Empresas agroexportadoras, grandes grupos industriales que exigen subsidios, funcionarios públicos que no quieren perder sus extensos privilegios y organizaciones civiles que defienden a comunidades indígenas o minorías… Numerosos son los grupos que tratan de influir en un país donde la Operación Lava Jato cambió para siempre la imagen del lobbistaque actúa entre bastidores.
Un hombre protesta contra la corrupción en Sao Paulo, Brasil. MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images
Deflagrada en marzo de 2014, la Operación Lava Jato –quizá una de las mayores tramas de corrupción jamás desvelada– ha expuesto las entrañas del sistema de sobornos que engangrena Brasil, así como los vasos comunicantes entre intereses privados y públicos. Cientos de millones de dólares han sido desviados por medio de licitaciones fraudulentas en las que las empresas constructoras aceptaban engrosar sus facturas y desviar el remanente para políticos y partidos a cambio de obtener contratos con la estatal Petrobras, según las investigaciones.
Cuatro años de escándalos han colocado en entredicho la figura del lobbista en un país que hace ya tres décadas comenzó a discutir en sede legislativa la posibilidad de regular esta profesión cuyas actividades escapan, por lo general, a la supervisión de la sociedad. En los últimos meses, en vísperas de las elecciones, se aceleró el debate para que esta práctica –que camina a medio paso entre el tráfico de influencias y la presión lícita por intereses privados– sea encuadrada. Ello a través de un proyecto de ley que obligaría, entre otras cosas, a publicar las agendas de los diputados y las discusiones con los lobbistas, así como a registrar a los miembros de esta profesión.
Un estudio realizado en 2015 sobre los lobbies brasileños mostró que es en Legislativo donde más se materializa esa ascendencia sobre los que toman decisiones cruciales. Con sus 513 diputados, el Congreso brasileño es el corazón del sistema de influencia de grupos privados, que van desde los funcionarios públicos hasta grandes productores de carne o soja transgénica. Un 80% de esos legisladores opta a la reelección en las generales de octubre, y de ellos nada menos que 48 están investigados en la Lava Jato o ya fueron imputados por la Corte suprema.
Las donaciones electorales –registradas en la Justicia electoral y las de caja B, es decir, las ilícitas– son el principal ejemplo en Brasil del poder que tienen los grupos privados y las empresas sobre diputados, gobernadores e incluso presidentes. Documentos revelados a seis días de la primera ronda muestran que las campañas presidenciales de Dilma Rousseff de 2010 y 2014 en Brasil costaron unos 350 millones de dólares, tres veces más de lo declarado, según el exministro de Hacienda de Brasil, Antonio Palocci, convertido en colaborador de la justicia tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero a 12 años y dos meses de cárcel.
Sin embargo, desde 2016 están prohibidas las contribuciones de empresas, por lo que los de octubre serán los primeros comicios generales que se disputen sin las donaciones de grandes corporaciones como, por ejemplo, la agroalimentaria JBS y la constructora Odebrecht. Es el Estado, por medio de un fondo electoral, y las donaciones de particulares las que, en teoría, sufragarán el total de los gastos. En septiembre el diario Folha de Sao Paulo indicó, no por casualidad, que 82 de las 131 mayores contribuciones privadas a campañas –las que superan los 30.000 dólares– fueron para diputados que ya tienen mandato. El dinero parece ir detrás de la influencia consagrada.
Sin embargo, la influencia de los lobbies brasileños se extiende a otros poderes, según uno de los estudios más minuciosos sobre esta actividad, publicado en septiembre de 2017 por el brasileño Instituto de Política Económica aplicada (IPEA). En la mayor economía de América Latina hay decisiones cruciales que son tomadas no solo por el Legislativo y el Ejecutivo, sino también por el poder Judicial y por otros órganos del Estado con gran capacidad de incidencia (bancos públicos que ofrecen créditos multimillonarios subsidiados, agencias reguladoras que garantizan la competencia o las cuentas públicas…). Cuestiones como la demarcación de tierras indígenas con alto potencial mineral o la tercerización de sectores económicos, que deberían quedar encuadrados por los legisladores, terminan siendo dirimidos en la propia Corte suprema. Incluso cuestiones profundamente ideológicas, como el aborto, está siendo ahora debatido por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que debe decidir si es constitucional o no la interrupción del embarazo en un país cuya legislación lo prohíbe explícitamente. La Iglesia Católica, las asociaciones de médicos y las organizaciones feministas son algunos de los grupos de influencia que, más allá de la cuestión legal, tratan de que sus argumentos se impongan al resto.
