La privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos | CIPER Chile CIPER Chile » Centro de Investigación e Información Periodística

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El agua es un elemento vital. Puede sonar a lugar común, pero nadie discute la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad. ¿Es el acceso a ella un derecho fundamental de la población? Para el autor de esta columna, sí, pero el Estado no lo garantiza. La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado. Según el columnista, “un atentado contra la vida de las personas”.

A esta altura resulta ser un lugar común sostener que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades. Por lo mismo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, ya que es una de las condiciones necesarias para asegurar la pervivencia de la sociedad.

América Latina está viviendo un proceso creciente de toma de conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua. Movilizaciones masivas como las que se han desarrollado en Argentina o en Perú, indican que los pueblos están tomando la decisión de ejercer soberanía sobre sus recursos hídricos.

La lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos ha estado asociada a la condición singular de cada ser, a su dignidad. De esta condición se deriva un número importante de libertades y derechos, los que tienen por misión salvaguardar la esencia de cada persona, estableciendo límites, obligaciones y deberes al Estado, así como también a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.

Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas. El respeto por ellos trasciende los sistemas políticos y jurídicos. En rigor, es un asunto de ética y de decencia. Y el agua, por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en condiciones dignas.

La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.

El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos.

A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un simple compuesto ni como un elemento importante en la elaboración de estrategias. Tampoco puede ser considerada como un recurso natural renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico.

En Chile, el Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981 –y que sigue absolutamente vigente–, considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.

Ese mismo cuerpo legal creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

Mención especial es lo que sucede con la provisión de agua potable a la población. En América Latina, y durante la década de los ‘90, gobiernos neoliberales liderados en su momento por Alberto Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia o Carlos Menem en Argentina, iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, concertacionista que inició la privatización del agua potable. Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal.

El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas está en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos no consuntivos se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad humana de acceder al agua. La Constitución Política de la República de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca.

La Ligua, Cabildo y Petorca son hoy el reino de Machiavello: en estas comunas se aplica el principio “el fin justifica los medios”; agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población.

Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua; zanahoria y garrote: zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas: nada más ni nada menos que AGUA.

Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es de una inequidad feroz, tan feroz como la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua. Políticos transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del agua, soslayando el problema de fondo. En Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de chilenas y chilenos. Los hechos son más elocuentes que mil palabras.

Sentencia a “La Manada”: violencia, consentimiento y libertad sexual - David Guerrero | Sin Permiso

Sentencia a “La Manada”: violencia, consentimiento y libertad sexual - David Guerrero | Sin Permiso

Esta semana hemos conocido el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra referido al caso de “la manada”. La sentencia condena a estos cinco hombres a nueve años de prisión por “abuso sexual” en lugar de a los más de viente que pedía la acusación por “agresión sexual” (violación, en este caso, porque hubo penetraciones). Como es bien sabido, la razón principal es que el tribunal no ha podido encontrar rastros de violencia o intimidación a pesar de toda la detallada y escabrosa descripción de los hechos probados. La sentencia, además, ha venido con propina: el voto particular de uno de los jueces. Después de una informativa monografía en defensa de la presunción de inocencia, discrepa con sus otros dos compañeros y, mediante una interpretación casi pornográfica de los hechos probados, no sólo no encuentra ni violencia ni intimidación, sino que advierte “una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo” (p. 244); porque como todos sabemos –prepárese la palangana– es posible una agresión sexual en la que “pese a todo, la mujer llegue a experimentar ‘excitación’ o ‘placer’ meramente físico en algún momento” (p. 251). Se refiere, claro está, a las fotos y a los vídeos de la ¡presunta orgía!, realizados por los propios acusados y que fueron visionados exhaustivamente por la policía forense y revisados después en la propia sala.

La violencia

De momento, pensemos brevemente en la lógica del delito recogido por el artículo 181 de nuestro Código Penal, en su capítulo II, “De los abusos sexuales”:

Artículo 181

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Detengámonos aquí. Lo primero que podemos preguntarnos es qué tipo de situaciones imaginables son aquellas que pueden considerarse bajo esta definición. ¿¡Qué cabeza puede imaginar relaciones sexuales “sin que medie consentimiento” y que al mismo tiempo sean “sin violencia o intimidación”!? No se puede decir más claro: según nuestro Código Penal, es posible atentar contra la libertad sexual de alguien sin usar ninguna forma de violencia o intimidación.

Los artículos 181.2  y 181.3 son los dedicados a aclarar cómo es eso posible: mediante el anulamiento de la voluntad de la víctima con drogas, aprovechando su estado mental o haciendo uso de una superioridad manifiesta “que coarte a la víctima”. Por lo que se definen estos tres casos es más bien por la escasa necesidad que el agresor tiene de usar violencia física sobre la víctima. No sólo no valoran la mera posibilidad de que este use la violencia (la cual es un recurso siempre presente para el agresor), es que además premia e incentiva la alevosía y astucia para conseguir forzar sexualmente sin agresión física, por ejemplo drogando o seleccionando conscientemente a las víctimas.

La tipificación del Código Penal, al distinguir entre “abuso” sexual y “agresión” sexual, tiene una obsoleta comprensión de la lógica de la violación. Esta división, que se articula fundamentalmente alrededor de si existe “violencia o intimidación”, tiene otro resultado perverso. Hace que el crimen en cuestión sea castigado de una forma u otra, no por las pretensiones del violador, sino según la resistencia física que la víctima oponga: 1) Si la víctima se bate con la suficiente fuerza contra su agresor (sus cinco agresores) como para que este tenga que usar violencia física o intimidarla –con un arma, por ejemplo– será “agresión sexual”. 2) Si la víctima, en cambio, ante el mismo agresor y situación, opta por salvaguardar su integridad física –probablemente, su vida– y no opone resistencia alguna, el delito que será considerado es el de “abuso sexual”.

