(Una entrevista de Carlota Camps)
EL JUEZ SILVA ENCERRÓ A BLESA Y EL RÉGIMEN ESPAÑOL LE CASTIGÓ
Elpidio José Silva (Granada, 1959) es conocido por ser el juez que metió al primer banquero en la cárcel. Se trataba de Miguel Blesa, aunque al cabo de unas semanas ya estaba en la calle.
Más tarde se volvieron a encontrar en un juicio; en aquella ocasión, sin embargo, era Silva quien se sentaba en el banquillo de los acusados.
El juez fue condenado a 17 años de inhabilitación, tras ser condenado por un supuesto delito de prevaricación.
Más tarde fundó un partido político, Renovación Democrática Ciutadana (RED), con el que se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo del 2014, sin conseguir ningún diputado.
Actualmente regenta un bufete de abogados y ha escrito numerosos libros, entre ellos “La justicia desahuciada: no es país para jueces”.
– El Tribunal Supremo ha negado el derecho de Junqueras, Forn i Sànchez a asistir al Parlament, aunque les permite el voto. ¿Cómo lo ve?
– Llarena ha salvado el derecho de voto, pero eso es una contradicción respeto a Puigdemont. A Puigdemont no se le permite hacer la investidura no presencial. No estoy de acuerdo con esta tesis.
El reglamento del Parlament no lo contempla; por lo tanto, tampoco lo prohíbe. Si se puede votar desde la cárcel quiere decir que no está centrando la presencialidad y está permitiendo que se delegue el voto. Por eso, aquí hay una contradicción.
-¿Considera, por tanto, que se podría hacer una investidura digital?
-Estamos en la era digital. Tenemos que asumirlo. Decirle a un parlamentario que el reglamento no permite la investidura telemática es un grave error.
Esto no lo pudo contemplar el reglamento de la Cámara y, obviamente, tampoco lo prohíbe. Si el resultado del 21-D es que el conjunto de fuerzas políticas hegemónicas quiere designar a Puigdemont, yo entiendo que cualquier estratagema que se oponga a ello es profundamente antidemocrático.
Sobre todo, teniendo en cuenta que Puigdemont está en Bélgica y que España tuvo que retirar la euro-orden de detención, porque asumió que ese arresto acordado no era homologable a nivel europeo.
Por otra parte, sabemos ya que el contenido del artículo 155, tal como lo interpretó el Partido Popular, está profundamente en contra de la Constitución.
Este artículo no contempla ni el cese del president ni el cese de los consellers. A todo esto tenemos que sumarle que el artículo 500 del Código Penal establece que los miembros del Parlament no pueden ser detenidos, por la inmunidad parlamentaria, si no han cometido un delito flagrante y el delito que se les está atribuyendo nunca ha existido.
–¿Considera, pues, que no existe el delito de rebelión y sedición en este caso?
-La rebelión y sedición de la que hablan no esta acompañada de la violencia precisa, ni tampoco de la intencionalidad que viene inmersa o contenida en el concepto de alzamiento.
LA MAYORÍA DE LOS JUECES ESPAÑOLES DEBERÍAN APRENDER DE SU COLEGA SILVA
Como no tenemos justificadas las prisiones preventivas por ningún sitio, ni por el delito cometido, ni por los hechos relevantes que se hayan podido reproducir por ese delito, ni por las condiciones de inmunidad que protegen a los parlamentarios, recogidas en el artículo 500 del Código Penal -que impide que un parlamentario pueda ser detenido, salvo supuesto de flagrante delito-, es evidente que la situación tendría que ser revisada y no parece adecuado, con un mínimo de rigor democrático, que Puigdemont no pueda asumir el cargo desde Bruselas.
–El propio Gobierno español y la oposición ya han anunciado que recurrirán la investidura de Puigdemont a distancia en el TC…
-La van recurrir inmediatamente, pero todos estos recursos se pueden revisar en Estrasburgo. Los tribunales penales españoles están estableciendo una verdad que es absolutamente deforme y que no se adapta a la realidad, ni a los hechos, ni a la adecuada interpretación del ordenamiento jurídico.
–Pero esto llevaría mucho tiempo. ¿Qué opción queda para que la investidura no quede anulada?
-Que viniera aquí a hacer la investidura presencialmente. Probablemente, con el artículo 500 del Código Penal en la mano no se lo puede detener.
