No es país para transexuales
Miembros de la comunidad LGTB celebran el Día del Orgullo Gay en Londres. TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images
La homosexualidad es delito en unos 70 países, pero las orientaciones sexuales y las percepciones de género distintas al tradicional esquema hombre-mujer no son íntegramente aceptadas en muchos más países. Los miembros de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) se enfrentan, por tanto, a problemas de integración y reconocimiento en la práctica totalidad de los países. Algunos son comunes a todos los miembros de la comunidad, mientras que otros dependen de su orientación sexual o de género.
En la siguiente lista nos centramos en algunos países en los que, por diversos motivos, las personas transgénero (aquellas personas cuyo sexo biológico es distinto de su identidad de género, con independencia de su orientación sexual ) y transexuales (hace referencia a quienes realizan una intervención quirúrgica de cambio de sexo) han visto depreciarse considerablemente en los últimos meses sus derechos e incluso su seguridad física bien por cambios legales, por cifras alarmantes de violencia o por persecuciones políticas y policiales.
Rusia (Chechenia)
Chechenia es, en muchos sentidos, una cámara del eco del resto de la Federación Rusa: algunas de las cosas negativas que pasan en el resto del país, suceden amplificadas en la pequeña república del Cáucaso. Si bajo el Gobierno de Vladímir Putin las autoridades políticas –aliadas con la Iglesia ortodoxa- han manejado electoralmente una retórica contraria a los LGTBI, en Chechenia la represión policial –fundamentada en un concepción rigorista islámica- está siendo brutal. Los informes de derechos humanos llevan años denunciando la persecución y el encarcelamiento de personas LGTBI, incluidos numerosos transexuales. Novaya Gazeta denunció incluso en 2017 que los homosexuales eran detenidos y enviados a cárceles secretas, donde llegaban a padecer torturas (acusaciones negadas por las autoridades). Según el testimonio de una transexual que logró escapar de Chechenia y luego de Rusa en 2017, las autoridades chechenas suelen contactar con las familias para pedirles que asesinen ellos mismos a sus familiares “para limpiar el deshonor que conllevan”, en caso contrario las autoridades se ocuparán de ellos. A finales del pasado diciembre, la OSCE publicó un informe documentando la represión y urgiendo a Moscú para que tomase las medidas oportunas que pusiesen fin a estos crímenes (torturas con electroshocks, por ejemplo). Las últimas denuncias de activistas afirman que a comienzos de enero comenzó otra campaña de persecución de personas LGTBI. En los últimos años, varias decenas de homosexuales y personas transgénero han huido buscando asilo en Europa y Canadá, principalmente.
Sara y Nina, dos “drag queen” brasileñas, actúan durante una protesta de la comunidad LGBT en el Ayuntamiento de Río de Janeiro. Mario Tama/Getty Images.
Brasil
La elección de Jair Bolsonaro como presidente hace temera la comunidad LGTBI que los derechos que han ido conquistando –como la legalización del matrimonio homosexual en 2013- puedan revertirse en la próxima legislatura. Por lo que respecta a la comunidad transexual, Brasil había avanzado considerablemente en los últimos años. A pesar de ser un país tradicionalmente conservador, con una creciente influencia de las iglesias evangélicas, es también el lugar a cuyas pasadas elecciones se presentaron hasta 53 candidatos transexuales a diversos cargos estatales y federales. Pero es también el país del mundo en el que más asesinatos de personas transgénero se registraron en 2018, según Trans Murder Monitoring: 167 asesinatos de los 369 documentados en todo el mundo por esta organización. Según otra organización brasileña LGBTI, los asesinatos se han ido incrementando: si en 2008 se registraron 58, en 2016 ascendían ya a 144. El discurso homófono no es delito a nivel federal, algo que ha sido aprovechado por políticos ultraconservadores y predicadores para atacar a la comunidad LGTBI. En 2017, el asesinato de una mujer transexual, que sus agresores grabaron en vídeo, conmocionó a la sociedad brasileña y situó el problema de la violencia contra esta comunidad en las portadas de los principales medios. Pero aquel shock no parece que haya mejorado la situación de los transgénero en Brasil.