Tras esta distinción, decíamos, hay una visión obsoleta de la realidad efectiva y concreta de las violaciones. Imagina al violador fantasiosamente: como un ser monstruoso, explícitamente violento, un perfil psicológico que sería escaso en nuestra sociedad y que planea premeditadamente el uso de la fuerza contra sus víctimas; como de película: que va a por ellas a maniatarlas y que las arrolla desde el comienzo con su violencia directa, como si la violación fuera cosa de licántropos y no de hombres corrientes. Esta concepción no es capaz de asumir que la práctica de violencia física, no tiene por qué ser una parte constitutiva de la actuación del violador; que el violador, para llevar a cabo su fin, no tiene por qué lesionar físicamente a la víctima, ni siquiera intimidarla de forma explícita. Nuestro Código Penal, igual que la prensa sensacionalista, no puede asimilar un perfil de violador (de “agresor sexual”) mucho más prosaico y frecuente. Ese que lo que busca es tener sexo a toda costa y que usará la violencia en caso de que le haga falta, pero no necesariamente y por sí misma, mejor llegar a ello por otros medios. Qué clase de tipificación del crimen es esta que valora un delito u otro, no en función del asaltante sino ¡de la respuesta y coraje de la víctima! La gravedad del atentado contra este reciente bien jurídico, la libertad sexual, se mide en función del empeño que la propia víctima ponga en defenderlo

El consentimiento

A estas alturas debería quedar meridianamente claro el concepto de la sexualidad que subyace a todo este asunto y que infecta especialmente a la parte más comprometida del voto particular: si la mujer no se opuso con más ganas es porque tan mal no lo estaría pasando. Su comprensión del asumido consentimiento sexual no es menos grosera que simplista. Una que no entiende que las relaciones sexuales implican la comprobación constante del consentimiento, de ese acceso privilegiado que tenemos al intimidad y el cuerpo de otro. Esta máxima, que forma parte del sentido común sobre el sexo entre personas que creen en su mutua dignidad, se vienen repitiendo con mucha más firmeza desde que estalló el movimiento del #MeToo/#YoTambién/#NiUnaMenos. ¡Pero todavía hay quien lo discute como si fuera un asunto privado, cosa de gustos sexuales! Eso es al menos lo que venía insinuando cierto columnismo, mis favoritos alguacilillos de la caspa nacional: que eso de preguntar tanto, de asegurarse si el otro aún quiere, entraña mojigatería y puritanismo millenial. Pues no. Ni tampoco tiene que ver con acabar con la “sensualidad”, la “seducción”, o con prohibir ese grado de incertidumbre que en ocasiones pueda ser parte del juego sexual.

Como casi cualquier ser humano adulto con plenas capacidades cognitivas habrá tenido la suerte de comprobar, el sexo es más deleitable, variado e interesante cuanta más información fluya entre aquellos quienes lo practican. Y esa información no se transmite sólo mediante antediluvianos códigos físicos y sociales sino, sobre todo, por medio de preguntas o indicaciones verbales explícitas. De qué nos sorprende esta sentencia, si hay quien todavía discute sobre la exigencia de comprobar si el consentimiento sigue en pie porque este puede haber sido revocado en cualquier momento. Pedir la renovada relevancia penal que debe tener el consentimiento sexual, único criterio de la violación, no pone en peligro la presunción de inocencia de los hombres. Lo que sí socava es la presunción de que las relaciones sexuales y afectivas están exentas de vínculos de poder y dominio, la idea de que están exentas de responsabilidad sobre los cuerpos e intimidades a los que se nos confía acceso. Pero sobre todo, desmorona ese privilegio con el que casi la mitad de la sociedad se enfrenta al sexo.

Sin embargo, hablar aquí acerca de la naturaleza del consentimiento es una frivolidad extrema. Creemos en la preeminencia del valor de la declaración de la denunciante (y en su veracidad), que en todo momento ha dejado claro que no hubo clase alguna de acuerdo sexual, tampoco en los momentos previos al endiablado portal. No es un apunte sin importancia, empero, debido a la cínica admiración que en algunos ha causado la “minuciosa” argumentación del voto particular; como si las burradas que dice se justificaran por el número de páginas, la erudición o la cantidad de latinajos.

La libertad sexual

Como es bien sabido, el nombre de esta revista, “Sin Permiso”, homenajeando cierta cita de Karl Marx, hace referencia a la idea de vivir sin tener que pedir permiso a otros. Remite a una vieja intuición jurídico-política proveniente del republicanismo clásico. Este entendía la libertad como independencia de la voluntad arbitraria de terceros, como la posibilidad de desarrollar mi existencia plena sin estar a merced de las decisiones que otros puedan urdir contra mí. Nótese que se entiende la libertad, no como que de hecho nadie interfiera arbitrariamente sobre mis decisiones sino, de manera mucho más exigente: como que nadie tenga siquiera la posibilidad de hacerlo. Uno de los muchos aspectos interesantes de esta vieja idea de la libertad es que no remite la custodia de mi libertad a mis solas capacidades individuales, entiende que mi libertad depende en gran parte de mis relaciones con otros.

La salvaguarda y el ejercicio pleno de mi libertad sexual dependen de en qué medida detecto y estoy protegido ante las relaciones objetivas de poder que la afectan. Sin embargo, esta libertad no debe depender, en ningún caso, de la suerte que tenga eligiendo a mis compañeros sexuales, de las ganas que tenga de conseguir o conservar un puesto de trabajo, de las horas a las que paseo por la calle, de los lugares que frecuento o de lo abarrotado que esté el transporte público; mi libertad sexual tampoco puede quedar supeditada a cómo me visto y me maquillo, o cuánto bebo y me drogo al salir de fiesta, ni tampoco puede remitir a mi astucia, mi precaución o mi desconfianza, ni depender de mi asertividad, de la firmeza con la que sé decir “no”; y mucho menos podrá depender mi libertad sexual, en una sociedad que se llame decente, del arrojo con el que sea capaz de usar mi fuerza física para defenderme de violadores.

Sólo la determinación feminista que lleva décadas rebelándose ante esas relaciones de poder que se tejen en los ámbitos más recónditos de nuestras vidas es capaz de inundar nuestras instituciones con este imperativo moral, que trata de la dignidad humana. Esa misma determinación es la que convirtió en vergonzoso no apoyar públicamente la movilización y huelga del pasado 8 de marzo. Y esa determinación ahora desborda, necesariamente por la izquierda, a nuestro Código Penal, a nuestro –otra semana más– decadente poder judicial y a todos los prejuicios que representan el voto particular y la sentencia. Ese feminismo es el que estas semanas construye el futuro clamando por nuestras libertades, y lo hace sacudiendo a este Estado vergonzoso, pegándole fuerte en sus partes íntimas.

David Guerrero 

es graduado en Sociología por la Universidad de Barcelona. Actualmente cursa estudios de posgrado de filosofía política. Colabora habitualmente con Sin Permiso.

