SIEMPRE HAY QUE VOLVER A LO MISMO: LA ILEGALIZACION DE LAS DROGAS, LAS MAS CONOCIDAS Y USADAS, ES UN OBJETIVO ESTRATEGICO, SOBRE TODO PARA LOS YANQUIS. SU ILEGALIZACION, LA DE LA COCAINA, LA DE LA MARIHUANA, ETC..HAN REDUNDADO EN EL CONTROL MILITAR DE PAISES ENTEROS EN NOMBRE DEL CONTROL SOBRE ESAS MATERIAS, Y SU COMERCIALIZACION. LA RENTABILIDAD DE SU COMERCIO HA LLENADO LAS ARCAS DE LOS BANCOS AMERICANOS Y HA SUFRAGADO Y SUFRAGA LAS INTERVENCIONES ENCUBIERTAS O NO DE OCCIDENTE EN LOS PAISES LLAMADOS PERIFERICOS Y QUE HOY SON EL CORAZON DE LA PÈRIFERIA.
SU LEGALIZACION DEBIA DE SER UNA DEMANDA UNIVERSAL, SEACABARIA CON LAS DROGAS COMO PLAGA, COMO CAUSA DE DEPENDENCIA CRIMINAL, CON SU CUALUDAD DELICTIVA,Y CON LOS PROCESOS DE AMASAR, ACUMULAR FORTUNAS, QUE JUNTO AL COMERCIO DE LAS ARMAS Y LA PROSTITUCION LLENAN LAS ARCAS DE LOS BIENPENSANTES GOBIERNOS DE TODA LAYA. HIPOCRESIA Y CINISMOS CRIMINALES SON EL PAISAJE MORAL DE ESTA ACTITUD PROHIBICIONISTA.
El Gobierno de Uruguay está redactando una ley mediante la cual el Estado asumirá “el control estricto” de la producción y distribución de la marihuana en el país. La medida forma parte de otras 15 que el Ejecutivo aún está ultimando para combatir la inseguridad ciudadana. Aunque la principal preocupación del Gobierno es el tráfico y consumo de lo que se conoce como pasta base, con la legalización de la marihuana pretende restar un amplio margen de beneficio a los narcos.
El ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, encargado de anunciar ayer el plan, indicó que el Gobierno pretende fomentar un debate sobre el asunto en el país antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento para su aprobación. "La prohibición de ciertas drogas, le está generando al país más problemas que la droga misma”, señaló.
Antes de dar ese paso, el Gobierno estudiará bien cuáles son las implicaciones internacionales que pueda generar la medida, de forma que Uruguay no sea acusado entre los países vecinos como “un centro de distribución de droga". Huidobro señaló que casi el 10% de los 3,3 millones de uruguayos ha consumido en algún momento marihuana.
El ministro anunció que "la lucha por la legalización va a ser política exterior del Uruguay", después de, dijo, la "errónea decisión" del presidente de Estados Unidos Richard Nixon hace 40 años al declarar "una guerra que ha sido ganada por los narcos". De aprobarse la propuesta, Uruguay se convertiría en el primer país de América Latina en revertir el modelo prohibicionista frente a las drogas.
“Alguien tiene que ser el primero”, declaró el presidente de Uruguay, José Mujica en una entrevista concedida a O’Globo y reproducida en parte por el diario uruguayo El País. “Alguien tiene que empezar en América del Sur. Porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen en el continente". Mujica, quien se encontraba ayer en Brasil durante la cumbre Río+20, añadió: "No estamos proponiendo una legalización que permita que cualquiera pueda ir a la tienda y comprar cantidad de marihuana y hacer lo que quiera. El Estado tendrá el control de la calidad, cantidad, precio y la gente va a estar registrada. Los cigarrillos tienen un control digital y se puede rastrear su origen a través de la firma química de la muestra. Es importante (tener en cuenta) que si alguien compra 20 cigarrillos tendrá que consumirlos y no los podrá vender. Con el registro en el Estado, estos usuarios serán fáciles de rastrear si las reglas son violadas".
Mujica recalcó que esta medida forma parte de un plan para combatir la inseguridad. “Hago esto por los jóvenes, debido a que las formas tradicionales de abordar este problema no lo han logrado hasta ahora. Tenemos que encontrar otra manera, aunque algunos consideran que es audaz. Uruguay es un país pequeño, donde se pueden hacer las cosas más fáciles. No son tan grandes como Brasil".
La medida ha sido cuestionada por la oposición, que considera que solo agravaría el consumo de estupefacientes o que es una forma errónea de atacar el problema de la inseguridad. El opositor Partido Colorado, con el apoyo de algunos miembros del también opositor Partido Nacional, ha presentado este año unas 367.000 firmas al Parlamento para convocar a un referéndum con el que pretende bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años como medida contra la delincuencia juvenil.
Según un estudio realizado por las Naciones Unidas en 2010, casi uno de cada cuatro delitos cometidos por adolescentes recluidos en centros se menores en Uruguay estuvieron vinculados al consumo de alcohol o droga, o se cometieron para comprarlos.
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