Gracias por ponerlo se nuevo en circulación, nunca es mucho para reflexionar sobre aquellos años y aquellas practicas "genocidas", muchos de nosotros conocíamos, informes y documentos que avalan lo que por otro lado vivimos en aquellos años, especialmente en tre los años 79 y 89, el USO QUE SE HIZO POR PARTE DE ALGUNOS SERVICIOS DEL APARATO DE ESTADO DE LAS DROGAS, EN ESPECIAL, MUY ESPECIAL, DE LA HEROÍNA, FUE ALGO QUE CONSTATAMOS Y DENUNCIAMOS EN AQUELLOS MOMENTOS.
Es conocida la afición del ex presidente de la República italiana a pisar charcos, sobre todo los que tienen que ver con España y el terrorismo etarra. Pero esta vez Francesco Cossiga ha dado un paso al frente y levantado una auténtica polvareda, precisamente desde Bilbao, con unas declaraciones sobre la excarcelación del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José Luis Rodríguez Zapatero no piensa renunciar a lo que le parece un ‘mérito’ del anterior Gobierno socialista, que es “el uso del terrorismo de Estado”. Según Consiga, con las últimas detenciones de etarras -Mikel Antza y su compañera Anboto-, Zapatero pretende que “se olvide un acto indecoroso, que ni siquiera Aznar se atrevió a plantear, como es la puesta en libertad de un vulgar asesino, que es más asesino todavía en cuanto que es un general de la Guardia Civil que estaba en la cárcel por torturas, asesinato y por haber inventado un método traicionero de difusión calculada de la droga en el País Vasco” (sic).
Lo curioso de todo esto es que Cossiga hacía referencia a un documento, el llamado’Informe Navajas’, que no sólo es -supuestamente- secreto, sino que, además, consta como ‘desaparecido’. El famoso informe, elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Luis Navajas, relacionaba a una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa con el narcotráfico. Entre los investigados se encontraba el entonces teniente coronel Rodríguez Galindo.
Muy significativo en este caso es que, de enero de 1994 hasta enero de 1995, fueron asesinados por ETA cuatro personas que amenazaba con destapar al trama del narcotráfico en el País Vasco (parte de la trama del ‘Informe Navaja’): José Antonio Santamaría, José María Olarte, “Plomos” (después de destapar El País que era un importante confidente de la policía en casos de narcotráfico), Alfonso Morcillo, responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de la Guardia Municipal de San Sebastián, y el concejal del PP Gregorio Ordóñez, quien había confesado unas horas antes a la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando datos de enorme trascendencia sobre el ‘Informe Navajas’ y la implicación de varios miembros de la Policía Municipal donostiarra con Intxaurrondo.
El informe llegó a la Fiscalía General del Estado, pero inexplicablemente se perdió. Con la ‘percha’ informativa de las declaraciones de Cossiga, les ofrecemos íntegro en dos pdf el famoso informe, al que pueden acceder en las siguientes direcciones web:
TorturoKracia: El desaparecido ‘Informe Navajas’, íntegro
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces
El fiscal general del Estado aseguró que el caso fue archivado por falta de pruebas
Francisco Mercado / Santiago Carcar Madrid 21 MAY 1995
El informe Navajas (mayo de 1989), que detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), nunca fue investigado por los jueces. El documento tampoco fue incorporado a ninguna causa, según fuentes jurídicas. Lo único que investigó el juez donostiarra Fernando Andreu, fueron pistas recogidas en un contrainforme de la Guardia Civil que excluía a los implicados de mayor graduación.Tales afirmaciones chocan con las realizadas el pasado jueves en el Congreso por el fiscal general del Estado, Carlos Granados. No sólo fuentes judiciales contradicen a Granados. Documentos reservados de la Guardia Civil detallan cómo se saboteó la investigación desde el propio instituto armado (ver El PAÍS del 4 de mayo). En ellos se afirma que Andreu solicitó información a la Guardia Civil “toda vez que no contaba ni tan siquiera con las diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo”. El contrainforme le fue enviado al juez el 19 de abril de 1991, tras “haber sido previamente entregado para su estudio y crítica al teniente coronel Rodríguez Galindo” [hecho que éste niega], jefe del cuartel de Intxaurrondo. El documento finalmente entregado al juez “iba rebatiendo punto por punto las conclusiones del informe Navajas”.
El pasado jueves, sin embargo, el fiscal general del Estado aseguró que el informe Navajas fue incorporado en su “casi literalidad” a las diligencias previas 491/91 del juzgado número 1 de Instrucción de San Sebastián, cuyo titular es Andreu. Granados añadió que dichas diligencias acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.
Contrainforme
La realidad es que el juez Andreu no llegó a recibir el informe Navajas. Simplemente, dio por bueno un contrainforme hecho por la Guardia Civil que exculpaba al hoy coronel Rodríguez Galindo, al teniente Joaquín Collado Callau, al capitán Fidel del Hoyo Cepeda y al teniente José Guisado Fernández, que se cayeron de la investigación judicial.