Uganda
El pasado diciembre, los encargados de Naciones Unidas del campo de refugiados de Kakuma (Kenia), tuvieron que trasladar a varios refugiados LGTBI tras ser agredidos por población local y por otros refugiados mientras protestaban contra agresiones recibidas en los últimos meses. Hubo 20 heridos y se quemaron algunos refugios de manifestantes LGTBI. África es uno de los continentes con leyes más restrictivas sobre la homosexualidad. Los refugiados LGTBI en Kenia provienen de varios países del continente, pero la mayoría son ciudadanos ugandeses, varios de ellos personas transgénero. En los últimos años, el régimen de Yoweri Museveni ha emprendido una campaña de represión contra esta comunidad. En 2014, el Tribunal Constitucional –debido a la presión internacional- derogó una ley aprobada un año antes, que establecía incluso la pena de muerte para los homosexuales. La represión desde entonces no ha cesado, encabezada por el ministro de Ética e Integridad del país, Simon Lokodo. Hace unos meses, este declaró que su intención era prohibir la construcción de un centro-refugio para esta comunidad. Lokondo también prohibió el año pasado un conferencia sobre el VIH afirmando que promovía la “homosexualidad y otras cosas sucias” (la enfermedad está muy extendida en Uganda, como en otros países africanos). La transexualidad no está criminalizada en el país, pero las personas transgénero enfrentan los mismos problemas que el resto de la comunidad en términos de incomprensión social y limitación de sus derechos por parte de las autoridades, incluida la detención y las penas de prisión. El trabajo de las asociaciones que defienden los derechos LGTBI es muy complicado, y logra llegar tan sólo a un pequeño porcentaje de los potenciales beneficiarios.
Símbolos neutros colocados en la puerta de los servicios de un instituto de California, EEUU. MARK RALSTON/AFP/Getty Images
Estados Unidos
La Administración Trump pretende revertir los avances logrados por los transexuales durante el Gobierno de Barack Obama. Su intención es limitar el reconocimiento legal de género a solo dos opciones: hombre o mujer. El Departamento de Justicia ha pedido al Tribunal Supremo que declare la constitucionalidad de la prohibición a los transexuales para alistarse en el Ejército –se espera una decisión en las próximas semanas-. Quiere también que las escuelas dejen de permitir que los transexuales elijan los aseos que consideren acordes con su género. La ofensiva desde la Administración Federal contra los derechos de los transexuales se complementa con diversas leyes estatales recientes –en Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte o Mississippi- que limitan los derechos de la comunidad LGTBI en general y de los transexuales en particular: a la adopción y al uso de aseos acorde con su género. Son leyes impulsadas por los republicanos basadas en una concepción religiosa extremista. Frente a estos estados del Cinturón de la Biblia, otros como Massachusetts o Nueva York están ampliando los derechos de la comunidad LGTBI, incluidos los transexuales. En Vermont, la política transgénero, Christine Hallquist, ha anunciado su candidatura a gobernadora. En 2018, los asesinatos de personas transgénero se han incrementado, lo que lo ha convertido en el año con más víctimas desde que comenzaron a contabilizarse en 2013. La inmensa mayoría de las víctimas, además, pertenecen a minorías: afroamericanos o hispanos, principalmente.
México
México es el segundo país del mundo –tras Brasil- en el que más personas transgénero fueron asesinadas en 2017 y 2018 –con 71 asesinatos en el último año-. La mayoría fueron crímenes de transfobia. Naciones Unidas alertaron hace unos meses sobre estos asesinatos y exhortaron a las autoridades mexicanas a que tomaran medidas al respecto. El clima de violencia creciente motivó que las mujeres transexuales dedicadas a la prostitución en la Ciudad de México denunciasen el pasado verano que estaban sufriendo cada vez más agresiones, sin que la policía hiciese nada para remediarlo. México vive una paradoja respecto a las personas transgénero y transexuales: por una parte, un violencia creciente, incluidos asesinatos; por otra, una aceptación institucional que va en aumento. En el lado positivo, los derechos de la comunidad LGTBI se han ido reconociendo en los últimos años gracias, principalmente, a las legislaciones estatales: en 12 estados y en la capital del país es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Existe, además, una ley en la que se reconoce la identidad de género trans. Hace unos días, el Congreso del estado de San Luis Potosí incluía a las mujeres transexuales en la protección otorgada a las mujeres dentro de su ley contra la violencia de género. En los últimos meses, varios tribunales estatales se han pronunciado sobre el derecho de los transexuales a cambiar su nombre en los registros civiles, algunos como en Veracruz y Guanajuato, pronunciándose a favor.
