que en el Sahara.
Otro detalle, el pasado marzo se enfrentaban en partido de liga, el equipo local, Chabab Rif Alhucemas (CRA) contra el que ha terminado siendo campeón esta temporada de la Botola-1, el Wydad Casablanca (WAC). El encuentro terminó en 1-2 con graves incidentes y 69 heridos, de ellos 15 policías y 16 detenidos. Los hechos fueron aprovechados políticamente por medios oficiales criticando el “vandalismo” de los rifeños. Medios televisivos marroquíes han recogido esas imágenes y han querido pasarlas como actuales tras la detención de las más de 40 personas del movimiento opositor. Se han pedido explicaciones al Gobierno.
Las reivindicaciones de los opositores rifeños son claras y sencillas, al igual que sus consignas, “contra la militarización, la corrupción y la humillación de un pueblo”, y están basadas en temas sociales, sanitarios, económicos y educativos. Así se pueden citar peticiones históricas como la creación de un hospital dedicado a enfermos oncológicos, ya que es una zona donde abundan los enfermos de cáncer. El centro hospitalario se empezó a construir en abril. Del mismo modo, piden más centros de salud y un centro para atender a discapacitados.
También solicitan la creación de una Universidad multidisciplinar, actualmente los rifeños deben ir a la Universidad a Tetuán o a Uchda, ambas cuentan por cierto, con departamento de español. Asimismo, la ampliación de la red escolar, escuelas secundarias y centros de formación. La respuesta de las autoridades, por cierto, respecto a la Universidad es que el municipio de Alhucemas ceda terrenos.
En lo económico, una reconversión del sector pesquero, con unidades de procesamiento de productos que puedan absorber el galopante desempleo juvenil, además de la mejora de los pequeños pescadores con ayudas sociales.
En cuanto a las infraestructuras, acelerar la construcción de la carretera Alhucemas-Taza, la ampliación del aeropuerto intentado atraer compañías de bajo coste y una conexión ferroviaria. Hay también reivindicaciones culturales, desde la necesidad de un teatro, una biblioteca, un conservatorio o acelerar otra vieja promesa, el Museo del Rif, que está retrasado “por cuestiones administrativas”, según explicó el director del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Driss Al Yazami, quien auspicia el proyecto. Otra petición es la adopción de la lengua amazigh en la administración local.
Respecto a temas administrativos, reclaman el cese de las expropiaciones no justificadas y las confiscaciones de tierras públicas, incluidos bosques y la reserva de puestos de trabajo en las administraciones de la zona para los residentes rifeños.
Hay que indicar una obviedad, la solicitud de mejoras es común en otras regiones de Marruecos, desgraciadamente hay zonas que tienen muchas más carencias que las que sufre el Rif.
Lema de Abd-el Krim y el movimiento opositor, con la pregunta sois un gobierno o una mafia, en inglés y árabe.
El líder inspirador de todo este movimiento es el histórico caudillo Abd el-Krim (1882-1963), que nunca volvió al Marruecos independiente y murió en el exilio en Egipto, muchos de los manifestantes se consideran sus nietos. Sus banderas, principalmente la de la República del Rif, y también la amazigh o bereber. Su lema, basado en Abd el-Krim, ‘Sois una mafia, no sois un Gobierno’.
En cuanto al idioma, es la zona de Marruecos, como se ha citado, es donde más se habla español y también el bereber –hay que abundar que el amazigh que hablan es un dialecto, el rifeño o chelja, diferente al de otras zonas de etnia también bereber de Marruecos y que, curiosamente, se expande por la cerrada frontera con Argelia, donde hay bereberes que también hablan este dialecto norteño que manejan, según algunos cálculos, entre 4 y 5 millones de personas-.
Otra peculiaridad de la zona, además de contar con un partido propio, el citado Movimiento Popular, -mismo nombre que el actual movimiento de protesta- es que el partido más votado está en la oposición en Rabat, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que preside un rifeño Ilias el Omari –su hermano Omar fue alcalde de Tánger-. La alcaldía de Alhucemas la ostenta el PAM en la persona de Mohamed Boudra. Sin embargo, hay que aclarar que en la zona apenas vota el 35 % de la población.
