EL GOBIERNO EN FUNCIONES DA LA AUTORIZACIÓN A NUEVAS EXTRACCIONES
El último regalo a Gas Natural: la autorización para extracciones en Doñana
El Gobierno en funciones ha aprobado 49 decretos y acuerdos por 3.400 millones de euros desde el 21 de diciembre de 2015. También, autorizaciones como la otorgada a Gas Natural, con la que se da vía verde al inicio de las obras.
Las organizaciones ecologistas advierten de que el proyecto de Gas Natural afectará al parque de Doñana. / CALVIN SMITH
Desde el 15 de marzo –fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado–, laextracción de gas en Doñana es de utilidad pública. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo en funciones ha bendecido con este reconocimiento el subproyecto Marismas Occidental, el primero de los cuatro planeados por Gas Natural Fenosa, a través de sus filiales Petroleum Oil & Gas España y Gas Natural Almacenamientos Andalucía, dentro o en los límites del parque natural.
La presencia de Gas Natural Fenosa en Doñana para la extracción de hidrocarburos viene de finales de la década de los 80. Desde entonces, han paseado por su consejo de administración nombres de la política como el de Felipe González, Santiago Cobo –marido de la hasta el pasado año alcaldesa de Cádiz y actual diputada Teófila Martínez–, o Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena, exsecretario de Estado de Energía y Recursos Naturales.
A partir de 2011, el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy dio la venia también a la empresa para el almacenaje de hidrocarburos en el subsuelo, al estilo del fallidoproyecto Castor en Castellón y Tarragona. Sin embargo, cuando en 2013 el Ministerio de Medio Ambiente dio su visto bueno para una ampliación de los pozos de la multinacional en la zona, saltó la liebre. Gas Natural dividió en cuatro subgrupos el proyecto de extracción y almacenamiento de los nuevos pozos: por una parte Saladillo y Marismas Oriental –dentro del espacio natural de Doñana– y por otra Marismas Occidental –a pocos metros del espacio– y Aznalcázar. El Ministerio de Medio Ambiente, con Arias Cañete al frente, dio informe favorable de los cuatro subproyectos por separado, sin hacer un estudio de impacto ambiental en conjunto, a pesar de que, según señalan desde WWF Doñana, la normativa europea de protección de la naturaleza obliga a ello. Por su parte, la Junta de Andalucía se ha negado hasta ahora a autorizar las obras de Gas Natural en Marismas Oriental y Saladillo.
Con la autorización administrativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y el reconocimiento como proyecto de interés general, Gas Natural tiene un plazo de tres años para construir los dos nuevos pozos y gaseoductos planteados en el subproyecto de Marismas Occidental, a las puertas del espacio natural, mientras espera que se aprueben el resto de piezas. El proceso supondrá la inyección de gas en el subsuelo para dilatar las rocas y que el gas de los esquistos salga por el tubo de perforación, explican desde Ecologistas en Acción. “Ellos dicen que lo que van a hacer es perforar para que el gas salga, pero el gas no está en una bolsa, el terreno es sólido. Tienen que inyectar. A mí, como ingeniero, me da la sensación de que pretenden hacer fracking enmascarado”, señala Antonio Ramos, responsable de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción en Andalucía. Ramos también advierte de la poca distancia del subproyecto con el parque natural, del que le separan pocos metros. “El término de Marisma Occidental es un eufemismo, está a unos metros, pero va a afectar a la zona protegida, ¿quién puede decir que el pinchazo no va a tener influencia en el subsuelo de Doñana?”, apunta Ramos.
Desde Ecologistas en Acción han anunciado que recurrirán la autorización al proyecto de Gas Natural. Otras organizaciones ambientales , como WWF, también han mostrado su profundo rechazo a un proyecto con el que convertirá a Doñana en “un almacén de gas”.
Atribuciones de funciones
“Todo parece indicar que el hecho de reconocer este subproyecto como de interés público podría ser una medida palanca para desbloquear los que vienen después”, indica a Diagonal Sol Sánchez, diputada de Izquierda Unida-Unidad Popular. “Es una concesión a una multinacional como es Gas Natural y, aunque es verdad que los estudios de impacto ambiental estaban revisados, es una clara atribución de funciones que no tiene justificación, creemos que es un clara extralimitación en sus funciones”.
Sánchez, detalla que, desde el pasado 21 de diciembre hasta ahora, el Gobierno en funciones ha aprobado 49 decretos y acuerdos que rozan los 3.500 millones de euros en gastos. Entre ellos, la prórroga por 60 años más de la actividad de Ence en Pontevedra, empresa que también tiene entre sus consejeros nombres ilustres como el
de exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; o el visto bueno del plan de la empresa Fertiberia, de la que fue directora de planificación estratégica Isabel García Tejerina, ministra en funciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
“Es política de tierra quemada, de comprometer el quehacer de un futurible próximo gobierno que esperemos que se parezca poco a éste”, apunta la diputada.
El pasado miércoles 23 de marzo, este grupo presentó, junto a Podemos y Ciudadanos, una petición al pleno del Congreso para pedir que el Gobierno en funciones se sometiera al control del Congreso. Ese mismo día el Ejecutivo anunció su rechazo a someterse al control de la Cámara, pero una semana después –el martes 29 de marzo–, justo antes de la reunión de la Junta de portavoces que tenía que decidir si incluir el control de Gobierno en el orden del siguiente Pleno, Rajoy anunció que comparecería ante el Congreso, aunque sólo para dar explicaciones de los dos últimos consejos europeos.
Sánchez, detalla que, desde el pasado 21 de diciembre hasta ahora, el Gobierno en funciones ha aprobado 49 decretos y acuerdos que rozan los 3.500 millones de euros en gastos. Entre ellos, la prórroga por 60 años más de la actividad de Ence en Pontevedra, empresa que también tiene entre sus consejeros nombres ilustres como el
de exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; o el visto bueno del plan de la empresa Fertiberia, de la que fue directora de planificación estratégica Isabel García Tejerina, ministra en funciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
“Es política de tierra quemada, de comprometer el quehacer de un futurible próximo gobierno que esperemos que se parezca poco a éste”, apunta la diputada.
El pasado miércoles 23 de marzo, este grupo presentó, junto a Podemos y Ciudadanos, una petición al pleno del Congreso para pedir que el Gobierno en funciones se sometiera al control del Congreso. Ese mismo día el Ejecutivo anunció su rechazo a someterse al control de la Cámara, pero una semana después –el martes 29 de marzo–, justo antes de la reunión de la Junta de portavoces que tenía que decidir si incluir el control de Gobierno en el orden del siguiente Pleno, Rajoy anunció que comparecería ante el Congreso, aunque sólo para dar explicaciones de los dos últimos consejos europeos.
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