La lista que sigue es incompleta, pero refleja algunos de los más influyentes en el país:
El ‘lobby’ agroindustrial: transgénicos, agrotóxicos y laxitud medioambiental
Campo de soja en Mato Grosso, Brasil. YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
En un país que produce el 7% de las exportaciones mundiales de alimentos y vende más de 80.000 millones de dólares de productos como soja, proteína animal en todas sus variantes, frutas y café, el lobby agroindustrial es quizá el más poderoso. La llamada “bancada ruralista”, un grupo de parlamentarios que fluctúa pero suma más de un tercio de la Cámara Baja, es el epicentro de esta influencia.
Financiados por grandes productores de alimentos, cereales y carne, cuando no directamente grandes propietarios de tierra y miembros del sector agroindustrial, la “bancada ruralista” defiende una agresiva política para expandir el uso de los transgénicos, acelerar la aprobación de nuevos agrotóxicos (algunos prohibidos en Estados Unidos y Europa), limitar la concesión a grupos indígenas, y relajar las leyes medioambientales para expandir las áreas productivas de soja, ganado bovino o caña de azúcar. Quizá el exponente más destacado de este grupo sea el senador y actual ministro de Agricultura, Blairo Maggi, cuya familia, que integra año tras año la lista Forbes de millonarios, fue llamada “Rey de la Soja” por su presencia vertical en el sector, desde la producción a la distribución mundial de la oleaginosa.
No sólo su fuerza dentro del Legislativo les hace muy poderosos. En los últimos años han reforzado una campaña de publicidad bajo el lema “¡Agro es pop!” que difunde la importancia del sector para el Producto Interior Bruto (PIB), estimada en el 23% si se cuenta toda la cadena, así como los avances en materia tecno-ambiental. Desde 2014, cuando estalló la peor recesión en décadas en el país, ha reforzado su influencia por empujar las exportaciones y la economía, por lo que en estas elecciones conservará o incluso aumentará su influencia. Esta misma semana el Frente Parlamentar de Agropecuaria, que encarna al lobby ruralista en el Legislativo, indicó que apoya al radical de ultraderecha y exmilitar Jair Bolsonaro en las elecciones.
Funcionarios: ningún corte para los grandes privilegiados
El abultado déficit de un Brasil estancado ha obligado al Estado a replantear un corte radical en los gastos, con impactos en todos los sectores. Desde 2016 la gran apuesta del presidente Michel Temer fue una reforma del sistema de pensiones que no logró pasar en la Cámara Baja, donde sí logró el apoyo –en dos ocasiones– para frenar su imputación criminal por corrupción y asociación ilícita.
Detrás de esa resistencia está el lobby de los funcionarios públicos, una casta de privilegiados en el país que frena cualquier amenaza legislativa llegada desde el Ejecutivo para poner coto a los beneficios. Algunos ejemplos de la acción de este lobby son las jubilaciones a los 50 o 55 años y con prestaciones vinculadas a la inflación (que puede superar el 7%), así como los voluminosos complementos de sueldo (ayudas para el alquiler, la alimentación, los estudios de los hijos…) que sobrepasan el techo salarial mensual de los funcionarios, que se sitúa en unos 8.300 dólares, y disparan las percepciones de jueces, fiscales y empleados de Hacienda hasta los 20.000 o 25.000 dólares mensuales en un país donde el salario mínimo no llega a 250 dólares.
