El conocido poema Ara mateix (Ahora mismo) del poeta catalán Miquel Martí i Pol acaba con estas palabras: “tot està per fer i tot és posible” (todo está por hacer y todo es posible). Las decisiones aprobadas en el Parlament de Catalunya el 6 y 7 de septiembre representan, como ha quedado dicho por todo tipo de prensa, la mayor desobediencia institucional que ha sufrido el régimen de la monarquía borbónica. Una monarquía para algunos de cuyos custodios, por utilizar las palabras de una entrevista reciente con Yanis Varoufakis: “el espíritu de Franco sigue vivo”. Esta desobediencia, “crisis de Estado” (en palabras de La Vanguardia, periódico catalán de orden, muy crítico con las decisiones del Parlament y partidario del “diálogo”, solución que acostumbra a barajarse cuando no se tiene ninguna otra) significa que se ha iniciado el camino para responder a una exigencia mayoritaria en Catalunya: votar para ejercer el derecho de autodeterminación. El miércoles 7, el Parlament aprobó por mayoría: 72 votos a favor (Junts pel Sí y la CUP), 0 en contra (PSC, PP y C’s, los partidos viejos y el nuevo del régimen del 78 abandonaron el pleno) y 11 abstenciones (Catalunya Sí Que Es Pot) la ley por la que se convoca un referéndum en Catalunya el próximo 1 de octubre. Al día siguiente, el Parlament aprobó la Llei de Transitorietat que, si ganara el Sí en el referéndum, organizaría el proceso constituyente posterior que daría paso a la proclamación de una república en Catalunya.
Inmediatamente el gobierno del PP ha puesto en marcha directa o indirectamente toda la infantería represiva: el Tribunal Constitucional ha impugnado las decisiones del Parlament; el fiscal general del Estado ha dado instrucciones a todos los cuerpos de seguridad de intervenir ante cualquier preparativo del referéndum; la Guardia Civil ha registrado una imprenta y un periódico en busca de papeletas; se persiguen las páginas web que den apoyo al referéndum; se perseguirá también a los medios de comunicación que publiquen anuncios sobre el referéndum; Rajoy ha amenazado con todos los instrumentos posibles, y más, para impedir el referéndum y hay presiones para suspender a las personas electas que pongan en marcha el referéndum: Mesa del Parlament, consellers de la Generalitat o el mismo President de la Generalitat Puigdemont. Obsérvese que la represión es muy política y selectiva. Mero ejemplo. El Pacto Nacional por el Referéndum, creado en el año 2016, agrupa a muchas entidades catalanas de todo tipo. Su presidente, Joan Ignasi Elena, antiguo diputado socialista, ha sido citado a declarar por los tribunales dentro del habitual ataque contra todo intento de soberanía de Catalunya, pero este aparato judicial no ha citado por ejemplo a los secretarios generales de CCOO y UGT, sindicatos catalanes incluidos en este Pacto Nacional por el Referéndum. En realidad, la “idea” según la cual deberían procesarse y quizás meter en la cárcel a centenares si no a miles de personas, es decir, presos políticos (aunque se disfrace de otras figuras jurídicas como prevaricación, mal uso de fondos públicos o lo que más convenga) no parece que sea lo que más le gustaría ver a la, incluso así, muy conservadora Unión Europea.
Muchas cartas están por jugar en estos 20 días hasta el 1-O, pero podemos anticipar algunas: a) el lunes 11 de septiembre centenares de miles de personas volverán a manifestarse en Barcelona para defender su derecho a votar en un referéndum; b) el gobierno del PP continuará y acrecentará su política represiva, y c) las fuerzas políticas soberanistas democráticas están obligadas a seguir adelante. Queda mucho por hacer, y todo es posible.
Un cambio político
Se expresan muchas y diferentes opiniones políticas sobre lo que está sucediendo en Catalunya, pero hay una que parece incontestable: la movilización en Catalunya que dura muchos años y que es la más importante de Europa ininterrumpidamente, plantea de una manera concreta un cambio político, en sentido republicano, un cambio democrático. Recordemos que la pregunta, en catalán, aranés y castellano, para el referéndum del 1 de octubre es: “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?”.