SI ESPAÑA FUERA UN ESTADO DE DERECHO, PUIGDEMONT PODRÍA SER INVESTIDO
Aunque en realidad tampoco se le podría detener, porque en ningún momento ha cometido un delito de rebelión ni de sedición, pero ya estamos viendo la interpretación que se maneja en España. Por lo tanto, se arriesga a que le encarcelen. Si ahora no quedan en libertad los Jordis y Forn, en España se habrá perdido la brújula jurídica.
Entonces habrá un peligro tremendo de que pueda pasar cualquier cosa y, por lo tanto, puedo entender perfectamente que Puigdemont defienda una investidura desde Bélgica, que no quiera someterse a riesgos que son evidentes.
No podemos anticipar lo que irán resolviendo los tribunales, pero creo que la línea que se está siguiendo en los jurídica del estado español es demencial, es una línea que no tiene apoyo legal. Por eso hay una gran parte de la comunidad a la que pertenezco que la está denunciando. Es un escándalo.
–Me hablaba de Estrasburgo. ¿Cree que si el caso se llevara a los tribunales europeos la situación cambiaría?
-Siempre y cuando el juez que dirija la causa en Estrasburgo sea imparcial. Hemos detectado en el Tribunal Europeo que hay una serie de recursos que se dirigen contra España y que el conocimiento de estos asuntos lo hace un juez andorrano.
En este sentido, yo entiendo que cuando el trámite de admisión en el Tribunal Europeo lo realiza un juez que depende de un Estado satélite de Francia y España, no existe la suficiente objetividad.
Ahora bien, si el trámite de admisión lo hace un juez claramente imparcial, abrirá la caja… y huele muy mal. El que lea esto, todo lo que ha pasado aquí, desde un canon jurídico europeo, no lo va a entender.
–Como en el caso de la euro-orden…
-Exacto. La situación de Puigdemont y de los consellers que están afectados y que residen en Bélgica es de plena libertad.
El Reino de España y el Tribunal Supremo han asumido hasta tal punto que iba a ser rechazada (la euro-orden), con un claro ridículo, que han tenido que retirarla antes de que se pronuncie el tribunal belga.
Realmente, es lo que se llama salir corriendo. Eso demuestra que el Reino de España y el Tribunal Supremo no están trabajando conforme al canon europeo.
LAS CONDENAS DEL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO CONTRA ESPAÑA, DEMUESTRAN QUE LOS GOBIERNOS DEL PPSOE NO RESPETAN LOS DDHH
El Tribunal Europeo, en principio, debe tender a posicionarse en términos favorables a los planteamientos de los parlamentarios que están sufriendo este acoso, que se encuentran en prisión y que no pueden hacer su trabajo parlamentario y democrático, según lo que ha expresado la voluntad popular.
–Bueno, no sabemos qué hubiera dicho el juez belga…
-No hemos tenido la oportunidad de saber qué hubiera dicho el juez belga, pero sí sabemos algo muy importante: España no quiere oírlo.
-¿Cómo puede ser que, dentro de la misma UE, en España el delito de rebelión sea castigado con 30 años de cárcel y en Bélgica con muchos menos?
-Leyendo un Cógido Penal se puede saber más o menos la historia de un país. Los países son más o menos reactivos a aquellas experiencias amargas y traumáticas que han tenido.
España ha vivido de una forma más cruenta y aniquiladora el efecto de una dictadura, yo diría que por encima de Alemania.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en España vivimos 40 años más de dictadura. Un alzamiento con los precedentes que nos puede brindar la herencia franquista pues, obviamente, está penado de una manera muy severa en el Código Penal.
Entiendo que en las circunstancias tan trágicas que se han vivido en España, la última fue la de Tejero, haya unas penas tan elevadas.
Lo que sucede es que “ni por el forro”, bajo ningún concepto, cabe concebir que los hechos que aquí se están imputando sean constitutivos de un delito de rebelión o de sedición.
–Consideran que organizar una manifestación es un acto de sedición…
– Si dentro de la manifestación hay algunas personas que cometen delitos, para que esos delitos sean imputables a las personas que han convocado la manifestación, hay que probar que había alguna animosidad, dirigida directamente a la comisión de esos delitos.
CULPAR A LOS JORDIS DE LOS DESPERFECTOS HABIDOS EN VEHÍCULOS DE LA GUARDIA CIVIL NO SE SOSTIENE JURÍDICAMENTE
Aunque se probara que los hoy encarcelados tuvieron el ánimo de dañar un vehículo público (el de la Guardia Civil), esto no sería todavía sedición, ni rebelión, ni tampoco alzamiento.