El único partido que se ha identificado con las protestas ha sido el que califiqué tiempo atrás como Podemos marroquí, la Federación de Izquierda Democrática (FGD), que tiene dos parlamentarios en Rabat y que preside Nabila Mounib quien ha criticado las detenciones y expresó la necesidad de construir “un sistema democrático real”.
El conflicto también ha tenido su repercusión en el extranjero ya que hay miles de rifeños que trabajan en Europa. En Madrid ya hubo una concentración el pasado 7 de mayo y se han reunido recientemente rifeños para coordinar protestas además de producirse concentraciones. Hay grupos organizados en Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias. Para completar el panorama, la independentista CUP de Cataluña ha mostrado su respaldo a los manifestantes de Alhucemas y promoverá una declaración de apoyo. Como curiosidad muchos marroquíes que conocen España califican a los rifeños como “nuestros catalanes”. En Europa, también se han organizado en Holanda, Bélgica y Francia además de anunciar una concentración ante la sede de la Comisión Europea.
En estos siete meses se ha intentado de una manera u otra, primero aminorar con gestos las protestas para acabar queriendo amedrentar y descabezar el movimiento popular. Hasta una diputada insultó a los rifeños enlazándolos con el ‘enemigo exterior’ criticando a manifestantes que portaron banderas españolas. Además en Nador, –ciudad cercana a Melilla, pendiente de la construcción de un nuevo superpuerto- aparecieron de nuevo los matones del régimen, los baltajiya –remedo de los shabiha del régimen sirio- en las calles. Ya habían aparecido durante las protestas del movimiento 20 de febrero en la zona, o más recientemente en el juicio a los saharauis de Gdem Izik. Es el mismo estilo.
Otros actúan desde las redes sociales intentando desprestigiar a los manifestantes y sus líderes, además de a periodistas, -incluidos españoles, por cierto- por todos los medios e idiomas, están a sueldo del régimen y no es más que un ramal de lo ya anunciado el pasado abril de 2016 con el reclutamiento de internautas a favor del Sahara marroquí.
Habrá que esperar cómo evolucionan los acontecimientos, el próximo capítulo está por escribir.
"La raíz de la crisis está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales"
Isabelle Bourboulon, periodista y escritora ATTAC FRANCIA
Isabelle Bourboulon, periodista, escritora y miembro de ATTAC Francia – grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, está en España para presentar el libro "10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas" (ATTAC). La principal denuncia es el impacto negativo que producen los mercados financieros "cortoplacistas y antidemocráticos" provocadores de la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático.
10 años de crisis. ¿Cuál es la alternativa al mercado financiero “desregulado”?
La alternativa es difícil de poner en marcha porque los Gobiernos europeos no han tomando decisiones acertadas, ni las están tomando. Desde hace 10 años, las reformas que se han llevado a cabo –con la intención de evitar otra crisis– han sido incompletas y superficiales, por tanto, estamos en riesgo de caer en otra. No deberíamos confiar más en los Gobiernos actuales. El problema de la hegemonía de las finanzas a nivel mundial se soluciona con voluntad política y ciudadana, con el objetivo de regular y limitar el poder de los bancos. Los ciudadanos tenemos un papel clave en este sentido, podemos denunciar, protestar y actuar.
En Francia, ATTAC acaba de ganar dos juicios. Apple y el banco francés BNP nos denunciaron por realizar acciones de desobediencia cívica. En relación a Apple, ocupamos una de sus tiendas más grandes de Francia, protestamos porque muchas multinacionales no pagan impuestos donde deberían. En el caso del banco, sacamos todas sus sillas a la calle (luego las devolvimos), nos acusaron de robo. Nuestra acción era simbólica y por supuesto pacífica. El juez en ambas sentencias dictaminó que las acciones eran de interés general, por tanto, vamos a seguir realizándolas porque demuestran que tenemos legitimidad sobre los mercados. Muchos expertos y políticos llevan años diciendo que los mercados se autorregulan solos pero la crisis demostró que no es cierto.
¿Si las empresas fueran más transparentes en materia fiscal habría menos desigualdad?
En general, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, en el sector financiero pasa lo mismo con los bancos. No existe armonía fiscal a nivel europeo, las grandes empresas optan por la optimización fiscal, es decir, declaran sus impuestos en países donde la tasa es muy baja, como hace Apple y eso hace daño a las pequeñas empresas locales. Reformar las finanzas es complicado, el sistema está desregulado y liberalizado, los capitales pasan de un país a otro a golpe declick. La Comisión Europea está tratando de armonizar las leyes fiscales a nivel europeo, pero hasta ahora no se ha actuado. Por eso no se puede confiar en las autoridades, en la mayoría de ocasiones, son cómplices de los mercados.
