Mujeres migrantes denuncian en un informe la "violencia racista, laboral e institucional" que viven en España
Este jueves se ha presentado un diagnóstico elaborado por tres expertas migrantes para la ONG Alianza por la Solidaridad que documenta, con ellas como protagonistas, las principales problemáticas que enfrentan en Madrid
"Cuando se habla de violencia contra estas mujeres se piensa en matrimonio forzado, trata o violencia en la pareja, pero el abanico es enorme: también es el racismo por el que sorprende verlas en la biblioteca", dice una de las autoras
El informe muestra sus estrategias para hacer frente a estas situaciones y persigue desmontar la imagen "victimista" sobre las mujeres migrantes
Icíar Gutiérrez
Durante los meses que Carolina Elías trabajó como empleada doméstica en una casa del barrio de Salamanca, su jefa solo le dio la mano una vez, cuando la conoció. "¿Hay de eso en tu tierra?", le han preguntado en más de una ocasión señalando una lavadora o unas escaleras mecánicas. Como a muchas, también le han gritado "Sudaca, vete a tu país" en plena calle.
"Este menosprecio lo vivimos constantemente", comenta Elías en una conversación con eldiario.es. Esta abogada salvadoreña llegó a Madrid en 2009 para estudiar un máster y preside la asociación Servicio Doméstico Activo. Es una de las 61 mujeres residentes en Madrid que han contado su experiencia para el diagnóstico Mujeres migrantes como sujetos políticos. Creando estrategias frente a las violencias, presentado este jueves.
El texto, elaborado por tres expertas migrantes de la Associació per la Igualtat i la Recerca y coordinado por Alianza por la Solidaridad (ApS), detalla las "múltiples violencias" en ámbitos desde el laboral al "institucional", a las que están expuestas por ser mujeres, racializadas y migrantes.
"Cuando se habla de violencia contra las mujeres migrantes se piensa en matrimonio forzado, trata, mutilación genital o violencia en la pareja, pero el abanico es enorme", señala Úrsula Santa Cruz, coordinadora del equipo que firma el informe. "Ellas consideran violencia todas las situaciones de poder, la mirada racista que las estigmatiza y las considera del 'tercer mundo'. Los 'Ah, ¿dónde has estudiado?' o sorprenderse al verlas en la biblioteca", indica esta psicóloga peruana, y enfatiza que no solo es una cuestión machismo, sino también de racismo y clasismo.
De los abusos en el trabajo al estrés por los papeles
El servicio doméstico es el sector en el que más trabajan las mujeres extranjeras, un 40%, según la OIM. Son varios los casos de abusos y acoso a estas trabajadoras que Elías ha escuchado desde su asociación. ¿Los más comunes? "Tocamientos, golpetazos en el culo cuando pasan por su lado... Hay compañeras que estaban limpiando y se les ha aparecido el jefe totalmente desnudo y les ha dicho que subieran a la habitación", ejemplifica.
"Eso las que se atreven a contarlo. ¿Porque, a quién van a creer, al jefe, o a la trabajadora migrante? Muchas no confían en el sistema y no denuncian por vergüenza, por miedo al despedido o a que les abran un expediente de expulsión si no tienen papeles", puntualiza.
Así, su situación administrativa las expone muchas veces a estos abusos y restringe, dicen, su derecho a la justicia. "Te voy a hacer los papeles, pero quiero que te quedes más horas a trabajar. Te estoy haciendo un favor", nos han dicho más de una vez", recalca Elías. El paro de larga duración y las extensas jornadas laborales, que limitan, por ejemplo, su tiempo para ellas mismas o para ejercer el activismo son otros aspectos denunciados.
