Carlos Rivas no contó nada en su casa durante casi seis años. “Pensaba que todo quedaría en aguas de borrajas”. Al fin y al cabo aquellas piedras que, durante la huelga de transportes de abril de 2008 en Vigo, alcanzaron uno de los camiones que, bajo escolta policial, circulaban a medianoche ante una concentración de huelguistas sólo dañaron un cristal. Ni paralizó el convoy, ni hubo más revuelo. Rivas y Serafín Rodríguez, sin antecedentes, afiliados “no sindicalistas” sin rango ni cargo uno a UGT, el otro a CIG, fueron incluso absueltos por falta de pruebas por ese lanzamiento de piedras del que niegan saber algo. Pero la juez de lo Penal número uno de Vigo los consideró culpables de pretender coaccionar a compañeros para que fueran a la huelga y les impuso tres años de cárcel por un delito contra los trabajadores. “Había que castigar a alguien y nos tocó”, lamentan.
La sentencia, tras recursos sin éxito, es firme. Tras el mazazo “terrible e inesperado” de fin de año, cuando el Gobierno rechazó concederles el indulto, los dos hombres treintañeros, padres de familia y con empleo, se resignaron a salir del anonimato y buscar ayuda en la calle. La presión social es su última esperanza. Y la oleada de apoyos recibidos, más allá de sus expectativas, alivia algo ese “miedo en el cuerpo” ante una orden de ingreso en prisión que puede llegar en cualquier momento. La decisión del Parlamento gallego de reclamar con la unanimidad de todos los partidos que se les conceda un indulto parcial —los sindicatos UGT, CCOO y CIG volvieron a plantearlo formalmente en enero— ha reavivado su ánimos. “Esperamos que el Gobierno no sea ciego ante tanto apoyo”, reconoce Rivas. “No nos tranquiliza, pero nos da esperanza”, añade Rodríguez. La fiscalía estudia paralizar la orden de ingreso en la cárcel. Por si acaso este conductor de bus urbano prepara para lo peor a su hija mayor, de ocho años. “Se lo puse bonito pero no le mentí, le dije que al igual que puede ocurrir en el cole, el Gobierno me puso un castigo sin tener la culpa y me va mandar a un sitio a pensar durante un tiempo”.
Plantarse en la calle contra injusticias se ha convertido en una constante. La movilización social fue efectiva para miles de gallegos estafados por las preferentes y otros productos con que los bancos atraparon sus ahorros. Y lo es, aunque con desigual resultado, para familias amenazadas por desahucios. El arma de la protesta ciudadana tiene doble filo. El Gobierno ha decidido levantar un dique de sanciones administrativas para contener la marea social.
A una pontevedresa de 82 años que necesita ayudarse de un andador la sancionaron en una concentración de preferentistas “por saltarse un cordón policial”. A Encarnación, de 74 años, el tapacubos y la varita metálica para golpearlo que usa en las manifestaciones para reclamar la devolución de su dinero le costó 100 euros de multa. Y se multiplican los juicios por denuncias del Gobierno contra todo tipo de protestas.
Tres jóvenes de A Coruña fueron juzgados hace diez días —esperan sentencia— por haber pintado en un muro “Futuro digno en nuestra terra”. Una proclama contra la emigración que les deparó, en el plano administrativo, una multa de 600 euros.
Galicia es la tercera comunidad —excluyendo Madrid, de la que no hay datos— con más expedientados y multas impuestas por el Gobierno en protestas, según el Ministerio del Interior. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, se abrieron 110 expedientes. Las sanciones recaudaron 35.100 euros, una cuarta parte del total a nivel nacional. Desde entonces, la cifra no deja de crecer. A la plataforma de preferentistas de Baixo Miño, la más ruidosa, llegan por tandas las multas de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Ahora se moviliza para que ayuntamientos pidan la supresión de esas sanciones. El pasado miércoles medio centenar de preferentistas abucheó al PP, en la oposición, por oponerse en Poio a la moción de BNG y PSOE para pedir formalmente la retirada de las sanciones. “Si hasta le imponen 600 euros a una mujer sin carné por conducir adando vueltas con su coche alrededor de una protesta”, denuncian.
Las multas acribillan a los manifestantes. Por tocar la bocina “sin necesidad de ello”, llevar abrochar “incorrectamente” el cinturón de seguridad. “La mayoría son personas ancianas, es una auténtica persecución incluso hay expedientadas por actos cometidos en lugares donde no estaban”, protestan los preferentistas de Baixo Miño. Acudieron esta semana a Lalín para reclamar la suspensión del juicio contra dos afectados, uno con una discapacidad del 60%, otro en depresión profunda, acusados de encararse con los agentes durante una protesta. La Subdelegación en Pontevedra se defiende recordando que las denuncias parten de los cuerpos y fuerzas de seguridad y niega que sancione por manifestarse, sino castigando “actitudes contrarias al derecho de reunión, como provocar altercados e incitar al desorden público”.
En la plataforma de Stop Desahucios de A Coruña acumulan en un año 12 notificaciones de sanciones administrativas. Suman más de 4.000 euros. Y son varios sus integrantes con juicios pendientes, como los tres denunciados por pedir el número de placa a un policía nacional durante las movilizaciones hace un año que lograron paralizar, hasta encontrarle un piso de ayuda social, el desahucio por impago de alquiler de la octogenaria Aurelia Rey. “Nos multan a nosotros para asustarte a tí”, reza el lema de campaña que emprendió esta plataforma para denunciar la multiplicación de multas y litigios en los tribunales con los que, afirma, el Gobierno sólo intenta “desactivar los ciudadanos y parar la ola de solidaridad sin precedentes” que se organiza cada vez que se ha amenaza a alguien con el desalojo. Con sus “petos de resistencia”, los activistas anti-desahucios lograron reunir 800 euros para multas.
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