Violencia sexual contra mujeres vinculadas con el Estado Islámico | Periodistas en Español

Violencia sexual contra mujeres vinculadas con el Estado Islámico | Periodistas en Español

Violencia sexual contra mujeres vinculadas con el Estado Islámico

editor 18/04/2018 Derechos Humanos, NOTICIAS Dejar comentario

Un informe de Amnistía Internacional revela que a mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico (Dáesh) se les niega ayuda humanitaria y se les impide regresar a sus hogares, y un alarmante número de mujeres son sometidas a violencia sexual.

The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq revela la discriminación generalizada a la que las fuerzas de seguridad, los miembros de las administraciones de los campos y las autoridades locales someten a las mujeres que viven en campos para personas internamente desplazadas, al considerar que estas mujeres están afiliadas al Estado Islámico.

Noor, de 52 años, camina con sus nietos hacia su carpa en el campamento de Namrud para desplazados internos. Dos de sus hijos trabajaban dentro de un hospital de ISIS, y una de sus hijas estaba casada con un militante de ISIS. “ISIS no obligó a nadie a ir a trabajar con ellos, pero hizo que la gente tenga hambre, por lo que los forzó indirectamente”, dice Noor. “Incluso si nuestros hijos fueran ISIS, ¿por qué deberíamos ser castigados por ello?”, Pregunta.
Foto: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional determinó que existía explotación sexual en los ocho campos que visitó su equipo de investigación.

“Quizá la guerra contra el Estado Islámico en Irak haya terminado, pero el sufrimiento de la población iraquí dista de haberlo hecho. A las mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el Estado Islámico se les está castigando por delitos que no han cometido”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

Lynn Maalouf sostiene que “expulsadas de sus comunidades, estas familias no tienen ningún lugar a donde ir y nadie a quien acudir. Están atrapadas en campos y marginadas, y se les niega el alimento, el agua y otros productos básicos. Este humillante castigo colectivo amenaza con sentar los cimientos para futura violencia. No es manera de construir la paz justa y sostenible que la población iraquí desea y necesita tan desesperadamente.”

El informe expone con detalle el suplicio de miles de familias encabezadas por mujeres que han quedado abandonadas a su suerte en campos para personas internamente desplazadas después de que sus familiares varones hayan sido víctimas de homicidio, detención arbitraria o desaparición forzada cuando huían de áreas controladas por el Estado Islámico en Mosul y sus alrededores.

En muchos casos, el único “delito” de los hombres había sido escapar de un bastión del Estado Islámico, tener un nombre parecido a los contenidos en las cuestionables “listas de buscados” o trabajar con el Estado Islámico en funciones no relacionadas con el combate, como cocineros o chóferes.

Aislamiento y explotación sexual

La investigación muestra que a mujeres, niños y niñas de los campos para personas internamente desplazadas de todo Irak se les están negando el alimento y la atención médica simplemente por sus presuntos vínculos con el Estado Islámico.

A estas familias se les impide sistemáticamente obtener documentos de identidad y de otro tipo necesarios para trabajar y para circular libremente. Al menos en un campo, a las familias sospechosas de mantener vínculos con el Estado Islámico se les prohíbe salir de lo que se ha convertido de hecho en un centro de detención.

Desesperadas y aisladas, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir explotación sexual a manos de las fuerzas de seguridad, guardias armados y miembros de las milicias que trabajan en los campos y en sus cercanías. En los ocho campos que Amnistía Internacional visitó, a las mujeres se las coaccionaba y presionaba para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio del dinero, la ayuda humanitaria y la protección de otros hombres que tan desesperadamente necesitaban.

Estas mujeres también corren peligro de ser violadas. Cuatro mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían presenciado directamente alguna violación o habían oído en una tienda cercana los gritos de una mujer que estaba siendo violada por hombres armados, miembros de la administración del campo u otros residentes del campo.

Muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía en los campos para personas internamente desplazadas expresaron temor por su seguridad.

“Los hombres armados que actúan en los campos someten a las mujeres a un trato deshumanizador y discriminatorio por su presunta afiliación al Estado Islámico. Las mismas personas que se supone que deben protegerlas se convierten en sus depredadores”, ha manifestado Lynn Maalouf.

“El gobierno iraquí debe demostrar que se toma en serio la erradicación de las violaciones de derechos humanos que sufren estas mujeres haciendo que todos los responsables rindan cuentas de sus actos e impidiendo que en los campos para personas internamente desplazadas entre ningún hombre armado.”

Ningún lugar adonde ir

En varias zonas, las autoridades locales y tribales han emitido órdenes de impedir el retorno de mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el Estado Islámico, y de esa manera los dejan atrapados en los campos para personas internamente desplazadas.

Quienes han conseguido regresar a su hogar se han enfrentado a desalojos, desplazamiento forzado, saqueo, amenazas y abusos, incluidos abusos sexuales y acoso sexual. En algunos casos, a sus hogares los han marcado con la palabra “Daeshi” (término árabe para el Estado Islámico) y los han destruido o les han cortado la electricidad, el agua y otros servicios.

En vísperas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país en mayo, se está instando a las personas desplazadas a abandonar los campos, ya que el gobierno quiere cerrarlos y fusionarlos.

“Las autoridades iraquíes deben garantizar que las familias que están en los campos para personas internamente desplazadas que tengan presuntos vínculos con el Estado Islámico reciben acceso en condiciones de igualdad a ayuda humanitaria, atención médica y documentos civiles. Debe permitirse a estas familias regresar a sus hogares sin miedo a sufrir intimidación, detención o ataques”, ha manifestado Lynn Maalouf.

“Asimismo, las autoridades deben poner fin de inmediato a la práctica sistemática y generalizada de someter a desaparición forzada a los hombres y niños con presuntos vínculos con el Estado Islámico, una práctica que ha dejado a miles de esposas, madres, hijas e hijos en situaciones desesperadas.”

“Para poner fin al círculo envenenado de marginación y violencia entre comunidades que lleva décadas asolando Irak, el gobierno iraquí y la comunidad internacional deben comprometerse a defender y respetar los derechos de todas las personas de Irak, sin discriminación. Sin eso, no puede haber reconciliación nacional o paz duradera.”