Empleadas del hogar piden la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece derechos básicos en el sector y la protección de sus trabajadoras. Imagen cedida/ApS
También es frecuente, dicen, "la angustia constante a ser detenidas y deportadas" o a ser encerradas en un CIE. "A estas mujeres les atraviesa la Ley de Extranjería y esto les condiciona al ser tratadas y sus derechos", explica Santa Cruz. Señalan, además, los controles policiales racistas. "Desde que llevo velo, la policía me ha parado dos veces para pedirme el NIE tras atentados terroristas dándome discursos que no venían a cuento", recuerda Ibtissam Abderrahim, activista de ApS y traductora marroquí que lleva en España desde los 16 años.
A esto se le suma el problema a la hora de acceder a una vivienda, algo que han sufrido todas las entrevistadas y que también condiciona otros derechos, como vivir con su familia a través del mecanismo de la reagrupación. Se han encontrado con familias desahuciadas, "prácticas racistas y arbitrarias por parte de propietarios e inmobiliarias" o gente que vive en condiciones precarias.
Mencionan la exclusión sanitaria y el "miedo o rechazo a los centros de salud", falta de información sobre sus derechos y prejuicios por parte de profesionales públicos. También, el retiro de la custodia de sus hijos "determinando que no están capacitadas para criarlos y educarlos". "Está causado por las condiciones en que viven, como las laborales y de vivienda, que son estructurales y no se tienen en cuenta. El derecho a vivir en familia, para quien puede hacerlo, atraviesa todo", sostiene Santa Cruz.
"El racismo no es solo una cuestión de actitudes, es estructural, está en todas partes e impregna las políticas migratorias: si no, no haría tan difícil la vida de estas personas", prosigue. Por otro lado, todas estas situaciones provocan que muchas mujeres sufran estrés y "ponen a prueba constantemente" su autoestima y su salud.
Desmontar la imagen victimista
A pesar de que las mujeres reconocen, recalcan las autoras, "su vulnerabilidad", también destacan su papel activo como protagonistas de una lucha cotidiana y anónima contra estas dificultades. El informe, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, muestra sus estrategias para hacerles frente a través de redes y asociaciones como la que preside Elías. El objetivo: desmontar la imagen "victimista, homogénea y pasiva" que, dicen, a menudo se da de ellas.
Una de las mujeres participantes en uno de los proyectos de Alianza por la Solidaridad. Imagen: ApS
"Luchamos contra esa imagen y resistimos. Tenemos la capacidad de seguir adelante por nosotras, por nuestros hijos y familias. Yo no soy una víctima, se me coloca ahí por mi condición. Pero pasar por un proceso migratorio demuestra que somos mujeres fuertes y valientes", explica Elías.
Asimismo, tratan de desterrar la idea de que siempre son "traídas" o "reagrupadas". Muchas migran por sus propios proyectos, no solo por motivos económicos y buscar oportunidades, sino por estudios o para vivir su sexualidad como desean. Aseguran estar hartas de que hablen por ellas. "Las musulmanas con velo somos vistas como sumisas, cuando no es real. Aquí quien habla soy yo y no como víctima, sino como mujer que participa y quiero que mi voz se oiga", dice Abderrahim.
El documento recoge un listado con sus demandas y propuestas –flexibilizar la Ley de Extranjería, promover condiciones laborales dignas o el acceso universal a la salud son algunas de ellas – y dará paso a talleres donde las participantes debatirán y tomarán decisiones sobre cómo llevarlas a las administraciones.
"Con o sin papeles yo tengo derechos, es nuestro lema", explica Elías. "Somos una red de apoyo. Cuando se atreven a reclamar y tratan de intimidarlas, ellas responden 'mi abogada me dice esto'. Y saben que no están solas y que nos vamos a apoyar, juntas. Tenemos un grupo de WhatsApp y por las mañanas se saludan, '¿Qué tal, familia?'. Este apoyo es fundamental", sentencia.
"España es un estado de excepción": el yo acuso de los investigadores en el exilio
Hispanistas de universidades extranjeras denuncian el "atropello a las libertades" y la "deriva autoritaria" del Gobierno tras el encarcelamiento de tuiteros, políticos y raperos. Su manifiesto iberista también critica la politización de la Justicia española.