¿Qué propone para que la ciudadanía tome el control de las finanzas?
En ATTAC trabajamos en base a dos pilares. Por un lado, trabajamos la parte teórica con expertos y economistas heterodoxos sobre cómo reducir la desigualdad, medidas relacionadas con el medio ambiente o la transparencia de las empresas, entre otros. Por otra parte, trabajamos la acción ciudadana. Cuando ocupamos Apple pintamos los cristales de la tienda con pintura blanca con la intención de protestar contra la opacidad de una empresa que no paga todos sus impuestos. Grabamos y compartimos las acciones para hacer ruido y concienciar a la sociedad. Es un trabajo a largo plazo y vamos a extenderlo a toda Europa.
¿Qué papel deben asumir los movimientos sociales?
El rol de los movimientos sociales es denunciar, protestar y actuar. La última manifestación que ATTAC organizó en Francia en contra de la reforma del ferrocarril reunió a partidos políticos y organizaciones sociales. Salieron unas 200.000 personas a la calle. Estamos concienciando poco a poco a la ciudadanía y no solo en materia de finanzas, también en relación al problema del medio ambiente y el cambio climático. Susan George, una de las fundadoras de ATTAC, señala que “en la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente”. Tendría que ser justo al revés.
La Tierra nos está avisando de que las consecuencias de la actividad humana degenerativa se acercan.
El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción. Por otro lado, hay que tener en cuenta el cambio climático, estamos a punto de superar la temperatura límite acordada en el Acuerdo de París. Habría que pensar en otro modelo económico completamente diferente que no esté basado sobre el crecimiento ni en el neoliberalismo.
¿Qué modelo propone?
Existen alternativas locales. Yo vivo en el norte de Marsella y muchos productores están renovando su sistema de producción y de comercialización, se agrupan para producir productos con mejor calidad, biológicos u orgánicos. Son alternativas pequeñas y territoriales. Hay que empezar a consumir y producir de manera responsable. El problema es que las alternativas no se traducen en políticas. También creo que los jóvenes están más sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y están empezando a formar comunidades y cooperativas, llevan a cabo muchas iniciativas y eso es esperanza para el futuro.
La nueva ministra para la Transición Ecológica en España, Teresa Ribera, ve poco futuro al carbón y pretende derogar el impuesto al sol.
Entre las promesas políticas y lo que se lleva a cabo hay una gran diferencia. En Francia también nos prometieron cerrar las centrales nucleares pero producen el 75% de la electricidad del país y no es viable. Alemania es un buen ejemplo de políticas públicas basadas en energías renovables.
El lobby financiero tiene un papel importante en este escenario.
En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas en muchas ocasiones. El impuesto de transacciones financieras internacionales lo bloquearon ellos.
¿Cómo deben interactuar los actores económicos para lograr la prosperidad?
La convergencia de todos las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. En primer lugar, habría que crear una alianza global y convergente para lograr esta prosperidad. Por parte de los Gobiernos no hay mucho que esperar. En España, con el cambio de Ejecutivo veremos si se cumplen las expectativas, de momento, el Presidente ha roto con la dinámica anterior nombrando mayoría de ministras y eso es significativo, esperemos que no se quede solo en una estrategia de marketing. A nivel europeo, creo que Pedro Sánchez se va a llevar bien con Emmanuelle Macron.
¿Estamos saliendo de la crisis?
No. Seguimos inmersos en ella. Estamos en una crisis estructural, no coyuntural. La raíz está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales. Vamos a seguir en crisis. Los recursos naturales se agotan, las desigualdades se agravan y no creo que sea posible seguir creciendo. Los gobiernos socialistas no pueden solucionarlo, los préstamos sociales se irán reduciendo y mientras aumenta la riqueza de los fondos de inversión. Las finanzas no se han regulado adecuadamente a nivel mundial, por tanto, mañana mismo podríamos entrar en una nueva crisis.
Pero estamos a tiempo de encontrar soluciones.