El informe se basó en entrevistas con 92 mujeres en ocho campos para personas internamente desplazadas en las gobernaciones de Ninewa y Salah al-Din. El equipo de investigación también entrevistó a 30 miembros del personal de ONG locales e internacionales, 11 miembros de las administraciones de los campos y nueve funcionarios y ex funcionarios de la ONU.

China arremete contra EE.UU.: El ataque contra Siria "viola el derecho internacional" - RT

China arremete contra EE.UU.: El ataque contra Siria "viola el derecho internacional

Publicado: 16 abr 2018 09:41 GMT | 

De acuerdo con la Cancillería china, las acciones de EE.UU. y sus aliados en Siria son fundamentalmente contrarias a la Carta de la ONU.

El crucero USS Monterey de la Marina de EE.UU. dispara un misil Tomahawk, el 14 de abril de 2018.

U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Reuters

Los ataques aéreos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria son una violación de los principios básicos del derecho internacional sobre el no uso de la fuerza militar, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, citada por RIA Novosti.

"La Carta de la ONU define claramente la situación en la que se puede utilizar la fuerza militar. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, al atacar a Siria han violado el principio básico del derecho internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza militar", aseveró la portavoz de la Cancillería china durante una rueda de prensa.

Hua Chunying enfatizó que las acciones de los aliados en Siria son fundamentalmente contrarias a la Carta de la ONU y recordó que el derecho internacional prohíbe "acciones militares revanchistas" en respuesta a una conducta ilícita.

"Ignorar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y usar unilateralmente la fuerza militar contra otros países bajo el pretexto de una intervención humanitaria no cumple con las normas del derecho internacional", concluyó la diplomática china.

CORPOÉTICA de Claudio Rodríguez Fer.

Bandeira republicana na Fundación Granell dende hoxe ata o 10 de xuño na exposición @

CORPOÉTICA de #ClaudioRodríguezFer.

Hai décadas foi cosida pola nai de Carmen Blanco, armada polo pai e escrita polo poeta.

No cartel figura cunha bala na balanza o hidrositómetro do pai do autor, que estivo preso no cárcere de Lugo.

Facebook ya no es amigo de la democracia | Democracy Now!

Facebook ya no es amigo de la democracia | Democracy Now!

Facebook, la gigante red social con fines de lucro, recopila grandes cantidades de datos de cada uno de sus 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Este paquete de información le da a Facebook un poder comercial inigualable. También resulta cada vez más evidente que le da la capacidad de influir en importantes acontecimientos, como elecciones presidenciales y otro tipo de elecciones en diferentes partes del mundo. Las revelaciones sobre el papel de Facebook en la explotación de información de usuarios por parte de una empresa llamada Cambridge Analytica, que usó esa información para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump, así como en el resultado del “Brexit”, el referéndum que llevó a Reino Unido a abandonar la Unión Europea, ha generado una demanda de leyes más estrictas en torno al resguardo de la privacidad de la información.

El multimillonario Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, compareció por primera vez ante el Congreso estadounidense esta semana. Entre quienes lo interrogaron el martes en la primera de las dos audiencias programadas se encontraba el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin. Así fue el intercambio que tuvieron:

Sen. Durbin: “¿Se sentiría cómodo de compartir con nosotros el nombre del hotel en el que se alojó anoche?”

Mark Zuckerberg: “Ehh… no”.

Durbin: “Si le ha mandado mensajes a alguien esta semana, ¿compartiría con nosotros los nombres de las personas a las que le ha escrito?”

Zuckerberg: “Definitivamente no, senador. Preferiría no hacer pública esa información aquí”.

Durbin: “Creo que de eso se trata todo esto: del derecho a la privacidad, de los límites del derecho a la privacidad y de cuánto cedemos en el Estados Unidos moderno en nombre de, cito, ‘conectar a las personas en todo el mundo’”.

Estas audiencias sin precedentes del Congreso generaron mucha polémica pero poca claridad, tal como lo predijo Zeynep Tufekci, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Tufekci es una de las investigadoras más agudas en lo que respecta a Facebook y al desarrollo de nuestro panorama digital. La profesora expresó: “Realmente no necesitamos que Mark Zuckerberg explique los conceptos básicos de Facebook a un grupo de senadores que ni siquiera parecen entender del tema. Necesitamos sentarnos y preguntarnos: ‘¿Cómo nos manejamos con los nuevos recursos de información? ¿Cómo nos manejamos con la nueva esfera pública tal como funciona ahora? Mucha gente piensa erróneamente que Facebook vende los datos de uno. Pero Facebook no vende tus datos; Facebook te vende a ti”.

La empresa Cambridge Analytica, cofundada por el exasesor de Trump, Stephen Bannon, y el multimillonario donante de Trump, Robert Mercer, un ideólogo de extrema derecha, afirmó que podía crear “perfiles psicográficos” de las personas en función de sus datos de Facebook. Un informante de la empresa reveló que habían asesorado a la campaña de Trump en torno a cómo hacer publicidad específica con el fin de favorecer a Trump, así como para desalentar la participación de votantes demócratas.

La explotación masiva de datos personales en todo el planeta tiene consecuencias nefastas. La profesora Tufekci señaló al respecto: “Podríamos entrar en una fase a la que llamo ‘autoritarismo de la vigilancia’, en donde no nos enfrentamos al tipo de modelo orwelliano de la novela ‘1984’, esto es, un totalitarismo abierto, en el que suceden cosas como ser sacado a rastras en medio de la noche y ese tipo de cosas, sino que somos velada y silenciosamente presionados y manipulados, persona por persona, pantalla por pantalla, de acuerdo a nuestras vulnerabilidades individuales”.

Tufekci afirma que la especificidad que brindan los datos de los usuarios de Facebook es escalofriante y da como ejemplo la capacidad de determinar si una persona es bipolar: “Se puede predecir si es probable que una persona entre en una depresión clínica o si es probable que entre en una fase maníaca, si tiene problemas de salud mental, problemas de bipolaridad, antes del inicio de los síntomas clínicos”.

A partir de este seguimiento, se podrían ofrecer vuelos baratos a Las Vegas, por ejemplo, a personas cuya actividad en Facebook indique que están entrando a una fase maníaca. Estas personas podrían ser inducidas a realizar una compra impulsiva con mayor facilidad.

Y también están los niños y las niñas. Esta población se ha convertido en blanco reciente de Facebook con el desarrollo de su aplicación “Facebook Messenger Kids”. Esto permitiría que Facebook reclute usuarios nuevos, más jóvenes que la edad mínima actual de 13 años. Incluso a pequeños de 6 años de edad. La Campaña por una infancia libre de publicidad está tomando medidas para eliminar esta aplicación.