Investigadores españoles en Estados Unidos, junto a otros compañeros que no firman el manifiesto.
Un atropello a las libertades. Una deriva hacia un sistema autoritario. Un “doble juicio de valor” contra los izquierdistas. Una represalia contra el disidente. Es el J’accuse! dirigido a Rajoy por un grupo de investigadores españoles en el extranjero, quienes no dan crédito al rosario de censuras, acusaciones y condenas contra artistas, raperos, políticos y escritores. No se reconocen en este país, que debieron abandonar por la falta de oportunidades laborales. España vomitando a sus hijos.
“Ante nosotros se está dibujando una regresión de los derechos perfectamente orquestada desde el poder. Asistimos a la generalización de lo que antes era el estado de excepción. Para ello, el sistema se vale de mecanismos represivos y de la judicialización de la política”, denuncia Pablo La Parra Pérez, investigador del departamento de Español de la Universidad de Nueva York (NYU) y uno de los firmantes de Iberistas en defensa de los derechos civiles y contra la represión de la cultura.
Un manifiesto contra “el creciente recorte de libertades en España, auspiciado por el Gobierno de M. Rajoy”. Un grito para reprobar esa dentellada que anidó en la garganta de un puñado de doctorandos matriculados en universidades de la costa este de Estados Unidos. Una encendida proclama desde el exilio académico a la que se han sumado decenas de investigadores de lenguas y culturas peninsulares procedentes de otras facultades estadounidenses, así como de Portugal, Francia, Reino Unido o Bélgica. A los jóvenes —y no tanto— les secundan prestigiosos catedráticos y jefes de departamento.
Amordazar la indignación
Pablo La Parra fija la irrupción del 15M como inicio de la escalada represora, cuyos hitos son la ley mordaza y las condenas a prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra el rey. “El Estado desplegó estas y otras medidas para evitar la contestación”, añade este licenciado en Historia del arte, cuya tesis enhebra la disidencia política con el cine militante del tardofranquismo y la transición. “El ciclo que se abrió en 2011 se ha perseguido tanto que parece estar extinguiéndose, por lo que habrá que buscar una nueva solución colectiva para frenar esta regresión”.
Pablo La Parra: "La regresión de derechos está perfectamente orquestada desde el poder para evitar la contestación"
Urge coordinarse, le secunda Iria Ameixeiras, masa madre del manifiesto e investigadora de la Universidad de Columbia. “Las redes de solidaridad son fundamentales ante un incremento de las medidas represivas”, explica esta licenciada en Periodismo, quien arribó a Nueva York con dos másteres en estudios europeos e internacionales.
“Si somos conscientes de que el problema nos afecta a todas, habrá más predisposición a organizarnos incluso desde diferentes presupuestos ideológicos”, reflexiona Ameixeiras, enfrascada ahora en los mecanismos de represión y resistencia en la península Ibérica, así como en el papel de la mujer en la construcción de la identidad nacional en Catalunya, Euskadi y Galicia.
Miembros del colectivo de hip hop La Insurgencia.
“El objetivo del manifiesto es visibilizar los espacios fuera del Estado español donde también se debate sobre cuestiones que afectan a sus historias, a sus culturas y a sus lenguas, y desde los que se ve con preocupación la deriva autoritaria que está tomando el Gobierno”, añade esta aplicada estudiante formada en Santiago y en Dinamarca, quien decidió redactar un yo acuso desde el otro lado del charco para evidenciar la repulsa de los hispanistas expatriados.
Iria Ameixeiras: "Es una represión selectiva contra los críticos con el pensamiento oficial, que desincentiva las respuestas colectivas"
“Fíjate además que se trata de una represión selectiva contra determinadas personas o colectivos críticos con el pensamiento oficializado", matiza esta licenciada en Periodismo. "Lo que genera la impresión de que muchos otros grupos disidentes pueden quedar impunes y, al mismo tiempo, desincentiva las respuestas colectivas”.
