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Las presiones han acabado provocando el estallido. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una patata caliente que habrá de resolver. Después de ver cómo la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón trataba de rebatir sus decisiones, el titular del juzgado número 1 de Nules, instructor del caso Fabra, ha decidido pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces con el fin de que esa sección de la Audiencia, que preside el propio presidente del organismo, Carlos Domínguez, “deje de perturbar mi independencia”.
El juez sostiene que esa sección está “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho” del que está acusado el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. La causa, de momento, está abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
“Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”, señala el juez en la providencia en la que reclama el amparo.
Denuncia al Consejo del Poder Judicial maniobras de la sección primera
El juez, Jacobo Pin, que dirige la instrucción del caso Fabra desde hace tres años, relata en su escrito las últimas resoluciones de la sección primera de la Audiencia, que incluso han desdicho las señaladas por otra sección del mismo tribunal, la segunda, que ha sido la encargada de resolver los recursos durante los más de ocho años de instrucción. Pin indica que “aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad”, la sección primera ha tratado de adoptar algunas medidas como la de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral que ponía al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, a un pie del banquillo de los acusados.
El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, en un pleno de la Diputación en enero de 2011. / ÁNGEL SÁNCHEZ
En esa resolución, además, los magistrados apuntaron el sobreseimiento del delito de cohecho, insinuándolo pero no dictándolo expresamente, lo que, según el juez, “no pueden hacer en el estado actual del procedimiento”. La decisión de la Audiencia provocó que el propio juez pidiera una aclaración para que este tribunal dijera explícitamente si tenía que archivar la causa por cohecho. Pero la sección primera no lo ha hecho, quizá porque sería incurrir en una irregularidad aún mayor. “Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho”, insiste el juez en su escrito.
Jacobo Pin expone que ha sido instructor del caso Fabra durante tres de los ocho años que se dilata ya la causa, “controlando en todo momento la legalidad del cauce procedimiental a seguir (…), atendiendo a los hechos declarados punibles (…), supervisando la calificación jurídica”. Y afirma que “el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas impide demorar más la tramitación de la presente causa, cuya instrucción está concluida desde hace meses”.
Desde que Pin se hizo cargo de la causa —el noveno juez a lo largo de estos más de ocho años—, la diligencia ha sido una norma en un procedimiento que se antojaba eterno. Sin embargo, las dilaciones en la resolución de recursos han impedido que el de Fabra sea ya un caso cerrado.
“Consideré y considero que concurren indicios de cohecho”, insiste
La causa se inició cuando Vicente Vilar, un fabricante de fitosanitarios y hasta entonces amigo de Fabra, le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón medió, según los indicios, ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de acelerar la autorización de esos productos. Además, la investigación de las maniobras y supuestos cobros ilegales destapó cuatro presuntos fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, que dejaron de ingresar 1,2 millones en las arcas públicas. Por todo ello,la fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra.
El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, que no ha firmado las últimas resoluciones de su sección, ha sido cuestionado por su amistad con Fabra. De hecho, esa relación fue uno de los motivos que se sopesaron a la hora de su reelección, en 2008, en la que contó con el apoyo del ahora presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa. El órgano de gobierno de los jueces no atendió las advertencias ni al hecho de que vulnerara las normas de reparto y resolviera un recurso del caso. Ahora será ese mismo Consejo, presidido por De Rosa, quien tendrá que resolver la petición de amparo del juez de Nules.
Más de ocho años de investigación y nueve jueces
M. FABRA
El caso Fabra ha sufrido un proceloso camino que ha acabado.
Diciembre 2003. Un empresario denuncia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
Enero de 2004. Carlos Fabra afirma no haber percibido “compensación económica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios”. Dos ministros, Jesús Posada (Agricultura) y Celia Villalobos (Sanidad), admiten haberse reunido con Fabra.
Enero de 2004. La primera juez del caso asciende a magistrada y deja el Juzgado de Nules, que instruye la causa. Después, el caso acogerá hasta nueve jueces y cuatro fiscales.
Febrero de 2004. Fabra declara como imputado por tráfico de influencias y cohecho. Admite haber visitado La Moncloa para hacer gestiones.
Febrero de 2004. El denunciante aporta dos archivadores con documentos y facturas de supuestos regalos a políticos.
Abril de 2004. La Unión de Consumidores se persona como acusación particular.
Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por fraude.
Mayo de 2006. Se investiga a toda la familia Fabra.
Mayo de 2007. Las pesquisas destapan que el dirigente del PP y su familia cuadruplicaron su patrimonio en cinco años.
Septiembre de 2008. Un informe pericial revela que entre 1999 y 2004 Fabra y su esposa ingresaron 5,3 millones de origen no justificado.
Julio 2010. La fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra. La acusación lo eleva a 20.
Enero de 2012. El juez decide dictar auto de apertura de juicio y fija una fianza de 4,2 millones de euros.
Mayo de 2012. La Audiencia de Castellón decide anular el auto de apertura de juicio e insinúa que se debe archivar la acusación por cohecho.
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