Josh Golin, director ejecutivo de esta campaña, nos dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran que las redes sociales son perjudiciales para los adolescentes, que el tiempo excesivo en las redes sociales se relaciona con problemas como la depresión y la infelicidad. Las niñas que están en las redes sociales tienen más probabilidades de sentirse disconformes con sus cuerpos. Facebook tiene conocimiento de estas investigaciones y aun así procura deliberadamente que niños cada vez más pequeños usen su plataforma. Y creemos que es un gran error. En un momento en que la mayoría de los padres ya están preocupados por el tiempo que pasan sus hijos frente a la pantalla, en un momento en que niños y niñas no tienen suficiente tiempo cara a cara con sus amigos, lo último que necesitan los niños es normalizar esta idea de que las relaciones se desarrollan en internet, que las relaciones deben tener lugar a través de un producto comercial”.

Facebook, Google, Twitter y otras plataformas de redes sociales se han convertido en ámbitos centrales de nuestras vidas modernas de interconexión digital. Pero cada vez hay más pruebas de que nuestros “amigos” en las redes sociales, lo que “nos gusta” y lo que compartimos, pueden ser utilizados por grupos malintencionados para atacar a sectores enteros de la población con el simple tecleo de un par de letras. Si la democracia ha de sobrevivir en este (nuevo) mundo feliz, los movimientos sociales tendrán que unirse y organizarse para contener a estos gigantes corporativos y proteger nuestros bienes comunes digitales.

(Democracy Now)

E ser libre nun país libre |

E ser libre nun país libre | Ollaparo. O universal é o local sen muros

Á liberdade e á vida só fai xustiza

 Quen ten de conquistalas diariamente.

E asi, pasan en loita e destemor, 

Crianza, adulto e ancián, seus anos de labor. 

Quixera eu ver tal poboamento novo, 

E ser libre nun país libre

Faust II,(V. 11573 ff.) Goethe 

E ser libre nun país libre (“Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn”) son palabras do Fausto de Goethe que a xurista e ministra de xustiza alemá Barley evoca cando afirma “Dann ist Puigdemont ein freier Mann in einem freien Land”.  A académica Marina Mayoral talvez non perciba o recendo goethiano que deitan as palabras de Barley, porén sabe ben que significan máis do afirman. E que o nome non fai a cousa. A súa columna de La Voz de Galicia é exemplo de como determinados sectores mediáticos e académicos españois obvian de xeito vergoñoso o necesario pormenor nas súas cartas mediáticas. Mayoral cárgase nunha columna de apenas trescentas palabras os fundamentos do dereito penal: “Para rematar a tarefa, saltando á toureira todos os principios en que se basea unha euroorde, asegura que se España non presenta probas de malversación de fondos Puigdemont non será extraditado e será «un home libre nun país libre». Isto non só é unha vulneración dos principios que rexen a colaboración xudicial na UE, senón que é un insulto a España, ao que non se debe responder co silencio”. Trastocada a estratexia xudiciaria, sintense ferida no honor patrio ao comprobar que os europeos no són tan permeables a troca de favores.

Tamén El País lanza un artigo de Javier Cercas, publicado na imprensa alemá, coincidindo coa reunión de xuristas e  medios. Se debullamos o interior dos dous textos en nómina fica ao descuberto o marco mental da ofensiva do estado español contra independentismo catalá. Un marco mental que foi da negación ao suflé e do desafio ao golpe de estado, todo entreverado de odio, violencia e finalmente, terrorismo.

Mayoral vén dicir que os feitos e as probas non contan, só a euroorde. E para completar pídelle a Rajoy que se cargue a división de poderes: “O esperable sería que Rajoy lle dese un toque á súa boa amiga Merkel, ou mellor aínda que o presidente dun país libre lle diga directamente á ministra alemá que mire cara ao pasado do seu país antes de dar leccións de democracia”.  E non será precisamente por iso que Barley insinue  que lle parece inadmisibel que iso aconteza “nun país libre”?. Un aroma prometeico que nos fai lembrar outra Europa, a da Ilustración sen medo á liberdade. Aquela na que o poder non se opón á liberdade e no que a violencia física cando se dar, pode quebrar mesmo a posibilidade de toda obediencia. A liberdade e a vida enxergadas como conquista diaria. E acrescentaría, respeito poloas persoas, amor ao coñecimento, e até mesmo, vamos soñar un pouco, perturbar as hierarquias politicas e culturais. Ao cabo, o que Goethe nos lembra é que ser libre non é apenas librarse das cadeas, é viver dun modo que respeite e fortaleza a liberdade dos outros( “….mit freiem Volke stehn”).

Cercas proba, ao seu pesar, que a “razón de Estado”  permite xustificalo todo. Como é posibel ignorar o proxecto do Estatut do tripartito de Maragall de brazo dado de CiU en 2005? Obviar que foi combatido na altura polo PP coa recollida de 4 millóns de sinaturas e a anulación de artigos no Tribunal Constitucional que despois foran validados en Andalucía e Valencia. Mais o que non debe ser casualidade é afirmar que o 6 e 7 de setembro houbo un intento de golpe de estado. Aquela tentativa de superar como se puido a blocaxe de quen apelaba ao Tribunal Constitucional para que no Parlament non se poideran debater según que cousas. Abertamente a razón de Estado existe para que alguns partidarios da unidade de España  consideren que hai cousas das que non se pode falar. E que mesmo se ofenden se hai quen fala e decide do mesmo xeito que outras maiorías parlamentares deciden rescatar aos bancos ou negociar con estados sanguinarios.