Así, el escrito se solidariza con los raperos Valtònyc, Pablo Hasél y La Insurgencia; los tuiteros Alfredo Remírez y Cassandra Vera; los independentistas encarcelados Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn; el autor de Fariña, Nacho Carretero; y el artista Santiago Sierra, cuya obra Presos políticos fue censurada en Arco. “La criminalización de la disidencia en el arte y la cultura sigue su curso en el Estado español”, reza el texto, que califica las condenas como “nuevos atentados contra la libertad de expresión y el derecho a pensar diferente”.
Los firmantes consideran preocupante que esos ramalazos despóticos afecten a los jóvenes, “uno de los sectores más precarizados” y el más movilizado. “Limitando su libertad de expresión se está censurando su derecho a denunciar la falta de expectativas que impone el sistema económico actual”, critican en el manifiesto, donde exponen que esa conquista política no debe ser cercenada. “Sentimos la necesidad de alzar nuestra voz contra aquellos que castigan el disenso”.
El precedente de Euskadi
La Parra necesita ir más atrás en el tiempo para entender la España amordazada. No es sólo el 15M: el terreno se venía allanando desde lejos, cree el investigador valenciano. “En Euskadi, los mecanismos represivos y el uso desmedido del aparato judicial fueron brutales, basta recordar el cierre del diario Egunkaria. Tras testarlos, se ha intentado extender ese estado de excepción a todo el país, de modo que parezca que forma parte de la normalidad”. Nada nuevo, añade el profesor de la NYU: “Todo encaja en la tradición de la persecución judicial de la disidencia política, así como de ideas que no tienen nada que ver con hechos delictivos”.
Una opinión compartida por Pablo García Martínez, desde 2012 en la City University of New York (CUNY), donde ultima su tesis sobre la cultura catalana y gallega en Buenos Aires. “En las naciones periféricas y subalternas llevamos tiempo sufriendo la represión del Estado, con gente entre rejas o en prisión preventiva. Pensemos en la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) o en los encarcelados sin juicio acusados de pertenecer a Resistencia Galega. Nosotros ya conocíamos las consecuencias de enfrentarse al sistema”.
'Presos Políticos', la obra de Santiago Sierra censurada en Arco. / EFE
García Martínez llegó al mundo académico desde la cola del paro. Cuando el diario digital para el que trabajaba acometió un recorte de plantilla, decidió cursar un máster en Estudios de la Literatura y de la Cultura y, posteriormente, se enroló en la investigación, que le llevó a cruzar el charco. Hoy da clases de lengua y literatura, mientras que su periódico es el esqueleto de una ballena varada en el limbo digital. “El trato que habíamos recibido empezó a trasladarse al resto de los ciudadanos cuando los espacios rupturistas comenzaron a abrirse”, apunta. “Pero la ley siempre estuvo preparada para cerrarlos, al tiempo que el Estado se ha ido endureciendo”.
Politización de la Justicia
El manifiesto también carga contra la supuesta falta de independencia de los jueces y, para reforzar esa tesis, recurre a los presos independentistas entre rejas. “La persecución de los líderes del procés responde a una instrumentalización del poder judicial, siguiendo una agenda marcada desde el poder ejecutivo”, denuncia el texto, que sumó ciento cincuenta suscriptores en apenas cinco días. “Casos como estos muestran que la separación de poderes es, para el Estado español, una simple ficción”.
Pablo García: "Hay una peligrosa politización de la justicia y una judicialización de la política. Los poderes ejecutivo y judicial se retroalimentan para expulsarnos del debate"
Abunda en esa idea Martínez, quien califica la actitud del Gobierno como un “abordaje” a las libertades, “usando la Justicia para evitar la vía política” que ha emprendido la ciudadanía. “Antes las víctimas éramos las naciones subalternas y fueron a por nosotros porque encarnábamos la principal disidencia, pero ahora se han sumado otras”, añade el investigador gallego. “Obviamente, no me alegro, aunque bienvenida sea esta mayor pluralidad, porque antes estábamos solos”.