Se puede considerar que se hubiera podido gestionar el enfrentamiento con la maquinaria del Estado de forma diferente. Se puede desconfiar con todos o una parte de los partidos del Gobierno catalán, y no será necesario recordar lo que nosotros mismos hemos escrito en muchas ocasiones contra las políticas del PDCat. Se puede asegurar que se han cometido errores graves. Se puede ser contrario o partidario de una Catalunya independiente. Se puede considerar que es mejor esperar a una futura república española federal, pero no se puede dar la espalda a esta oportunidad de ejercer un derecho democrático en una situación que no se presenta muchas veces.
Frente a esa posibilidad de cambio político, y nadie puede imaginar que sean fáciles los cambios de envergadura, solo se ofrece represión por parte del Estado. O genialidades como la propuesta del PSOE de formar una Comisión Parlamentaria, que, como es tradicional en la vida parlamentaria, cuando no se sabe qué proponer o decidir se crea una comisión que morirá en el reino de las sombras. Pedro Sánchez se ha alineado sin la menor vacilación con el gobierno del PP en el conflicto catalán: “Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país, y aquí está el PSOE”. Aquí está, aquí está. Se puede ser ingenuo, pero se necesitaría tener las facultades cognitivas altamente deterioradas para no entender que la receta es: monarquía borbónica y Constitución. Algo muy atractivo en la actual situación de movilización en Catalunya.
No se trata de una maniobra de la burguesía catalana, como algunos repiten, aunque los hechos (“¡peor para los hechos!”) vayan por otro lado. Una reflexión para los que dicen que la prensa catalana (la española ya se sabe de qué lado está) está a favor del 1-O: los principales periódicos que se imprimen en Catalunya (La Vanguardia y El Periódico) son contrarios. Los periódicos Ara y Punt Diari-Avui y TV3, la televisión pública catalana, están a favor. La práctica totalidad de los otros periódicos y cadenas privadas y públicas de televisión, unas cuantas docenas, en contra. Simplemente hechos.
También han fracasado los cálculos políticos realizados durante estos años. Unos pensaban, especialmente en el PP, que el soufflé se desinflaría y que poco a poco el movimiento iría decayendo. Error. Otros pensaban que el referéndum nunca se convocaría, que el gobierno catalán no se atrevería a este enfrentamiento con el Estado, si bien el papel de la CUP ha tenido mucho mérito en este enfrentamiento (y eran unos cuantos que la daban por muerta o quizás en realidad la querían ver muerta, pero la vida es mucho más compleja. Machado lo decía de forma conocida: “Es propio de aquellos con mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”). Error. Otros dicen ahora que el referéndum seguro que no se hará o hace tiempo que dan por fracasado el proceso soberanista e independentista y anuncian un desastre tras otro. Error. El origen de tales errores es el mismo: no tener en cuenta la movilización de sectores muy amplios de la población y no percibir el agotamiento de las políticas que se han aplicado durante estos años, no solo las del PP sino también las de Convergencia i Unió. O, en algunos casos, el error reside en confundir los deseos con la realidad, algo psicológicamente muy conocido.
El President de la Generalitat sigue siendo del partido continuador de la corrupta CiU (PDCat), pero es también quien en el proceso ha perdido más apoyos. Efectivamente, el movimiento tiene un carácter popular y democrático, quiere votar para decidir, quiere una república catalana y medidas sociales para las capas más desfavorecidas. El movimiento tiene un carácter interclasista, como todo movimiento nacional (aunque algunos parece que lo acaban de descubrir ahora y exigen una pureza programática que sólo pueden tener las sectas), pero en el que los sectores más ligados a las clases dominantes han ido perdiendo capacidad de dirección. La Vanguardia, en portada del domingo 10 de septiembre: “Alarma entre el empresariado por el choque catalán”. Las críticas a las políticas del PDCat y a la burguesía catalana son completamente necesarias, pero no para mantener el statusquo actual, para que nada cambie y todo siga igual, sino para generar un cambio de hegemonía política de izquierdas. En todo caso, ¿es que si fracasa la lucha por la autodeterminación catalana, el gobierno español va a implantar políticas económicas al servicio de la población? Nadie lo ha dicho explícitamente, ¿entonces, de qué hablamos? En los años 30, el revolucionario marxista Andreu Nin, ya denunciaba a quienes “so pretexto de defender el internacionalismo combaten los movimientos de emancipación nacional”, y añadía: “en realidad hacen el juego de las clases explotadoras de la nación dominante.” Una posición democrática, republicana y revolucionaria necesariamente tiene que partir del reconocimiento, en la práctica no sólo en los papeles, del ejercicio del derecho de autodeterminación, o sea, concretamente, la defensa de que el pueblo catalán pueda votar el 1 de octubre.