Macron dijo en Francia que implantaría más políticas sociales y protegería a los más vulnerables pero no lo ha llevado a cabo, solo ha aprobado reformas en contra de las necesidades humanas. La presión europea pesa. Vivimos en una época en la que el poder político ya no controla casi nada, el poder se concentra en las multinacionales, los mercados financieros y los grandes bancos. Es una visión pesimista y precisamente por eso queremos involucrar a los ciudadanos para que todos ejerzamos como contrapoder.
Con la sección de mi blog, Mujeres Inspiradoras abrí una puerta para presentar mujeres que de una manera u otra me inspiran. Con este post tengo la dicha de decir que puedo conocer a todas estas mujeres que me inspiran día a día, como mujer, como mujer negra, como mujer negra inmigrante.
Aquí les comparto este corto-documental que creamos algunas mujeres negras inmigrantes que vivimos en Buenos Aires. Gracias a #afrohunting he conocido a un grupo numeroso de personas con las que me la paso aprendiendo. Esta vez quisimos que otros también aprendan que estamos aquí, que en Buenos Aires también estamos y estamos unidas en esta lucha de la invisibilización.
A pesar de la victoria de Iván Duque en las elecciones presidenciales de Colombia, no sería acertado pensar que Gustavo Petro ha sufrido una derrota. ¿Cuáles son los retos del nuevo presidente? ¿Cómo podría la oposición salir reforzada para las próximas elecciones?
Los resultados electorales en Colombia no han sorprendido a nadie y, finalmente, el candidato uribista, Iván Duque, se impuso al progresista y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al hacer valer un 54% de los votos, equivalentes a casi diez millones y medio de votos. Así, esta victoria del uribismo, secundado por los partidos tradicionales y la gran parte del establecimiento, muestran la capacidad de movilización de Álvaro Uribe y la cultura política conservadora que predomina en Colombia, sobre todo, entre los mayores de cuarenta años y la amplia dimensión rural del país.
Sin embargo, sería frívolo considerar el segundo puesto obtenido por Gustavo Petro como una derrota electoral. Haber conseguido más de ocho millones de apoyos y haberse impuesto en más de 300 municipios del país no es una cuestión baladí. Bogotá – un voto predominantemente urbano, y con una gran movilización del voto joven y estudiantil- o algunas partes del Caribe y casi todo el Pacífico se posicionaron con una alternativa de izquierdas de manera insólita en la historia democrática del país. Nunca antes la izquierda en Colombia, por cierto, uno de los países con la cultura política más conservadora del continente, el progresismo había obtenido un respaldo semejante.
Entonces, si el uribismo queda reforzado y el progresismo se erige como principal vector de la oposición -con Gustavo Petro en calidad de senador gracias al nuevo estatuto de la oposición aprobado en Colombia-, ¿quiénes son los perdedores al respecto? En primer lugar, y como se aprecia tras el resultado electoral en la primera vuelta presidencial, se encontraría el Partido Liberal. Un pírrico apoyo electoral a Humberto de la Calle, sumado a una lucha de intereses clientelares resultan, cuando menos, en una profunda crisis de identidad a uno de los partidos tradicionales de Colombia.
Una pantalla muestra los resultados electorales en Colombia. (Raul Arboleda/AFP/Getty Images)
Otro perdedor a destacar, son las extintas FARC-EP. Si bien hace unos meses se refundaban en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, su tránsito hacia la vida política ha estado plagado de errores de cálculo, y el escenario renovado para la izquierda colombiana que podía haber supuesto su entrada en política –como sucediera con la guerrilla M-19 hace casi tres décadas– ha terminado siendo más mito que realidad. Nunca supieron construir un espacio de izquierda renovada, y más bien todo lo contrario, han sido (auto)relegados a una posición tan marginal como minoritaria.
El gran perdedor ha sido Sergio Fajardo. Todo el aire nuevo, de confianza y cambio que dejaron consigo los más de cuatro millones obtenidos en la primera vuelta, se han ido desdibujando como resultado de una posición tan tibia como ambivalente –extensible a buena parte de la campaña electoral- y que le condujo a optar por el voto el blanco. Esto, aun cuando sus principales apoyos, como el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, o la exsenadora Claudia López se posicionaron claramente en apoyar a Petro. Un apoyo que no solo casi duplicó los resultados de la primera vuelta, sino que en Bogotá le sitúan como principal fuerza política, por encima de Fajardo. Así, en un eventual escenario de creciente polaridad, muy posiblemente, si el proyecto de Colombia Humana sabe mantener el rédito político de ser la principal fuerza opositora, lo normal sería que Gustavo Petro u otra fuerza progresista volviera a intentar, con serias opciones, llegar a la presidencia de Colombia en 2022.