El autor de la novela Relato dun estalido xordo (Premio Biblos) recuerda que para Rajoy, cuando le conviene, las decisiones judiciales son la única verdad y advierte de que el PP está asumiendo el discurso de Trump respecto a las noticias falsas y a la construcción de un relato que apela a las emociones y a las creencias personales —o sea, a la mentira política o posverdad—. “Hay una peligrosa politización de la justicia y una judicialización de la política”, insiste García.
“Parece que la ley es palabra divina para juzgar la política ciudadana. En ese sentido, los poderes ejecutivo y judicial se retroalimentan para expulsarnos del debate", cree el alumno de la CUNY. "Y, obviamente, los jueces son los encargados de sancionar las opiniones, de modo que el empobrecimiento es gravísimo: una justicia politizada marca la pauta de la política de base”.
Objetivo: disidentes de izquierdas
El manifiesto es durísimo. Quienes lo firman rehúyen el cliché de excelsos investigadores forzados a dejar su país para poder trabajar por falta de oportunidades, pero algunos currículos apabullan y nadie puede afirmar que la universidad sea un paraíso en tierra propia. Tampoco se declaran jóvenes, bien porque hay iberistas entrados en años, bien porque son respaldados por profesores y catedráticos, muchos extranjeros.
Sebastiaan Faber: "El enaltecimiento del terrorismo se castiga más que el del franquismo, de igual modo que se reprime más a la izquierda que a la derecha"
“Prestamos nuestra voz para posicionarnos firmemente en contra del doble juicio de valor establecido hacia las personas con una ideología disidente de izquierdas y para condenar la arbitrariedad de decisiones judiciales amparadas por un Gobierno corrupto”, esgrime el texto, reescrito para que todos los firmantes pudiesen sentirse identificados.
Nacho Carretero y su libro secuestrado, 'Fariña'. / EFE
“Es responsabilidad del pueblo velar por el respeto a sus derechos, para que no sean vulnerados; es nuestra responsabilidad denunciar la criminalización de las ideas, y exigir la movilización contra medidas injustas que nos hacen menos libres”, continúa el manifiesto, suscrito por destacados iberistas como Jo Labanyi, catedrática del departamento de Lengua española y portuguesa en la Universidad de Nueva York, o Brad Epps, responsable del departamento de Español en la Universidad de Cambridge.
También lo han apoyado Mari Paz Balibrea, profesora de Literatura española moderna y Estudios culturales en el Birkbeck College, de la University of London; Benita Sampedro, quien imparte clases de Lengua y literatura romances en la Hofstra University de Nueva York; Joseba Gabilondo y Thomas Harrington, profesores de Estudios hispánicos en la Universidad Estatal de Michigan y en el Trinity College en Hartford (Connecticut), respectivamente; y Alberto Medina, responsable de Culturas ibéricas y latinoamericanas de la Universidad de Columbia.
Sebastiaan Faber, catedrático de Estudios hispánicos en el Oberlin College de Ohio, desgrana las restricciones a la libertad de expresión en España, pues considera que se están manifestando de varias formas. Autor de varios libros sobre la guerra civil y el exilio republicano, el profesor holandés y colaborador en prensa responde al teléfono en un perfecto castellano.
¿Se están juzgando opiniones? Sí, el desacuerdo se ha convertido en una causa judicial, enmarcado como posible delito. Asistimos, pues, a la judicialización de la disidencia política. Hay que tener en cuenta, además, el calibre de los castigos y condenas asociados a esos procesos, que han acarreado penas de cárcel por el supuesto de delito de expresarse a través de un tuit o una canción.