Al margen de detallar determinadas pesquisas internas sobre Rodríguez Galindo -calificadas de “someras” en documentos internos y sin voluntad de profundizar ni contrastar-, el contrainforme entregado al juez tenía como objetivo desacreditar el informe Navajas esgrimiendo“la escasa crebilidad de las fuentes” ya que todas ellas estaban vinculadas al narcotráfico. Y como letanía agregaba: “No se ha podido concretar ni determinar ninguna relación” con los narcotraficantes.
Paradójicamente, el contrainforme presentó como creíbles las imputaciones de narcos dirigidas contra otros guardias como el sargento Luis González Alonso, jefe del Grupo de Información Fiscal y Antidroga de la 513 Comandancia, o el brigada Heliodoro Tomé Guarido, del puesto de Irún y responsable entonces de la vigilancia en la ría de Hondarribia. No se presentaron cargos contra ninguno de los dos.
El documento entregado al juez Andreu por la Guardia Civil concluía así: “Cada vez que aparece un nuevo dato, si se investiga nuevamente, paraliza el conjunto de la operación al tener que dedicar tiempo y personal aefectuar nuevas comprobaciones.(…) Por ello, y en tanto los datos imputativos que aporten los medios de comunicación social, no sean presentados por personas concretas y en forma adecuada ante la autoridad judicial o sus agentes, o sean de una. evidencia tal que por sí solos se muestren irrefutables, se sugiere a V.I. que no sean considerados para modificar las líneas de investigación”. Con tales líneas de investigación, sólo fue acusado formalmente uno de los 21 sospechosos: el sargento Enrique Dorado Villalobos.
Según fuentes jurídicas donostiarras, tampoco el fiscal Navajas investigó á los agentes que él mismo denunció al fiscal general del Estado en mayo de 1989, sino que se limitó a resumir las acusaciones formuladas por narcotraficantes ánte el capitán Juan Miguel Castañeda.
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces | Edición impresa | EL PAÍS
La Guardia Civil saboteó la investigación del fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
EL PAÍS/ 28 ABR 1995
La Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, que incluía a su responsable, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20 de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta era “marcar líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”. La mayoría de encartados habían intervenido en “acciones clandestinas” contra ETA, según el informe.
Para descafeinar la investigación, según el documento, se recurrió a “desacreditar las fuentes”, estudiar lo que “deberá declarar” o “deberá omitir” determinado testigo y enterrar pistas clave. “Por la naturaleza de la misión encomendada al inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de profundizar en las citadas informaciones [en su mayoría derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las contrasten”, revela el informe reservado. “Todo el planteamiento inicial [de la Operación Arca de Noé] se hizo de acuerdo con Rodríguez Galindo”.El 12 de mayo de 1989, el fiscal de San Sebastián Luis Navajas remitió al entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.
Leopoldo Torres, ante el nombre emblemático de la lucha antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con Roldán, según fuentes próximas al ex director. Este, a su vez, contactó con Rodríguez Galindo, quien, además de defender su caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en el documento. Muchos de ellos correspondían a hombres de su máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado en “acciones clandestinas” [contra ETA], según se cita en el documento Arca de Noé.
Guardias investigados
Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el informe Navajas eran el teniente José Guisado Fernández, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el sargento José Rancaño Fernández, los hermanos Enrique y Fabián Dorado Villalobos, ambos sargentos, el cabo Antonio Cruz Sánchez, el guardia segundo Juan Pedro Moreno Rey, el sargento José de la Peña Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de 1990, la prensa difundió la paralización en Madrid del informe Navajas.
En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al servicio de información investigar los hechos denunciados por Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también se ordenó una operación contra tales pesquisas.
La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos documentos, era “desacreditar las fuentes, demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo y los clanes de contrabandistas” y, sobre todo, “marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”.
La Guardia Civil estableció “un plan de decepción”. Oficialmente, no se negaba colaboración a la justicia, pero se ocultaban datos, se reventaban pistas, se manipulaban testigos y alertaba a investigados. Según documentos secretos, “todos o la mayor parte de los agentes indicados [denunciados a Navajas por corruptos], en una u otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la lucha antiterrorista”. La Guardia Civil ocultó este dato a Navajas.
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A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada por el alcalde Odón Elorza y archivada por ‘Falta de autor conocido”. Entre otras afirmaciones sustentadas en fuentes innominadas, enel informe se señala que, “según diversas referencias e informaciones”, Odón Elorza se halla “implicado” en contrabando de oro.
Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios dirigentes del Partido Popular vasco, adjudican el mismo móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan y el comisario Enrique Nieto, aislando el hecho de que todos podían entrar en la lógica terrorista. El único caso que suscita alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra guardias municipales, aunque algunos hayan caído bajo sus balas, es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.
En su comunicado de reivindicación de ese asesinato, la organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la Fuerzas de Seguridad del Estado situado en Intxaurrondo y le consideraba “colaborador” del responsable de la 513 Comandancia, el coronel Enrique Rodríguez Galindo.
Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) porque entre sus cometidos profesionales habituales figuraba recabar información de estos cuerpos sobre la titularidad de los vehículos o los antecedentes penales de los sospechosos. De manera regular recibía, de hecho, a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián, según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián, Milcel Gotzon Santamaría.
Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en Inuaurrondo, ha sustentado hasta el momento con datos fehacientes su teoría de que es ahí donde hay que buscar la explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista ETA en San Sebastián.ç
La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
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