Y es que, conviene señalar que los ocho millones de apoyos a Gustavo Petro deben entenderse como un aviso al establecimiento colombiano. Es decir, ser uno de los países más desiguales y excluyentes del mundo, con más de ocho millones de desplazados y unos niveles exacerbados de concentración de la riqueza o propiedad de la tierra, a duras penas pueden soportar una gestión pública que siga sin asumir el problema de la violencia estructural que, desde hace un siglo, caracteriza al país. Dicho de otro modo, si estos cuatro años no son capaces de mejorar la infraestructura social en términos de inversión pública, reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento institucional del Estado, es muy posible pensar en que dentro de cuatro años sería válido cuando menos ofrecer serias opciones de victoria a la izquierda colombiana.
En cualquier caso, el presidente electo, Iván Duque, quien tomará posesión en el cargo presidencial el próximo 7 de agosto, tiene también ante sí la opción de evitar ese giro a la izquierda y mantener en el conservatismo inalterado al país. En primer lugar, cabe presumir un Gobierno que lo tendrá relativamente fácil en el Legislativo, pues las mayorías conservadoras, y que se han organizado en torno al uribismo, tienen una mayoría holgada en las Cámaras. Es decir, la oposición tendrá que aprovechar, primero, el escenario de elecciones municipales y departamentales que tendrá lugar a finales del próximo año y, después, tendrá que hacer el trabajo desde la movilización social. Una movilización social cuya experiencia nos ha dejado, a pesar de lo que pudiera pensarse, reducidas muestras de una exitosa acción colectiva.
Además de la sinergia entre Legislativo y el Ejecutivo, cabe esperar, más pronto que tarde, una reforma del poder judicial y del sistema tributario. El uribismo siempre ha sido amigo de reducir el tamaño del Estado en Colombia, a partir de la extensa privatización de derechos y la desregulación del mercado, de manera que esto no debiera sino profundizarse. Esto, posiblemente se acompañará de una reducción impositiva, lo cual precariza más a las clases más desfavorables y fomenta la inequidad, a partir de su gusto por la imposición indirecta y regresiva. El gran temor pasaría por si, finalmente, Iván Duque hace valer sus promesas electorales de politizar el nombramiento del Fiscal General o la simplificación de las Altas Cortes –Suprema, Constitucional y Consejo de Estado– en una sola. De igual forma, fortalecer la industria de la cultura y su “economía naranja”, modernizar la Administración Pública implementando nuevas tecnologías o invertir en infraestructura física –especialmente, carreteras que conecten la geografía del país– serán prioridades muy positivas y a poner en marcha por el nuevo Gobierno, de acuerdo con sus promesas electorales.
Una de las cuestiones más importantes, pero que pareciera que ha influido de una manera muy poco significativa en la configuración del voto en estos comicios, sería el tema de la paz y la superación de la violencia política existente en el país. En primer lugar, y aunque ayer mismo, Iván Duque señalaba categóricamente que “no haría trizas los Acuerdo de Paz”, nada invita a pensar en que, efectivamente, será así. No solo Álvaro Uribe y sus principales correligionarios políticos se han posicionado como encarnados enemigos del Acuerdo, sino que en campaña son incontables las referencias a redefinir el compromiso suscrito con las extintas FARC-EP, al menos, en lo que concierne a participación política, justicia transicional y narcotráfico. En otras palabras, posiblemente, los tres puntos (de cinco) más sensibles de la firma de la paz con esta guerrilla. Por extensión, cabría pensar en una interrupción fulminante de las negociaciones con la guerrilla del ELN, hacia quien Iván Duque ya ha dicho, como también lo ha hecho Álvaro Uribe, que primero vendrá la entrega de armas y después la negociación. En otras palabras: primero rendición y después ya se verá.