Un alzamiento va dirigido a tomar las instituciones de un país, que es lo que viene penado en el Código Penal. En el caso de la sedición se tiene que determinar que se va directamente contra organismos del Estado, para que no puedan evacuar una serie de resoluciones. Esto aquí no ha pasado. ¡En absoluto!
–Además de estas imputaciones, se les aplica la prisión preventiva porque consideran que hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva.
-Reiteración delictiva no puede haber porque ni siquiera se ha iniciado. Difícilmente puede haber reiteración de algo que no se ha iniciado. Todavía no ha habido algo parecido a la rebelión.
Por lo tanto: ¿con reiteración delictiva se refiere a que haya más manifestaciones en la calle que pidan la independencia de Catalunya? ¡Eso no es un delito! ¡Las Diadas no son delito!
Si son delito las Diadas y son delito estas manifestaciones, como las ha permitido el Gobierno español, este también habría delinquido. Pero como no son delito, no ha delinquido nadie.
Además, ¿esconder pruebas? ¿Esconder pruebas, de qué? No lo entiendo, si ni siquiera está el delito configurado. Aquí se está montando una historia con la idea de que un relato, aunque no sea cierto, a base de decirlo muchas veces, la gente se lo acaba creyendo.
–Todo esto para qué, ¿para impedir la independencia?
-No entiendo que este relato que se está montando sea para impedir la independencia. La independencia nunca ha sido posible. Nunca se han dado circunstancias para que se pueda perseguir de una manera concreta y operativa que la independencia era posible.
AHORA RESULTA QUE UNA MANIFESTACIÓN SE CONVIERTE EN UN ACTO DE SEDICIÓN
Aunque hubieran querido cometer el delito de rebelión y sedición, los actos concluyentes de estos delitos eran ridículos de cara a conseguir la independencia.
La independencia requiere un formato de conducta que aquí yo no he visto en absoluto. A base de manifestaciones nadie se independiza. Además, la sociedad catalana está lo suficientemente dividida de cara a un planteamiento electoral.
– Así pues…
-El problema no es la independencia. El problema es mucho más sencillo. Rajoy no se puede sentar a negociar, no puede permitir que salga una foto con él sentado con Puigdemont negociando, porque perdería todo el voto de la ultraderecha. Es el voto donde está el aznarismo.
LA EXTREMA DERECHA FRANQUISTA ES EL PRINCIPAL APOYO ELECTORAL DEL PP
Rajoy tiene un problema dentro del PP, tiene un millón y medio o dos millones de votantes de la ultraderecha que no van a consentir ni siquiera que se siente. No puede negociar.
Estamos frente a un líder que no tiene capacidad operativa para negociar.
-¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
-El recurso que se planteó en el año 2006 contra el Estatuto es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza. La resolución final del año 2010 viene a cargarse, a dinamitar, el Estado territorial.
En ese momento hay la necesidad de pactar muy especial. Yo creo que Rajoy iba a negociar con Artur Mas, pero no pudo hacerlo porque el PP tiene ese ala de extrema derecha que no se lo permite. Además, hay un miedo tremendo en el Partido Popular a perder el poder por todas las causas judiciales que tiene.
–Si al final Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart están en prisión para contentar una parte de esa ultraderecha, que pide más mano dura y quiere acallar el independentismo, ¿podemos hablar de presos políticos?
-¿Por qué son presos políticos? Sencillamente porque no están en prisión por la comisión de delitos. Están en prisión porque han llevado a cabo una serie de actuaciones que, desde el punto de vista político e ideológico, no pueden ser soportadas y asumidas por el Gobierno de la nación. No pueden ser asumidas por el Gobierno del PP. Esta situación en un gobierno del Partido Socialista…
Nos puede gustar más o menos su postura con el articulo 155, pero la realidad es que una situación de esta naturaleza con los socialistas nunca se ha dado.
La Constitución ha funcionado. Con Zapatero, mejor que peor, el Estatuto salió adelante. Este es un tema de la derecha, de una parte de la derecha. Una parte de la derecha que pensábamos que habíamos puesto en la Constitución y que resulta que no lo estaba.
– ¿Y la solución?
-Te tienes que sentar a dialogar comunidad por comunidad, descartando en cualquier caso el uso de la fuerza.
ADEMÁS DE ELLOS, HAY CIENTOS DE PRESOS/AS POLÍTICOS EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS
Llega un momento dentro del propio régimen que puede pasar que el tribunal se crea lo que está haciendo. Puede ser que el Supremo no quiera parar cuando el Gobierno sí quiere. Esto es difícil de saber.
No comments:
Post a Comment