Dicía Theodor W. Adorno que “entre os avezados espíritos prácticos de hoxe,a mentira hai tempo perdeu a sua limpa función de burlar o real. A súa falta está na excesiva sinceridade”. Moro e traballo na Cataluña e non fun quen de percibir ningunha proposta organizada de violencia. Porén, fitei  como activistas e representantes eleitos foran imputados polas súas intencións, até obrigalos a adxurar das súas ideas desde que o 21 de decembro acadaran maioria parlamentar. Afirma Cercas que Catalunya viveu ao límite do enfrontamento civil cando a única violencia sentida e vivida foi a que achegaran as forzas policiais do Estado. Non falar desta violencia, a única que houbo o 1 de outubro, non mostrar ningunha empatía,  iso sí que é unha ofensa. Dicir que hai “supremacismo”  cando a única lingua de coñecemento obrigado é o castelán é mesmo o summum do cinismo. Isto afírmao quen coma min chegou a Cataluña por atopar nela maior cohesión interna e oportunidades de mellora. Contrariamente ao afirmado por Cercas, como teño reflexionado nun artigo anterior, o laboratorio catalá é unha oportunidade para Europa refacer as relacións entre as persoas e as estructuras de poder, de entregarlle ao presente o que lle pertence. Pensar que Europa se pode debilitar é própria dunha concepción da política temerosa do desencantamento da servidume voluntaria.

Mayoral non é capaz de manexar teóricamente, é evidente, aquela situación na que o poder é subtraído da intervención de un só individuo humano. Un marco mental que hipostasia o poder en algo autónomo. É presa da mesma cilada creada polo goberno de Rajoy: incapaz de defrontar politicamente o problema negociando, optou  pola construcción dun relato de violencia nas acusacions xudiciais que os feitos desmiten e agora, cando é a maquinaria xudicial a que foi activada, non entende que o goberno alemá non concorde en concentrar no vértice o sentido do poder. Porque a xustiza alemá ficaria deslexitimada e con ela a súa democracia emprazada. Talvez porque na Alemaña non está todo atado e ben atado a gosto do problemático imaxinario da dereita española e dos medios de información trapaceiros. Por certo, a rapaza dos CDRs saiu en liberdade porque o xuiz non acepta e desminte o relato mediático de terrorismo, ben, agora os medios nada din.

O poder, todo poder, rebaptiza as cousas para mellor se apropiar delas. Porén, malia o molde, os nomes non mudan a natureza dos feitos a convenicencia. Unha cousa é unha euroorde e outra o que dí a euroorde. No dereito penal os feitos son os que son e non o que se dí que son. A mentira como privilexio do gobernante xa a describira Platón cando advertia na República que se quen goberna apaña a outro mentindo o Estado vai punilo por  introducir unha práctica capaz de subvertir e arruinar un Estado do mesmo xeito que unha nave, porén, acrescenta o idealista, “sempre que os feitos se axusten as nosas palabras”.  O primado da Lei sobre a Realidade, presentada como derivada daquela. Se así for, con dificultade abriríamos paso a empurrós até gañar a saída por onde os artistas adoitan abandonar o teatro. Que o delito de alta traición, que se compara ao do código penal alemá, precisa dun grau de violencia disruptiva que non é aprezado no acontecido na Cataluña. Obviar iso é dar carta de natureza ao atado e ben atado. Precisamente iso é o que non se entende na Alemaña: “que Rajoy lle dese un toque á súa boa amiga Merkel”. O que con certeza non faría máis virtuosa á democracia española. Porque o que Mayoral pide é que quen tirou o problema da política,  xudicializando  o conflicto, o revirta  agora, dándolle un caracter político,  a  decisión xudicial dun tribunal alemá.  Que outro sentido pode ter que a fiscalia española se reuna coa alemá na Haia que tentar demostrar que houbo revolta e portanto violencia e que por iso Puigdemont cómpre ser extraditado?. Para dar conta deste relato aprópianse dos nomes e dos símbolos e así o ministro Català – no seu negociado está a tutela do proceso contra o Procés- afirma que non hai presos políticos, mas políticos presos. Repárase no tono de raiba e odio do ministro Catalá no Congreso dos Deputados, quen na semana santa de Málaga cantaba “Los novios de la muerte”.

A arte da  sofística é a da política. Para o disimular os teóricos do dereito falan de “razón de Estado”. Medir os tempos e os silencios. Acontece que o salto ao espazo europeo mudou ese tic do estado español de intervir como máis alta instancia no curso normal da xustiza. Agora xa non controla os tempos.

O apelo de Mayoral ao pasado nazi da Alemaña non fai máis que empiorar a cousa, acaso porque o franquismo continua a ter un de poder  na sociedade española inimaxinabel na Alemaña a respeito do nazismo. Barley é moi conscente do horizonte de sentido que manexa, ao ponto de que o que os trazos prometeicos que as súas palabras evocan non son reducibles á autoridade do simulacro. Niso se diferencia do horizonte  de sentido do goberno español: cando o problema pasou ao espazo e ao tempos europeos foran os xuices quen dicidiran e non os políticos.  Non foi por acaso que a policia española detivera a Puigdemont na Alemaña, talvez por iso o que máis lles proe ao subordinado Rajoy e a segmentos da sociedade española é que teña sido na Alemaña onde estoupara o globo xudicial desmentido o relato de Catalunya como niño dunha violencia desenfreada. É cousa ridícula vermos a Rajoy confiando que un xuiz se prestara ao que só a el compracía e non a Merkel. Como se fose un mandado na procura de docilidade.

Unha parte da estratexia do nacionalismo español de Estado alicerza precisamente en ir modificando a información política creando  a miraxe duns feitos que encaixen nas tipoloxías de violencia, rebelión e terrorismo. Porén, na sociedade da información non é posibel isolar completamente o espazo do poder fronte a opinión pública, tornando os feitos naquilo que non son. Porque malia a sua omnipresenza e influenza desestabilizadora na política – talvez por iso o devalo do poder cara formas autoritarias é inversamente proporcional á súa  tentativa de ocupar o seu espazo apropiandose dos nomes – nen La Voz nen El País teñen poder de seu. De aí que na Alemaña os medios teñan un outro relato ao constataren  que hai un presidente eleito que foi destituido polo goberno español, que se exiliou pola Europa explicando a continuidade de acción dun poder sen violencia. O que Barley e Alemaña entenden. Porque é elementar que se non hai probas de malversación de fondos Puigdemont non será extraditado. Así de simples.

O golpe de estado xudicial é adicionado ao golpe de estado parlamentar no Brasil | Ollaparo. O universal é o local sen muros

O golpe de estado xudicial é adicionado ao golpe de estado parlamentar no Brasil | Ollaparo. O universal é o local sen muros

O golpe de estado xudicial é adicionado ao golpe de estado parlamentar no Brasil

por Editorial

"Cuidar dos pobres é muito barato e dá excelentes resultados, 
cuidar dos ricos é muito caro e eles nunca são felizes".
"O Brasil não redistribuiu renda para crescer, cresceu porque redistribuiu renda"
Lula

Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite do sábado a Curitiba, onde comezará a cumprir a pena de 12 anos e 1 mes de prisión pola condenación no caso do triplex en Guarujá (no litoral de São Paulo) ao que foi condenado por corrupción pasiva e lavado de diñeiro, como propina disimulada da construtora OAS para favorecer a empresa e contratos coa Petrobras.  Lula, alegou ser inocente e os cargos estar motivados políticamente para impedir que volva a presidir,  é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime común.