Lo anterior colocaría a la guerrilla del ELN en una compleja situación pues debería decidir entre obtener unos resultados precarios y de mínimos en cuanto a un eventual “ejercicio negociador”, o volver al activismo armado, con lo que eso representa. Iván Duque, ni mucho menos, invita a mantener una posición distante como la asumida por su predecesor en esta cuestión y así, en un eventual retorno a las hostilidades, los fantasmas de la Política de Seguridad Democrática volverían a acechar en Colombia como una seria amenaza.
Finalmente, en materia de política exterior, por ejemplo, se dará continuidad a la ola liberalizadora del comercio exterior colombiano y se fortalecerá la Alianza del Pacífico, aunque sería un error incurrir en desmontar el legado diplomático y de reposicionamiento que Juan Manuel Santos ha dejado, no solo en América Latina, sino también con Europa. Queda por ver, igualmente, cuáles van a ser las relaciones con el vecino venezolano. Todo invita a remembrar una versión 2.0 de las hostilidades Uribe–Chávez, si bien, con la particularidad de una Venezuela profundamente debilitada. Así, de nuevo, la región andina encuentra un “punto caliente” entre dos vecinos irreconciliables, cuyas peores consecuencias, en esta ocasión, pueden caer al vecino bolivariano. Además, hay que recordar que Nicolás Maduro fue amenazado por Iván Duque de ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, tras haberse dirigido a aquél en términos de “dictador” y “genocida”.
Llegados a este punto, queda entender que quedan cuatro años por delante de deriva conservadora, en la que el uribismo buscará afianzarse, polarizando la realidad política y jugando con aquellos temas que tornan en centrífugo el sistema. A quien más puede beneficiar esa coyuntura puede ser a un progresismo que, lejos de ser derrotado, obtiene un importante respaldo que ha de saber administrar en el nivel local y desde la movilización social. En todo caso, lo anterior depende de los primeros gestos y pasos hacia los que se oriente la nueva presidencia de Iván Duque, sobre quien hasta el momento se torna en incertidumbre la respuesta al mayor de sus cuestionamientos. Es decir, si será la “marioneta” política de Álvaro Uribe o si, por el contrario, desde el inicio trazará líneas de distanciamiento. Muy posiblemente, a partir de ahí sea posible entender hacia dónde transitará Colombia en los próximos años.
Juzgado en julio del 2016, la Audiencia Nacional me absolvió, pero en enero de 2017 el Tribunal Supremo dio un arbitrario giro a mi sentencia absolutoria, condenándome a un año de prisión. Además de haber sido condenado injustamente, sentencia que, en última instancia, acabará anulando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, soy alguien que, como tú, vive con gran preocupación la limitación de la libertad de expresión de la ciudadanía, contraviniendo flagrante y reiteradamente los acuerdos jurídicos firmados con la Unión Europea en esta materia, a quien el sistema español debe obligada obediencia.
Rafael, estamos asistiendo a la estrategia de recorte de derechos fundamentales más distópica y kafkiana desde el fin de la dictadura franquista, teniendo que presenciar cómo, una y otra vez, las autoridades manipulan el concepto de “enaltecimiento del terrorismo” a su antojo para criminalizar a cualquiera que ejerza públicamente su legítimo derecho a disentir con el poder.
Rafael, la premeditada ambigüedad del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana genera en todos y todas una inseguridad jurídica que conduce al miedo y la autocensura; miedo a decir lo que se siente y lo que se piensa, contraviniendo abiertamente al propio artículo 20 de nuestra Constitución.
Están redactadas de un modo tan premeditadamente ambiguo, que dan cabida a interpretaciones totalmente contradictorias entre sí, creando un estado de confusión en el que el miedo a incurrir en delito nos hace a menudo refugiarnos en el silencio, renunciando a expresar nuestras opiniones por temor a las posibles consecuencias penales de ejercer este inalienable Derecho Fundamental.
Contra esta arbitrariedad es contra la que hoy quiero animarte a que compartas esta petición que ya firmaste. Nada ni nadie puede pretender silenciarnos porque nuestras opiniones puedan escandalizar, molestar o incomodar al Poder. Tras la dictadura franquista, creímos haber dejado atrás el “ten cuidado con lo que dices”, pero hoy en día se ha desarrollado una estrategia calculada con el fin de actualizar ese temor hasta niveles insospechados desde hace tan solo cinco años.
