Resolute ha demandado a Greenpeace por ‘actividad criminal’ y reclama 300 millones de dólares canadienses en concepto de daños
Greenpeace ha publicado el informe Cortando la Libertad de Expresión en el que expone las implicaciones del ataque por parte de la compañía canadiense Resolute Forest Products, que trata de redefinir el activismo como una actividad criminal.
En lugar de abrazar las prácticas forestales sostenibles, invertir en la salud de los bosques y crear empleos, Resolute está tratando de intimidar a las voces críticas como la de Greenpeace con demandas multimillonarias que amenazan la libertad de expresión. Si estas demandas tuvieran éxito, podrían establecer un precedente peligroso que podría detener a los grupos ecologistas que critican a las corporaciones en Norteamérica y alentar a empresas de todo el mundo a usar tácticas similares contra sus propios críticos, señala la oenegé.
“Greenpeace se ha ganado el reconocimiento internacional como entidad de defensa ambiental independiente porque no tenemos miedo a la hora de denunciar atentados medioambientales. Realizamos una defensa del interés público, no una actividad criminal. Las voces de aquellos que nos apoyan no se van a silenciar ahora porque una compañía maderera como Resolute quiera seguir adelante con la tala de bosques intactos”, ha declarado Bunny McDiarmid, directora ejecutiva de Greenpeace International.
En mayo de 2016 Resolute presentó una demanda reclamando 300 millones de dólares canadienses (200 millones de euros) acusando de crimen organizado a varias oficinas de Greenpeace, a la organización Stand.earth y a activistas individuales. Previamente, Resolute había demandado por difamación a Greenpeace Canadá y a dos de sus empleados, exigiendo 7 millones de dólares canadienses. El juicio sigue su curso en la actualidad. La compañía también ha utilizado estas tácticas legales contra otras organizaciones como Rainforest Alliance, un auditor ambiental independiente.
El informe de Greenpeace saca a la luz que las mayores empresas editoriales, como Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster y Hachette, están comprando papel a Resolute. Greenpeace está pidiendo a estas editoriales que se unan a la campaña “Nuestras voces son vitales” para proteger la libertad de expresión y los derechos colectivos de la organización en temas de interés público, como la conservación de los bosques.
“Esta nueva información saca a la luz la paradoja de las grandes editoriales: en un mundo donde la libertad de expresión está cada vez más amenazada, las editoriales, que dependen en gran medida de la libertad de expresión, deben rechazar estos intentos de silenciar las voces críticas de su propio proveedor”, ha declarado McDiarmid.
“Nuestro objetivo es conseguir bosques en buen estado de conservación donde los derechos de los Pueblos Indígenas sean respetados, el trabajo para las comunidades esté asegurado y los hábitats importantes estén protegidos. No estamos exigiendo que las compañías dejen de abastecerse de los bosques boreales de Canadá, estamos pidiendo tanto a las compañías madereras como a sus clientes que sean parte de soluciones duraderas para los bosques“, ha agregado. ”Invitamos a las editoriales a trabajar con Resolute para encontrar soluciones más sostenibles para el bosque Boreal y pedir a Resolute que abandone sus querellas sin sentido orientadas a silenciar a quienes critican sus prácticas”.
Si Resolute gana estas demandas, estaríamos no sólo ante un mundo sin Greenpeace y sus 45 años de historia protegiendo el medio ambiente, sino un mundo donde la libertad de expresión se vea restringida para grupos ecologistas, personas, artistas, periodistas y editores, señala Greenpeace.
“Resolute quiere etiquetar el trabajo de defensa ambiental como actividad criminal en Estados Unidos y establecer un precedente para silenciar a quienes disienten legítimamente. Esta empresa maderera no es consciente de los millones de personas que hacen que el movimiento ambiental sea tan fuerte. Juntas, nuestras voces son vitales para proteger nuestros derechos, nuestras comunidades y el planeta”, concluye McDiarmid.
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