Temer quiso frenar este año esos complementos –hay jueces que son propietarios de edificios enteros y siguen recibiendo prestaciones mensuales por vivienda–, pero perdió la batalla. Tampoco pudo congelar los sueldos públicos en 2019, aunque el país acumula más de medio lustro gastando más de lo que ingresa. El poder del lobby se hizo también presente en la Corte suprema, cuando los 11 jueces más influyentes del país aprobaron una subida del 16% de los sueldos en el sector judicial que costará cientos de millones a las arcas públicas de un país con más de 12 millones de desempleados.
Constructoras: en la sombra por la Lava Jato
Construcción de un estadio de fútbol, Brasilia, 2011. AFP/Getty Images
El sector de la construcción civil era hasta hace unos años uno de los lobbies más influyentes del país. Gracias a los cientos de millones de dólares pasados a los partidos políticos por medio de donaciones oficiales y oficiosas (hace una década ya figuraba como donantespara campañas de la mitad de los diputados de la Cámara Baja), empresas del sector garantizaban un acceso extraordinario, único, a los estamentos del poder, para poder modelar licitaciones y proyectos de ley. También influenciaban la política exterior del Brasil de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff para vencer obras en Cuba o Angola.
Ejemplo de esa actividad ilícita es la constructora Odebrecht, quien fue la mayor de América Latina y cuyo expresidente, Marcelo Odebrecht, llegó a crear un departamento especializado para pagar propina y financiar campañas a todos los niveles del Estado, desde diputados a candidatos presidenciales. Su política era: donar para la campaña de todos, y así obtener réditos políticas fuera quien fuera el vencedor electoral, o a ninguno.
La Lava Jato, que expuso el cártel que Odebrecht integraba junto a otras constructoras brasileñas como Camargo Correa y OAS, colocó entre rejas a algunos de los ejecutivos, y ha mermado la influencia de este lobby, aunque sigue siendo muy poderoso por su capacidad de dar rédito político a nivel de empleos. Asimismo, de él dependen obras estratégicas para el país, como la construcción de hidroeléctricas que generan en torno al 65% de la energía de Brasil aprovechando el gran potencial hídrico del gigante suramericano.
Ecologistas, indigenistas y defensores de minorías
Indígenas, apoyados por Greenpeace, protestan contra el gobierno brasileño por la construcción de plantas hidroeléctricas en la Amazonia. ANDRESSA ANHOLETE/AFP/Getty Images
En un país de enormes desigualdades sociales y raciales (los negros son los más perjudicados por la violencia, la pobreza, el analfabetismo y la brutalidad policial), existe un aguerrido lobby formado por organizaciones no gubernamentales y grupos civiles que defienden a minorías en proyectos de ley clave, como las cuotas reservadas para afrodescendientes e indígenas en las universidades públicas.
Asimismo, organizaciones como Greenpeace o el brasileño Instituto Socioambiental (ISA) tienen sedes en Brasilia para influenciar a diputados sensibles con temas como la destrucción de la Amazonía o la demarcación de tierras indígenas. Actúan por medio de campañas dirigidas a la opinión pública y, a su vez, a los órganos de control ambienta (IBAMA) y de relación con los pueblos indígenas (FUNAI). Sus recursos son incomparables con los de las grandes empresas, pero por medio de acciones de gran impacto mediático han logrado, por ejemplo, evitar la exploración de petróleo en las costas de la desembocadura del Río Amazonas.
Tradicionalmente enfrentados a los intereses agroindustriales, el lobby ecologista e indigenista aboga por la preservación de las grandes reservas de la Amazonía (la jungla ocupa cerca del 60% del territorio de Brasil y cerca de la mitad está protegida por la legislación). Una de sus victorias recientes fue la paralización judicial en 2016 de la presa hidroeléctrica Sao Luiz, en el río Tapajós, tras un largo debate. La victoria de Jair Bolsonaro podría tener grandes repercusiones para este grupo de influencia, ya que el candidato dijo que extinguirá el ministerio de Medio Ambiente, y pretende abrir al lucro capitalista los recursos naturales de las tierras indígenas.
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