Comparte esta campaña y defiende tus derechos.Muchas gracias por dedicar un rato de tu tiempo a leerme y por haberte unido a esta recogida de firmas.
Freemuse é unha organização internacional independente de defensa da liberdade de expresión artística. O seu último estudo sobre violacións da liberdade artística é os esforzos para silenciar pontos de vista opostos foi apoiado pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional Sueco, a Axencia de Cooperación (SIDA), o Ministério dos Negócios Estranxeiros e Fritt Ord de Noruega, e difundido no relatorio de referència “O Estado da Liberdade Artística de 2018” publicado pola Unesco. No texto examinanse 553 casos de violacións da liberdade artística en 78 países no ano de 2017, combinado cunha análise dos desenvolvimentos legais, políticos e sociais que lanzan luz sobre as motivacións e fundamentos por trás das violacións. Segundo esa pescuda España aparece entre os estados que na Europa utilizan a ameaza debida ao anti-terrorismo para articular medidas que serven para condenar e silenciar artistas através de ameazas, perscución e prisión. Destes paises, España aumentou a lexislación antiterrorismo desde 2015, acrescentando alteracións á Lei de Seguranza Pública e o Código Penal.As alteracións levaran a un dereito da liberdade de expresión significativamente mais pequeno.Apesar diso, acrescenta o relatorio,” o Tribunal Supremo españo cursou en 2017 unha multiplicidade de veredictos contra artistas acusados de “glorificar o terrorismo ” e “humillación de vítimas terroristas”. Esta é evidente nos membros da galega La Insurgencia, banda de rap coñecida por seu “rap combativo” e mensaxes anticapitalistas, que foran sentenciados en decembro de 2017 a dou s anos e un dia de prisión, unha multa de 4.500 euros e unha proibición de representar cargo público por nove anos cada un por teren “apoiado o terrorismo” nas suas letras. Alén diso, o rappeiro Valtonyc foi sentenciado en Febreiro de 2017 a tres anos e seis meses en prisión, unha multa de 3.000 euros e unha proibición de cargo público por oito anos sob a acusación de insultos à coroa ”,“ glorificación do terrorismo e humillación de suas vítimas ”e “ ameazas ” nas súa música. O relatorio acha que “os níveis de proliferación de aprisionamentos, persecucións e ameazas contra rappeiros na España é total violación dos tratados internacionais e un crea un ambiente de silenciamento dos artistas”
“Como parte desa prática de controlar a arte para controlar cultura, artistas tamén se encontran presos no meio dos países en conflito. Artistas, suas obras e os locais que eles executan ou exiben, poden encontrar se silenciaran tanto para expressar sua ideas sobre o conflito ou para viaxar a áreas específicas. En 2017, vimos iso acontecer a numerosos artistas de ambos os lados dos conflitos entre Israel e Palestina, Rúsia e Ucrania, e España e Cataluña”.
O relatorio dí que o debate catala- tipificado en fontes españolas como “desafío”- impactou na liberdade de expresión artística ao tentar censurar a aqueles artístas que manifestaran apoio à independência da Cataluña. Notabelmente, ao longo de setembro de 2017, o Partido Popular pediu o cancelamento de vários concertos na Comunidade Valenciana, alegando o apoio dos artistas à independencia da Cataluña antes do referendo de 1 de Outubro. Cantor Pep Gimeno (também coñecido como Botifarra) e a performance da banda Carraixet marcada para 26 de setembro en Torrevieja, foi cancelada. Joaquín Albaladejo, Secretário-Xeral do PP en Torrevieja exixiu que o goberno valenciano non concedera local de encontro dos artistas, afirmando: “No PP nós defenderemos nosa liberdade para protexer nosa lingua nai que ó español”.
O cantor Cesc Freixas estaba programado para actuar en setembro en Pinoso, mas o PP local de Pinoso publicou unha declaración en Facebook exixendo que o goberno valenciano cancelara o concerto, que denominaron “un acto político financiado con diñeiro público “, debido aos presuntos vincallos de Freixas cun partido político independentista catalá.O artista declarou que o PP tentou censurálo anteriormente, cando axentes da guarda civil, presentouse nun concerto alegando que tiñan recebido unha queixa polo telefono. Depois dunha breve interación, o guarda deixou o local. Os tres concertos, apesar essas demandas, ao final, foran realizados.
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