 Son as resolucións xudiciais que impiden a Dilma e Lula seren demandantes, aínda que – non hai que o dicer- a imparcialidade e independencia do poder xudicial levanten moitas dúbidas.  A cuestión é vella. Os dous eixos interpretativos que dividen a opinión pública brasileira debrúzanse  entre aqueles que sustentan a idea da existencia dunha componenda entre o poder xudiciario e as tradicionais elites oligárquicas brasileiras coa intención de defenestrar o liderado da esquerda brasileira e de anular calquera perspectiva de regreso dos sectores máis progresistas ao exercicio do poder; e do outro eixo, os que consideran que un poder xudiciario libre e independente está a combater con éxito un fenómeno de corrupción xeneralizada que envolve tamén o PT e o propio Lula da Silva e que calquera crítica á presunta exención dos xuíces significa unha preocupante ameaza ao principio da separación dos poderes, pondo así en causa a propia natureza do Estado de Dereito. O xuízo  bateu todos os rexistros de velocidade no macroproceso da operación Lava Jato, que investiga a corrupción na petroleira estatal Petrobras, a principal empresa do país. Até o momento, o xuíz Sérgio Moro nunca determinara a execución das sentenzas de prisión por culpabeis, que foron libres, en menos dun ano. Lula foi a excepción: nove meses desde o primeiro xuízo, emitido o 12 de xullo. Nos oito casos restantes, a entrada á prisión ampliouse entre 18 e 30 meses. Se a mesma lóxica fora seguida, Lula dá Silva podería presentarse ás eleccións presidenciais de outubro, onde encabeza todas as sondaxes.

Desde o unicio do proceso Lula os xuices pronunciaranse inúmeras veces aberta e publicamente contra o ex-presidente fora do ámbito do proceso,  manifestando contra ele unha hostilidade e un pre-xulgamento que  calquer outro sistema teria xustificado a recusa dos maxistrados. De feito, a orde da prisión de Lula foi escrita xoves pola tarde nun tempo récord: transcorreron 19 minutos desde que o tribunal de segunda instancia informou que non había ningún obstáculo legal para a prisión até o escrito do xuíz Moro. Os avogados de Lula non teñen tempo para reaccionar.

O xurista Rafael Valim (“O caso Lula e o fracaso da justiça brasileira”) pon en destaque  a parceria entre maxistrados e membros do Ministerio Público  e menciona o “fato de que no corpo da setença que condenou o ex-presidente Lula, um terço dos parágrafos foi dedicado a desqualificar  advogados da defesa” e a “interceptação telefónica de todo o escritorio que defende o ex-presidente”. Na mesma liña,  o  teórico do garantismo Luigi Ferrajoli apuntou a” a impresión que este proceso desperta en extenso sector da cultura xurídica democrática italiana é aquela dunha ausencia impresionante de imparcialidade por parte dos xuízes e procuradores que o promoveran, dificilmente explicábel se non coa finalidade política de por fin ao process de reformas realizado no Brasil nos anos dos gobernos de Lula e Dilma Roussef que retiraran da miséria 40 millóns de brasileiros”.  Ferrajoli destaca  tamén a tendenciosa petición de principio na avaliación das probas, xeralmente asumidas como verdadeiras se de acordo com a acusación e como falsas se en contradición coas hipóteses acusatórias. Todo iso  en simultaneidade co impeachment, de sustentación xurídica dubidosa, contra a presidenta Dilma Rousseff. A xeración dunha impresión de que os dous procedimentos teñen o significado politico dunha única operación  de restauración antidemocrática e que os xuices terian acelerado a celebración do proceso de segunda instancia en relación á duración habitual  a fin de chegar á sentenza de condenación definitiva o mais rápido posibel, co contributo do conservador thin thankInstituto Millenium e a Rede Globo, impedindo ao ex-presidente se candidatar nas próximas eleicións presidenciais.

Se asín for, o que pasa no Brasil desafía o destino da sua democracia. É un verdadeiro estado de excepción xurisdicional, un chamado de atención para a esquerda brasileira, que evoluiu da deposición golpista da presidente Dilma até  conformación doutro padrón  institucional e acumulativo no que a democracia emprazada  se transformará na bexiga chea de vento que fai parte da lóxica continental, diría mesmo mundial, de desestabilización de gobernos populares, minimante comprometidos coas demandas internas das maiorías. Con certeza, as políticas de vivenda, de educación e saúde, de familia e universidade dos gobernos de Lula e Dilma beneficiaran a millóns de pobres, mas cederan ao grande capital e ao modelo produtivista, moitas promesas non foran mantidas facendo concesións ás oligarquías, aos banqueiros e grandes propietarios agrícolas sen ter feito reformas estruturais necesarias que poderian alargar o goberno de esquerdas até momento. A corrupción, as capitulacións e as regresións  do PT aceleraran a perda de horizonte transformador. Como avisou Michel Löwy, a oligarquia xa non contenta con concesións. Unha ofensiva  da dereita neoliberal que atinxe America Latina, EUA e Europa. A elite brasileira tenta impedir que Lula sexa candidato por terceira vez. Infelizmente, como di Frei Betto, “o PT non fixo un traballo de alfabetizacion política do pobo” e  “non hai grandes mobilizacións das persoas beneficiadas polos gobernos do PT”. Un partido  anticapitalista  asentado na zona de conforto da representación parlamentar  acabou esgotando aí o seu horizonte xa que a parlamentar non é a única forma de representación en quen ten o alvo de mudar as institucións de xeito paralelo a efervescencia socioecolóxica que vai dos cristianos de base ao movimento feminista,  do Movimento do Passe Livre (pola gratuidade dos deficientes servizos de transporte) até o  MTST (Movimiento dos Trabalhadores sem Teto), arestora  o movimento social mais vizoso.

