Miles de personas se dieron cita ayer en Elgoibar para reclamar la puesta en libertad de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, las cinco personas encarceladas hace cinco años por el denominado «caso Bateragune». La movilización, que partió a las 17.00 desde el centro de la localidad natal del líder independentista, estuvo marcada por la presencia de políticos y sindicalistas de diferentes ideologías.
Así, junto a los representantes de los partidos que forman EH Bildu se dejaron ver la exconsejera del PSE Gemma Zabaleta, el exconsejero de EB Javier Madrazo, Joan Tardá (ERC), David Fernández (CUP), Xabier Campos (BNG), Ainhoa Aznarez (PSN), Lois Pérez (La Izquierda), Txiki Muñoz (ELA) y Jabi Garnika (LAB), entre otros muchos.
Todos secundaron una marcha en la que se reclamó la libertad de los cinco «por ser ellos la auténtica garantía para paz de Euskal Herria y la resolución definitiva del conflicto vasco», tal como sostiene Alfonso Pérez Esquivel. En su escrito, que fue leído por Pérez Leira ante los presentes, el premio Nobel de la Paz considera que el castigo aplicado contra estos políticos presos «una ofensa contra la humanidad».
Un obstáculo para la paz
Antes de que diera comienzo la manifestación, el portavoz de Sortu Pernando Barrena afirmó que Madrid es «un obstáculo permanente para las ansias de paz y libertad» de Euskal Herria. Asimismo, remarcó que los vascos deben tener «una posición de Estado en defensa del proceso de paz y de un mínimo democrático, como es el derecho a decidir su futuro».
Por su parte, Jon Iñarritu (Aralar) denunció que los condenados por el «caso Bateragune» están presos por «haber luchado por la paz». A su juicio, esto supone un «caso sin igual que no se da en el mundo». En la misma línea, Oskar Matute (Alternatiba) destacó que mantenerles en prisión «no obedece más que a una estrategia puramente represiva y meramente vengativa del Gobierno español, que va en contra de lo que sociedad vasca demanda de forma mayoritaria».
Por último Tardá cargó contra el Ejecutivo de Rajoy por «levantar la bandera de la venganza» contra aquellos líderes que «se han comprometido con la paz y la reconciliación de los corazones, y la solución de los conflictos por la vía democrática».
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