Varios ciudadanos han sido acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo, cuando las bandas a las que aludían los acusados desaparecieron o fueron desarticuladas. Claro. El enaltecimiento del terrorismo se castiga de forma mucho más severa que, por ejemplo, el enaltecimiento del franquismo. Lo que nos lleva a observar que esta tendencia restrictiva se da más hacia el lado izquierdo que hacia el derecho.
¿Cuáles son las consecuencias de esta política represiva? En primer lugar, afecta gravemente a los derechos fundamentales del individuo, porque cuanto más se judicializa la libertad de expresión, menos se defienden esos derechos. Una tendencia, desde los principios básicos de la justicia y la democracia, negativa y hasta denunciable. En segundo lugar, esas restricciones son nefastas para la salud de la política española, tanto a nivel parlamentario y gubernamental, como a nivel participativo de la sociedad civil en los debates. Pongamos un ejemplo: la discusión sobre la hipotética instauración de una República en España se está viendo restringida, porque de lo contrario podríamos incurrir en un delito de injurias a la Corona.
La censura ha llegado al arte y los raperos, entre rejas. Back to the... Esas restricciones afectan directamente al desarrollo de la cultura, en su sentido artístico, así como a quienes nos dedicamos al conocimiento científico. Incluso el país en su conjunto se ve perjudicado, porque resultan dañinas para la imagen internacional de España, como se ha visto en las coberturas de The New York Times: de la censura en Arco al encarcelamiento de los raperos y los independentistas. Y, más allá de la Marca España, también afectan a nuestro posicionamiento en los rankings que miden la calidad de las democracias.
El rapero Valtonyc, durante el juicio. / EFE
“Con un Gobierno del PP no me sorprende nada. Es una deriva lógica, lo que no quita que sea absolutamente indignante”, tercia Almudena Marín Cobos, doctoranda de la Universidad de Columbia, donde investiga sobre los procesos de memorialización de la transición española. “No soy consciente de hasta qué punto los estadounidenses conocen el grado de conservadurismo de Rajoy y lo suyos, pero en todo caso genera cierta perplejidad e indignación”, explica Marín, quien prefiere no imaginarse una trumpización de nuestro país. “La crisis ha influido en ambos contextos. Aquí las cosas van cada vez peor, aunque al menos percibo una diferencia clara entre la prensa independiente y la mainstream”.
Almudena Marín: "El Estado está creando un modelo de sociedad dormida, que no haga ruido ni se manifieste. Es algo muy grave"
Filóloga hispánica por la Universidad de Córdoba, tiene treinta y dos años, seis de ellos en Nueva York. Desde allí otea “un panorama muy gris”, azul oscuro casi negro. Ese tono tenebroso espoleó su indignación: “Hoy el PP no tiene una oposición real, por lo que seguirá campando a sus anchas”.
El que se mueva no sale en la foto. “Buscan una población dormida, que no haga ruido ni se manifieste. Es muy grave, tanto por las condenas como por el modelo de sociedad que están creando”, concluye la investigadora andaluza. “¡Esto no tiene pies ni cabeza!”. Y si la tuviese, supuestamente te la pueden cortar.
El sábado 10 de marzo de 2018 se pondrá en camino la Marcha de la Dignidad, por la Renta Básica, contra el paro y la precaridad, convocada por el colectivo Marea Básica. Los participantes en la Marcha se reunirán en León a las 11 horas (la cita es en la plaza de San Marcelo), y la salida será a las 12 horas.
Los convocantes invitan a que se acuda a despedir a quienes llegarán desde distintos rincones de España, y especialmente de Asturias, para participar en esta caminata reivindicativa. Ese mismo sábado día 10, por la tarde (19 horas) habrá un acto en la primera parada de la ruta,Mansilla de las Mulas, con canciones y lectura de poemas.
La Marcha llegará a Madrid el día 24 de marzo, estando convocada una manifestación ese mismo día 24 en la capital de España, que saldrá a las 18 horas de la Plaza de España para llegar hasta la Plaza de Neptuno.