Grupos de musulmanes protestan contra la comunidad LGTB en Banda Aceh, Indonesia. CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP/Getty Images
Indonesia
Las personas transgénero han sido aceptadas históricamente en la sociedad indonesia. Incluso en instituciones islámicas. La homosexualidad no es delito en Indonesia, salvo en la provincia de Aceh. Sin embargo, la creciente influencia en el país del islamismo más intransigente está generando un creciente clima de hostilidad hacia los transexuales -y hacia la comunidad LGTBI en general-. Por una parte, hay propuestas parlamentarias para criminalizar la homosexualidad. Por otra, están aumentando las agresiones contra personas LGTBI. En la provincia de Java, por ejemplo, se han denunciado a finales de 2018 ataques de grupos organizados contra transexuales. En la citada Aceh, hace unos meses, fuerzas policiales detuvieron a varias mujeres transexuales y raparon sus cabezas en público para “convertirlas en hombres”. Según las organizaciones LGTBI estos actos de violencia son solo la punta del iceberg de un progresivo deterioro en la calidad de vida de las personas transgénero, señaladas cada vez más por un retórica homófoba por una parte creciente de la clase política, cada vez más cercana a postulados islamistas conservadores radicales. La situación no sólo está empeorando en las provincias más atrasadas. La Agencia Social de Yakarta, la capital, clasificó recientemente a las mujeres transgénero –llamadas waria– como personas con rasgos psicológicos disfuncionales. Como consecuencia de esta clasificación, algunas están siendo internadas en centros municipales de rehabilitación de género.
Egipto
La brutal represión contra cualquier tipo de disidencia política llevada a cabo por el régimen de Abdelfatá al Sisi en estos últimos años ha llenado las cárceles del país. La comunidad LGTBI, por su parte, ha tenido que enfrentarse también a detenciones de miembros de la comunidad, en concreto, de hombres homosexuales y mujeres transgénero. Algunas fuentes calculan que se han producido más de 200 detenciones desde 2013. Aunque la homosexualidad no es ilegal en Egipto, algunos han sido condenados por el delito de “lujuria habitual” a penas de hasta 6 años de cárcel. El problema de la comunidad LGTBI, sin embargo, viene de lejos y tiene que ver con un cuerpo policial que la persigue –especialmente a las transexuales- desde hace años, aunque diversas organizaciones de derechos humanos afirman que la represión se ha intensificado en los últimos años. La última oleada de detenciones se produjo en septiembre de 2017, tras el concierto del grupo libanés Mashrou’ Leila, cuyo vocalista es un activista LGTBI. Frente a esta represión estatal, otra parte del Estado cumple con las provisiones –inéditas en otros países árabes- que permiten a las personas transgénero acometer (pagando) una transición física –y burocrática- hacia el género al que sienten pertenecer. Si bien, su posterior integración en la sociedad dista de ser fácil.
