Recién tomada posesión de las riendas del país, Andrés M. López Obrador firmó un decreto presidencial que ordena a las dependencias del Ejecutivo federal a tener una amplia colaboración con la investigación, porque “es un asunto de Estado dar con la verdad” de lo que pasó en la desaparición de los 43 estudiantes secuestrados hace cuatro años en Ayotzinapa, afirmó el presidente.
“Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, aseguró AMLO.
El decreto ordena la creación en treinta días hábiles de una Comisión Presidencial –coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas– que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todas las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes, y por funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.
El titular del Poder Ejecutivo señala en el decreto, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, que toda la administración pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias; específicamente, Encinas deberá proceder a las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la comisión.
Además, indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento “sin obstáculos” de la comisión; mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de formalizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso.
El Presidente de la República aclaró que la comisión que incluye el decreto no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, en junio de 2018. Esta de ahora deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República –como ente autónomo– o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación.
Además, al ordenar a todos los organismos y dependencias a facilitar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, el decreto recuerda que la información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos no puede ser reservada e instruye a que se implementen medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante.
Para las familias de los 43 normalistas desaparecidos, la emisión del decreto representa una nueva etapa de esperanza en la que, dicen, “se irá construyendo la confianza”
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