Más de 35.000 personas mayores han muerto por COVID durante la pandemia. Sufrieron graves violaciones de derechos humanos, y no fueron derivadas a hospitales cuando lo necesitaban. Sus familias siguen sin tener justicia.
Pese a la extrema gravedad de lo sucedido, las investigaciones están siendo deficientes. El 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas.
No se ha escuchado a las víctimas. Se ha dado carpetazo a un elevado número de casos sin haber llamado a testificar a las familias. Tampoco se han investigado lo suficiente los protocolos que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales en los momentos más duros de la pandemia.
Por otro lado, ni Gobierno ni comunidades autónomas quieren investigar. Se han cerrado las comisiones de investigación creadas en algunas Comunidades Autónomas.
Las víctimas y sus familiares, no solo sienten un dolor que merece ser respetado y consolado, si no que además tienen derechos, y cuando éstos no se respetan plenamente el daño se multiplica. Se debe asegurar una verdad individual, la de los casos de las personas afectadas, y una verdad colectiva, a la que tenemos derecho como sociedad.
Corremos el riesgo de que no haya verdad, justicia ni reparación para las víctimas. ¡Ayúdanos a pedir a los grupos políticos del Congreso una Comisión de Verdad que analice lo sucedido, escuche a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a suceder algo así!
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