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Movimientos sociales de diferentes países, entre ellos España, pero también en EE UU, Portugal, Grecia y Alemania, han decidido presentar querellas contra las agencia de calificación de la deuda en sus respectivos países. Estas agencias son empresas privadas cuyos nombres son repetidos hasta la saciedad en los medios (Standard & Poor’s, Fitch yMoody’s), e influyen en las políticas económicas de países enteros. Sus informes determinan, en principio técnicamente, el riesgo de impago de la deuda pública de los Estados y de las empresas privadas, lo que les otorga un gran poder, ya que puedenprovocar el desplome de una economía nacional sin asumir ninguna responsabilidad.“Es necesario que aquellos que se amparan en el cuello blanco y la corbata entiendan que las‘leyes del mercado’ tienen unos límites. No se puede permitir que toda la economía esté sometida a constantes ataques por parte de especuladores y, al final, que los responsables salgan impunes y, además, con los bolsillos repletos”, afirma Gonzalo Boye, uno de los abogados que lleva el caso en el Estado español.
La base son los artículos 284 y 285 del Código Penal españolLa querella española, que ya ha sido admitida a trámite, fue presentada el 25 de febrero contra los responsablesen nuestro país de las citadas agencias por el Observatori per al Compliment de laDeclaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals, y a ella se han adherido diversas entidades sociales y ciudadanas como ATTAC y partidos políticos como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. El “conflicto de intereses” y la manipulación de la información son las bases de la querella presentada en relación a los artículos 284 y 285 del Código Penal de nuestro país. Según los demandantes, los principales compradores de deuda pública de los Estados son clientes de las agencias de calificación y sería por ello por lo que estas agencias han desvalorizado la deuda de algunos Gobiernos, a partir de la difusión de información engañosa, con elobjetivo de que los inversores obtuvieran mayores intereses con menor riesgo. Su posición oligopólica controla el 90% del mercado, facilita que “controlen” de hecho con sus informes de calificación los mercados financieros.
“Los criterios de elaboración de sus dictámenes son poco claros, poco explicables y, sobre todo, modulables en función de los intereses de estas empresas. No castigan de igual forma la penosa situación de EU UU a como lo hacen con la española que, por cierto, no es tan mala como reflejan”, afirma Boye. “Antes de la crisis ya actuaban así, por ejemplo cuando en2001 el presidente de Brasil, Lula, subió el salario mínimo en su país estas agencias calificaron la solvencia del país a la baja. Sus calificaciones están claramente politizadas”,afirma Juan Hernández, del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) de la Universidad del País Vasco, que también participa de la querella.
“Se ha dado mucho poder a unas agencias que fueron, en parte, responsables de la crisis, yaque avalaron con supuestos criterios técnicos y valoraciones positivas productos tóxicos (como las hipotecas subprime) para la economía”, afirma Hernández. Cabe recordar que, en el caso de la calificación de la deuda de empresas privadas, son éstas, las calificadas, las que pagan los honorarios a las agencias, con lo que reciben una enorme presión para valorarfavorablemente sus productos, como en el caso de las subprime. De este modo, estas agencias asesoraron en la creación de productos financieros que ellas mismas calificabanposteriormente. De hecho, la Comisión Estatal de Bolsa y Valores del Senado norteamericano también ha investigado estos hechos y su principal conclusión es que “estacrisis no habría sucedido sin las agencias de calificación”.
DEMANDA A
LAS AGENCIAS
_ ROMPER CON
LOS MENSAJES
DE RESIGNACIÓN
_ V. C.
El poder de las agencias
tiene mucho que ver «con la
complicidad de los
Gobiernos que aceptan su
autoridad», afirma Juan
Hernández, del Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional,
«y de la clase política por
las deudas de los partidos a
los bancos y también por el
permanente trasvase de
políticos del sector público
al privado». En el caso de
Portugal, «incluso destacados
miembros de la oposición
prestaban asesoría a
algunas de estas agencias
para ir degradando la
deuda de su país», añade
Gonzalo Boye, uno de los
abogados que lleva el caso
en España. «Lo que no existe
es una respuesta social
articulada a este tipo de
comportamientos. Es increíble
la pasividad social con
la que vamos acatando una
reforma tras otra, es indignante»,
afirma Boye. «La
querella quiere romper con
los continuos mensajes de
resignación que van calando
en la sociedad y que no
tienen otro objetivo que el
dominio ideológico por
parte del capital, aunque
creemos que la pelea
pendiente, más que judicial,
es de autoorganización ciudadana
y de reivindicación»,
indica Hernández.
«Existen alternativas, como
lo ocurrido en Islandia,
donde han procesado a los
responsables de los bancos
que habían dirigido el proceso
de especulación
que ha empobrecido a
todo el país», afirma
Hernández, quien añade
que «para llevar a cabo
un cambio así hay que
buscar alianzas y conocer
las dificultades existentes
y de la oposición internacional».
En Islandia no se
rescató a los bancos que
tenían productos finan
cieros «tóxicos» y por dos
veces se ha rechazado en
referéndum que el país
asuma las deudas de sus
bancos. «Realizar algo así
en España sería más complejo,
ya que está dentro de
la UE, pero no imposible»,
afirma Hernández, «aunque
para cualquier cambio será
necesaria una movilización
social».
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