Los argumentos contrarios al referéndum
Sin embargo, algunas izquierdas no se rinden e insisten: eso no puede ser un referéndum porque no lo acepta el gobierno español, ni tiene suficientes garantías, ni lo reconocen las instituciones internacionales. Quien lo ha dejado escrito de forma inigualablemente clara es el PCE que al oponerse al referéndum ha dejado escrito para la permanente hemeroteca: “No se cumplen las condiciones necesarias y suficientes para serlo, porque no es legal, no interpela a toda la ciudadanía y porque no tendrá reconocimiento internacional.” Si los grandes cambios políticos y sociales hubieran tenido que esperar a que fueran previamente legales o tuvieran inmediato reconocimiento internacional, ¿se han preguntado los autores de esta frase dónde estaríamos? El sufragio universal, la semana de 40 horas, las vacaciones pagadas, la supresión del servicio militar obligatorio, el aborto… Insistir es ofender a la inteligencia del lector o lectora. Otros, como Alberto Garzón, no han sido mucho más avispados en su oposición al derecho a autodeterminación de Catalunya (programas y declamaciones programáticas al margen): “¿Qué habría de votar una persona no nacionalista o independentista, española o catalana, el 1 de octubre? Sencillamente, no puede. Dicho de otra forma: el marco constituido por los promotores del 1-O hace imposible que la sociedad catalana pueda expresarse en su totalidad.” Pues para perplejidad del dirigente de IU, muchos no nacionalistas ni independentistas lo van a hacer si la maquinaria represiva lo permite. Siempre habrá preparado algún argumento ad hoc para compensar… ¿Y sobre las garantías? Un artículo de Albert Noguera lo ha tratado con una extensión que nos ahorra cualquier comentario adicional.
Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad: se preferiría un referéndum pactado con el gobierno español y reconocido internacionalmente, como fue el caso de Escocia. Todo el mundo unánimemente de acuerdo. ¿Por qué no ha sido posible? La pregunta es retórica y la respuesta la sabe quien ha seguido el proceso: la responsabilidad es del gobierno de Rajoy y a él es a quien debe pedírseles las responsabilidades. La cuestión decisiva es si se apoya, se esté a favor de una república catalana o no, el derecho a votar y a conocer la voluntad del pueblo.
Los argumentos contrarios de los partidos constitucionalistas de la monarquía española y de algunas izquierdas son básicamente dos:
La soberanía popular reside en la ciudadanía “española”, toda. El derecho a la autodeterminación de Catalunya del resto del Estado no corresponde entonces al pueblo catalán, ya que este no es un sujeto político soberano. Más o menos como decir: en el referéndum de Escocia no son solamente los escoceses los que deberían votar, sino que lo debería hacer todo el Reino Unido (y quizás el conjunto de la Commonwealth) ya que estos últimos son el “sujeto político soberano” para votar sobre la independencia de Escocia. ¿Delirante? Sí, pero lo dicen y repiten en el caso catalán.
El segundo razonamiento: si se le atribuye al pueblo catalán la condición de sujeto político con derecho a decidir, la secesión de Catalunya del Reino de España sería, en cualquier caso, ilegal, ya que estaría en conflicto con la legalidad vigente, en concreto con la Constitución española, que no reconoce el derecho a la autodeterminación de ningún territorio del Estado, y que proclama en el artículo 2 “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Bárbaro.
Como dice un documento reciente de la comisión de derechos humanos del colegio de abogados de Barcelona: “En una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es ésta la que crea y modifica la legalidad.” Y en el mismo documento, se puede leer después de un análisis jurídico y en parte histórico de la creación de 14 nuevos Estados en Europa desde 1900: “la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona considera que es un derecho inalienable de Catalunya, como comunidad nacional, el derecho a la autodeterminación, ya sea dentro del Estado donde está integrada o separándose para constituir un nuevo Estado soberano según lo decida la voluntad mayoritaria, democrática y pacíficamente expresada por sus ciudadanos.”