Cartel para pedir justicia por la muerte de la hondureña Roxana Hernández, una mujer transexual que falleció por neumonía y deshidratación mientras era custodiada por las autoridades de inmigración en EEUU. ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Image
Honduras
El caso de Roxana Hernández, transexual hondureña muerta mientras se encontraba detenida por las autoridades migratorias estadounidenses, puso el foco de atención sobre las personas LGTBI –principalmente mujeres transexuales- que escapan de los países centroamericanos para huir de la violencia y el estigma. Desde 2017, varios grupos de transexuales migrantes han tratado de visibilizar con manifestaciones en la frontera los problemas de seguridad que enfrentan en sus países. En el caso de Honduras, durante los últimos años, se han incrementado los ataques contra personas LGTBI, en concreto, contra los activistas que luchan a favor de los derechos de esta comunidad. El pasado noviembre, por ejemplo, se confirmó el asesinato del activista Jonathan Cruz, que no pudo llegar a disfrutar del asilo que se le había concedido en Costa Rica. Según la ONG hondureña, Red Lésbica Cattrachas, en su informe más reciente: entre 2004 y 2017 se cometieron 277 asesinatos de integrantes de la comunidad LGTBI en el país, uno de cada 3 crímenes fue cometido contra mujeres transexuales. La impunidad de estos crímenes es altísima: apenas un quinto han llegado a los tribunales. La esperanza de muchos transexuales pasa por escapar de Honduras, si no quieren formar parte de la estadística -según confesaba una solicitante de asilo hondureña en España- de la esperanza media de vida de los transexuales en Latinoamérica: 35 años.
Azerbaiyán
Septiembre de 2017 quedará como uno de los momentos más duros para la comunidad LGTBI de Azerbaiyán, sobre todo de la capital, Bakú. Durante varios días, diversas redadas policiales localizaron y detuvieron a decenas de miembros de la comunidad, incluidas varias personas transgénero. Se denunciaron torturasmientras se encontraban detenidos. La campaña homofóbica y transfóbica no era nueva en el país del Cáucaso: ya en 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se mostraba seriamente preocupado por la falta de respeto a los derechos de la comunidad LGTBI azerí, a pesar de que el país se había visto obligado a descriminalizar la homosexualidad en 2001 para poder entrar en el Consejo de Europa. La represión oficial se complementa con la incomprensión de las familias: en muchos casos, la primera violencia que sufren las personas transgénero es intrafamiliar, principalmente de los padres. La nota positiva la pone la creación de redes de apoyo oficiosas, formadas sobre todo por madres de personas transgénero. Los transexuales que deciden abandonar el país optan, en muchos casos, por Estambul como una de las ciudades de la región más abiertas hacia la comunidad trans, aunque en los últimos años se han producido varios asesinatos en la capital turca y el Gobierno conservador de Erdogan se ha mostrado contrario a ampliar los derechos de esta comunidad.
Un joven gay de Tanzania posa para una foto como protesta por el lanzamiento de una campaña pública contra los homosexuales. STRINGER/AFP/Getty Images
Tanzania
La represión de derechos de la comunidad LGTBI se ha incrementado en Tanzania desde la llegada al poder del actual presidente John Magufuli cuya retórica anti LGTBI incluye frases como “incluso las vacas desaprueban la homosexualidad”. Se han cerrado clínicas de atención a enfermos homosexuales con VIH –a pesar de la alta prevalencia de la enfermedad– y, recientemente, se han clausurado ONG dedicadas a la defensa de los derechos de esta comunidad. El sexo entre homosexuales ya era ilegal en el país desde la época colonial, aunque la ley rara vez se aplicaba. El ritmo de represión se ha incrementado desde que, el pasado octubre, el presidente urgió a los ciudadanos a que le facilitaran los nombres de homosexuales para detenerlos. Desde entonces se ha procedido al acoso y detención de decenas de homosexuales y transgénero en todo el país. Las personas transgénero son, en muchos casos, más fáciles de identificar: como explica el caso de una mujer trans, recogido por Amnistía Internacional, a la que realizaron una fotografía que subieron a las redes sociales para identificarla. Algunos se esconden dentro del país y otros han huido, principalmente hacia Kenia. Podrían enfrentarse hasta a 30 años de cárcel. Varios donantes internacionales han suspendido la financiación de proyectos en colaboración con el Gobierno, lo que está causando un importante problema a las autoridades. Sin embargo, esto no parece ser –de momento- un obstáculo para continuar con su campaña de represión. Varios de los políticos de la Administración Magufuli tienen estrechas relaciones con iglesias evangélicas, según denuncian activistas LGTBI.
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