O Brasil asistiu a un golpe de estado democrático ou trátase precisamente agora dunha  nova fase na vida política e xudicial do Brasil alicerzada na separación de poderes cando o excepcional é a democracia? O proceso Lava Jato foi promovido para destruir o PT? Certo é que houbo condenas a algúns empresarios da construción e a políticos da vella guarda. Porén, é posibel acreditar nunha mudanza certa do transversal fenómeno de corrupción endémica do Brasil? Serve para darmos conta do que alí acontece fitarmos apenas a racionalidade analítica própria do sistema xudiciario?

O dificil momento do Brasil foi escenificado en dúas fases: en 2016, unha votación do Senado resultou na renuncia da titular Dilma Rousseff; hoxe, despois dun voto da Corte Suprema, é o seu predecesor, Lula, a quen envian a prisión. Agora debemos ter en conta que Lula foi o gran favorito para as próximas eleccións presidenciais, que serán en outubro.Coa eliminación dos seus dous principais líderes políticos, o Partido dos Traballadores pódese ver afastado do poder. O golpe de Estado xudicial se engade así ao golpe de Estado parlamentar. No Brasil, por exemplo, os mesmos xuíces que imputan o Partido dos Traballadores non interveñen contra os seus adversarios de dereita, aínda que as acusacións contra eles sexan máis serias.

É certo que non estamos máis no período da ditadura militar, que torturou Dilma Rousseff, aínda que, en 2016, Jair Bolsonaro – un deputado da dereita admirador do rexime militar que grazas á eliminación de Lula en seis meses  poida ser o próximo presidente- deu seu voto favorable á dimisión, e aínda que na véspera do xuízo do habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal, o xefe do Estado Maior do Exército, o xeneral Eduardo Vilas Boas publicaba no Twitter que “se mantém atento às suas missões institucionais” e compartilla “com os cidadãos de bem” o “repúdio à impunidade”, sen citar o xulgamento do petista.

En Brasil só se respectan os aspectos formais da lei (sen respectar debidamente os dereitos). O  proceso penal contra Lula ameaza a sociedade brasileira. Seria preciso analizarmos  os fundamentos discursivos que procuran lexitimar as profundas desigualdades que constitúen a fraxilidade da construción do Estado-Nación, debilidade da democracia no Brasil e os seus desdobramentos na restrición da cidadanía, restrinxida ao exercicio concreto de poucos, o que estabelece relacións predominantemente coercitivas do aparello estatal coas maiorías populares. De aí o chamamento recorrente a golpes de Estado na historia do Brasil, como o acontecido en 2016 coa destitución ilexítima da presidenta Dilma Rousseff,  co pretexto ridículo dunha composición orzamentária, algo que todos os presidentes anteriores fixeran e que os gobernadores dos estados brasileiros continuan a facer. Un ordenamento que non é socialmente unificador senón que formaliza múltiples categorías binarias  de “cidadanía” nun país profundamente desigual onde máis da metade da poboación se identifica como raza negra ou mixta ( con “subcidadanías” reclusas e indíxenas, afrobrasileiros, mulleres… ) en que poucos son asimilados efectivamente a condición de titulares de dereitos, mentres que o proletariado nativo informe e os traballadores, máis principalmente os da “caste” informal ligada ao mercado de traballo,  vese submetida ao Estado de Excepción, nunha seletividade escandalosa que malfere as pomposas proclamas sobre as virtudes exaltadas do patriotismo constitucional. Foi até aquí que chegou o proceso de inclusión permitido  polas oligarquías?

Do Brasil a Cataluña

A democracia representativa deixou de ser útil para a aplicación das políticas neoliberais? Pasou acima dos resultados das eleicións na Grecia, para favorecer as leis do mercado.  A xudicialización da política non é apenas un fenómeno brasileiro, mas é algo común a diversos paises occidentais que na tradición europea vai do control da constitucionalidade das leis até os esforzos de organizacións internacionais de proteción de dereitos humanos, sobretodo a partir da Declaración Universal dos Dereitos Humanos da ONU, de 1948. Porén, se enxergamos o proceso político como un todo,  esa aproximación entre dereito e política que serviría para mostrar fallos do funcionamento do Lexislativo e do Executivo, deita outra tendencia mundial que se vén acentuando hai décadas onde a xudicialización da política pode facer dificil diferenciar entre “dereito” e “interese politico”. Á xudicialización da política corresponde tamén unha politización da xustiza  na súa dimensión mediática. Que hai en todo isto que acontece no Brasil que nos lembre o que está a acontecer na España en relación coa Cataluña? Talvez que non é dificil observar a espúria asociación entre as empresas mediáticas na tentativa de purgar Cataluña dos seus representantes independentistas. A forma como decorreu a xudicialización do Procés, con encarceramento e exilio dos principais bultos do soberanismo cívico e dos seus representantes políticos revela até a náusea o devalo xudicialista que atenta contra dereitos fundamentais. Para alén das coxunturas específicas do Brasil e de España, da America Latina e de Europa, son visíbeis paralelismos por unha banda, a respeito das reformas neoliberais das leis laborais e, por outra, á xudicialización da política. A instrumentalización das democracias emprazadas cara unha orde ilexítima escollida polo Capital e por unha xustiza alineada coas clases dominantes na medida en que, como xa pasou coa interlocutória do xuiz Llarena, os intereses do Estado están por encima dos principios dos dereitos civís salferindo así  o futuro da democracia no estado español e ameazando prexudicar a europea de brazo dado do cariz populista da xustiza en Polonia e Hungria. A xudicialización da política e por extensión do mundo da vida a ditado do legalismo ideolóxico (co deslocamento da Constitución como fonte principal do ordenamento xurídico pola lei e a omnipotencia do xuiz) ten derivadas imprevisíbeis desde o momento en que xuices e xornalistas transformados  en salvadores públicos criando xulgamento  sumario e alimentando o retroceso da consciencia xurídico-politica acaban obviando a racionabilidade, a proporcionalidade, a ponderación de dereitos, o que supón non un criterio mecanicista Esquecen así que o constitucionalismo moderno non són só as normas, mas valores, principios e dereitos dirixidos ao lexislador. Quer dicer, desde o momento que a Constitución non é interpretada  de modo isonómico, “dedicindo” os órgaos do Estado en relación a determinadas persoas. A prisión preventiva, esa especie se sentenza  penal condenatoria antes do seu tránsito en xulgado, non observa o principio de presunción de inocencia e posibilita a presión antes de esgotados todos os recursos xudiciais