Por la Renta Básica y por el cumplimiento de la Carta Social europea, por pensiones y empleo dignos, por el derecho a la vivienda y para consolidar la sanidad y educación públicas. Contra la corrupción que impide todo esto.
Otra vez salimos a la calle, otra vez, sí, por la Renta Básica, contra el paro y la precariedad, para llenar los caminos de reivindicaciones y de lucha porque ¡ya está bien de que continúe la pobreza afectando cada vez a más personas! Convocamos desde la Marea Básica una Marcha de la Dignidad para llegar a Madrid el sábado 24 de marzo con el fin de exigir el fin de la precariedad en la que nos hacen sobrevivir y por el establecimiento de la Renta Básica. Hacemos un llamamiento a la unidad de acción contra la pobreza y por un cambio de modelo. Ante la necesidad imperiosa de la pobreza extrema exigimos la reivindicación urgente de que se cumpla de inmediato la CARTA SOCIAL EUROPEA, para atender la pobreza inminente de a quienes no llegan las prestaciones y para que no haya pobres por decreto, ya que como se establece en este tratado ninguna prestación ni pensión, contributiva o no, pueda estar por debajo del umbral de la pobreza, establecido al día de hoy en 674 euros mensuales. La RENTA BÁSICA es necesaria, siendo suficiente (el umbral de la pobreza = 674 euros); incondicional, individual y universal. Sin estas características no es Renta Básica, es otra cosa.
Es posible y es necesaria la RB para evitar el chantaje de aceptar empleos precarios a cualquier precio. Reivindicamos de esta manera el empleo digno. Esto nos va a permitir recuperar el poder salarial derogando las sucesivas reformas laborales. Pobre no es la palabra “pobre”, por eso no se puede desmenuzar la pobreza en diversos tipos para engañar, como se engaña con las estafas básicas que se anuncian y debaten como rentas mínimas, garantizadas o mal llamadas “básicas”, siempre por debajo del umbral de la pobreza para crear pobres por decreto ley. Pretendemos que todas las personas podamos sobrevivir y desarrollar nuestras capacidades en un modelo de tolerancia y libertad.
Desde esta lucha unimos otros derechos como son la sanidad, la educación, la vivienda, los derechos laborales, para no tener que caer en la precariedad social y en la pobreza laboral (trabajadores que son pobres por sueldos infames) y, por lo tanto, erradicar la exclusión social. Para lograr de manera efectiva el reparto del empleo y un pleno desarrollo de nuestra libertad individual. Hacemos un llamamiento a unarespuesta no-violenta contra los recortes del gobierno a la sanidad y educación públicas y hacer que el dinero público sea para los servicios sociales de todas y de todos y que se redistribuya la riqueza a las personas cuando el empleo es sustituido cada vez más por las nuevas tecnologías y la robotización en la industria y en el sector servicios. Es el pueblo quien ha de tener a su disposición el dinero que nos corresponde y no que se ponga a disposición de beneficios bancarios-rescates (60.000 millones de euros a fondo perdido); subvenciones a empresas y a los terratenientes que llevan la mitad de los presupuestos a manos de los más ricos y contrataciones con dinero público a grandes empresas privadas alimentando los circuitos de la corrupción.
Hacemos un llamamiento a plataformas, colectivos, sindicatos y otras organizaciones sociales para unirnos en una lucha entre quienes tienen trabajo y quienes no lo tengan, en un compromiso mutuo de movilización social y de solidaridad. Unir la lucha del empleo digno a la Renta Básica y demás derechos sociales para recuperar la ilusión en la defensa de los derechos de todas y de todos, para acabar con la exclusión y que sirva de punto de apoyo para las trasformaciones necesarias con las que seamos capaces de construir una sociedad más justa, más libre, equitativa y más igualitaria y democráticaexigiendo honestidad en la política y en la economía, contra los recortes sociales, contra la ley mordaza y las privatizaciones de los servicios públicos.
Por la Renta Básica, el empleo digno y los derechos sociales.
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