Movilizarse y votar
Tras los atentados en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils la ciudadanía dio un ejemplo de respuesta solidaria. El No tinc por recorrió todo el país y es un mensaje claro ante un problema complejo como el de los atentados yijadistas. No tinc por es también una respuesta a las actuaciones represivas del Estado. Si la única manera que tiene el Estado de evitar el referéndum es la represión resulta evidente que el problema político se agravará y afectará no solamente a la situación en Catalunya sino a la de todo el Reino de España. Un ataque tan flagrante contra los derechos democráticos, por ejemplo, a la libertad de expresión (el Colegio de Periodistas de Catalunya ya ha tenido que protestar por el registro realizado por la Guardia Civil de un diario comarcal en la ciudad Valls, Tarragona), el poder de decisión como se está dando a la judicatura o como se va a exigir a las fuerzas de seguridad, podrá, quizás, debilitar o incluso impedir votar el 1 de octubre, y si es así, se debilitarán los derechos democráticos de toda la población española. Por eso, una salida democrática de la situación catalana interesa al conjunto del territorio del aún Reino de España, a quien no le interesa es al Estado y a las fuerzas económicas y políticas que hoy gobiernan directa o indirectamente.
La lucha por el intento de aportar racionalidad o de apartarse al máximo de ella apelando a la emotividad más visceral es otra de las batallas importantes. Toda la maquinaria del gobierno y de los medios de comunicación proclama que la decisión del Parlament de Catalunya es un ataque a la democracia. Sería para reírse si la cosa no fuera tan seria. Es un insulto que hable de democracia el PSOE que, a iniciativa de Zapatero cuando gobernaba, cambió en una noche la supuestamente intocable Constitución española para pagar antes a los bancos que cubrir las necesidades de la población. Y, que esté dispuesto a modificar la Constitución para que pueda reinar una heredera: ¡una auténtica preocupación y reivindicación populares! No tiene nombre que hable de democracia el partido gobernante del PP que ha ganado elecciones gracias a la corrupción que ha extendido por todo el Reino, o que ha desmantelado buena parte del Estado de bienestar, o que dio 44.000 millones de dinero público a la banca del que ya se reconoce abiertamente que sólo se va a recuperar el 5%. O sí, tiene nombre: impostura.
Lo que no se quiere ni entender ni aceptar por parte de los partidos del régimen es que el Parlament de Catalunya ha aprobado por mayoría y democráticamente la creación de una nueva legalidad, opuesta a la legalidad actual de la monarquía española, y que esa legalidad catalana quiere ponerla a consideración del pueblo mediante el referéndum del 1 de octubre. Ese es el eje del conflicto. La democracia de la que habla el PP, y el PSOE y C’s, es la de la Constitución que no permite ejercer un derecho democrático como es el de autodeterminación. La democracia del Parlament catalán es la que pone en marcha votar el 1 de octubre y abre la posibilidad de proclamar una república.
Es preciso volver sobre el papel que están jugando algunas izquierdas o parte de ellas. ¿Cómo es que si existe un movimiento republicano de ruptura con la monarquía la posición de esas izquierdas es tan indecisa e indefinida? Se puede entender e incluso aplaudir la desconfianza respecto al PDCat o respecto a determinados dirigentes políticos independentistas, pero cuesta entender que se desconfíe del amplio movimiento popular que recorre Catalunya, cuesta entender cómo se puede pretender ser la mayoría de la sociedad y, en cambio, darles la espalda a esos centenares de miles de personas que este 11-S, como los cinco anteriores, llenarán las calles de Barcelona como ya nadie lo duda. Porque la cuestión, democrática y republicana, no es, en primera instancia, independencia sí o no, sino una apuesta decidida por ejercer el derecho democrático de autodeterminación, de ponerlo en práctica, de defenderlo frente al Estado, de movilizar, de llamar a votar, de comprender que es la posibilidad de un cambio político y social.
La intervención de los representantes de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela y Lluís Rabell, en el debate parlamentario en el que se aprobaron las leyes mencionadas no ha mejorado las cosas. Las ha entorpecido. En vez de apoyar la convocatoria del referéndum y enmendar lo que fuera posible para mejorarla, su táctica fue la de poner todas las trabas posibles y situarse en la posición de que no tiene garantías democráticas suficientes, y como el PP tampoco las ofrece, mejor hubiera sido no aprobar la ley sobre el referéndum. O sea, que todo siga igual, retórica al margen. Además, ni siquiera, como se había planteado en el grupo parlamentario, permitieron que hablaran otros representantes de la coalición parlamentaria, favorables a la convocatoria del referéndum y a participar en él.
1-O: el reto de Catalunya al régimen del 78
En la pluralidad de las izquierdas ha ido ganando peso la posición representada por los Comunes, y también Podem de que es imprescindible participar en la movilización que representará el 1 de octubre, de que hay que denunciar la represión del PP, que, más allá de las preferencias por votar Sí o No, lo decisivo es la participación, que es lo que podrá decantar la balanza sobre el reconocimiento efectivo del referéndum. Del 12 al 14 de septiembre las personas registradas en Catalunya en Comú están llamadas a participar en una votación para responder a la pregunta: “¿Catalunya en Comú ha de participar en la movilización del 1 de Octubre?”.
En los próximos 20 días los acontecimientos se irán acumulando. Han empezado los actos y mítines para llamar a votar el día 1 de octubre. Son ya más de 600 los ayuntamientos (de los 949 que tiene Catalunya) que han expresado públicamente su apoyo al 1-O. El de Barcelona lo tiene que decidir. Al consistorio le están lloviendo recordatorios de lo que Ada Colau dijo sobre su inquebrantable “defensa de la desobediencia civil para defender y ejercer la democracia”.
Si el 1-O es un fracaso en Catalunya, porque en condiciones hipotéticamente tranquilas hay un corto porcentaje de votación, si bien es difícil pensar que el gobierno español permita que la gente pueda ejercer este derecho, como dice otro artículo de esta edición de SinPermiso: “sería un golpe, también, a las iniciativas republicanas, democráticas, de impugnación del Régimen de 1978. En Cataluña, en Galicia, en Euskadi y en el conjunto de pueblos y territorios de España. Ante un escenario regresivo de este tipo, el soberanismo republicano y progresista no puede quedarse en casa. Al contrario, más allá de las discrepancias con la hoja de ruta del gobierno actual, las fuerzas de cambio cometerían un grave error si no se levantan contra el PP y sus ataques a las reivindicaciones democráticas de autogobierno. En Cataluña y fuera de ella.” O como escriben Jaume Asens de Barcelona en Comú y Joan Tardà de Esquerra Republicana de Catalunya: “Los pueblos de España tienen que entender que el 1-O es el verdadero desafío al régimen del 78. Lo recordaba recientemente el galleguista Xosé Manuel Beiras. El reto proviene de Cataluña pero quiere ser un estímulo para romper cerraduras en otros lugares. Todas las revueltas catalanas a lo largo de la historia, de hecho, lo han sido. Bajo esta idea de fraternidad, debemos hacernos dignos de la responsabilidad histórica que nos ha tocado vivir y las izquierdas españolas también deben ser conscientes de ella.” Y aún lo expresaba mucho más escuetamente un dirigente del andaluz Sindicato de Obreros del Campo (SOC): “Cuando antes sean ustedes libres, antes lo seremos nosotros.”
Para la manifestación de la Diada Nacional de Catalunya del 11-S están ya inscritas en estos momentos casi 400.000 personas, con nombres y apellidos, y, probablemente, el gobierno está esperando que pase la movilización que se espera para dar otra vuelta de tuerca represiva. Crecerá la movilización contra las medidas represivas y eso obligará a ser más decididos. Hay incertidumbres, no hay respuesta para todo, porque la respuesta está en caminar con quienes se movilizan, organizando y participando en el referéndum. Será la lucha quien decida. Por eso, aún hoy podemos decir que todo es posible.
(Hoy 10 de septiembre los firmantes de este artículo hemos asistido al masivo acto de despedida a Antonio Gil, muerto el día anterior. Antonio Gil fue un legendario y combativo dirigente obrero de SEAT durante muchos años. Luchador también por los derechos de los inmigrantes, contra la guerra y otra multitud de causas justas. Estaba ilusionado en poder votar el próximo 1-O. Sirva como pequeño homenaje la dedicatoria de este artículo.)
es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es "Renta Básica contra la incertidumbre" (Ed. RBA, julio 2017).
Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
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